Cruce por Medanito: acusan a diputada vernista de buscar desgastar la gestión

La audiencia por Medanito trajo consecuencias y, tras las declaraciones de la diputada vernista Noelia Sosa, desde el Ejecutivo le contestaron con dureza. Consideraron que hay un “profundo desconocimiento” y un “hostigamiento político” que podría responder a intereses personales.

Tal como informó LA ARENA en su edición impresa de este sábado, durante la audiencia pública por El Medanito, Sosa expresó su rechazo a la aprobación del informe final ambiental por considerar que no cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente. Particularmente, hizo hincapié en los procedimientos para abandonar pozos.

Esta postura fue reforzada posteriormente con un comunicado de prensa girado a los medios. Allí,

planteó que “se ha violado –en forma total y flagrante- la Ley Provincial n° 3.018 y el Decreto Reglamentario 2229/19 que regula los procedimientos de saneamiento ambiental de pozos hidrocarburiferos abandonados o a abandonar, situación que condiciona negativamente la aprobación del IFE”.

También apuntó a “la responsabilidad de los funcionarios públicos con competencia específica para cumplir y hacer cumplir las normas ambientales, cuando no han cumplido con sus obligaciones funcionales, teniendo en cuenta los riesgos ambientales reales que se generarán como consecuencia de la violación de la Ley N° 3.018 y el Decreto N° 2.229.

“Concluimos expresando sobre la oposición a la aprobación del Informe Final Ambiental porque no cumple con la Ley, pero además dejamos formalmente planteada la necesidad de que se determine la eventual responsabilidad administrativa, funcional y legal de quienes, teniendo el deber de controlar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, permitieron que estas irregularidades llegaran hasta esta instancia”, completó.

El control existe.

La respuesta del Ejecutivo llegó a través de un escrito firmado por todo el Gabinete provincial. “Las declaraciones de Sosa solo pueden atribuirse a dos posibles razones: un profundo desconocimiento del procedimiento administrativo, técnico y ambiental que se encuentra en curso, o la decisión de prestarse a intereses políticos que claramente la exceden y de los cuales termina siendo apenas un vehículo para intentar embarrar un proceso transparente, participativo y ajustado a derecho”, señalaron.

En esa línea, indicaron que es “llamativo que quien durante años tuvo responsabilidades vinculadas al control y seguimiento de la actividad hidrocarburífera (NdR: fue directora de Control Operativo en 25 de Mayo entre 2019 y 2023) pretenda ahora desconocer mecanismos, procedimientos y competencias que conoce perfectamente. Más aún cuando la Audiencia Pública fue precisamente convocada para garantizar la participación ciudadana, la exposición de observaciones y el análisis técnico de toda la documentación presentada, antes de que la autoridad competente adopte una decisión definitiva”.

“Las objeciones que la diputada presenta como revelaciones —pendientes en el cronograma ejecutivo, costos integrales en revisión, garantía de ejecución en evaluación— son exactamente los ítems que las propias Autoridades de Aplicación tienen abiertos y bajo análisis riguroso. No son irregularidades descubiertas por la legisladora: son los puntos que el Estado provincial no cerró porque no los validó técnicamente. Eso no es una falla del control; es la prueba de que el control está funcionando. La Provincia no aprueba lo que no verifica, y no firmará un IFA que no cumpla cada uno de los estándares exigidos por la normativa vigente”, aseguraron.

“Sospechas infundadas”.

Por otro lado, advirtieron que “intentar instalar que existen irregularidades consumadas cuando el expediente se encuentra en plena evaluación no solo constituye una afirmación apresurada, sino que busca generar sospechas infundadas sobre organismos y funcionarios que están actuando dentro del marco legal vigente. Pedir que se investiguen responsabilidades de funcionarios de control, antes de que concluya el proceso y sin que exista resolución administrativa alguna que habilite ese planteo, revela más una estrategia de hostigamiento político que una preocupación técnica genuina”.

Por otro lado, cuestionaron el intento de convertir la audiencia pública “en una tribuna para acusaciones políticas revela más una estrategia de confrontación que una verdadera preocupación ambiental. Detrás de estas declaraciones se advierte un intento reiterado de desacreditar la gestión del Gobierno Provincial y de sembrar dudas sobre un proceso que se desarrolla con controles, participación ciudadana y apego a la normativa vigente”.

También recordaron que la denuncia presentada por Sosa ante la FIA fue archivada y que nadie, ni siquiera su bloque, la acompañó en el intento de judicializar la licitación. “El silencio de sus pares ante estas nuevas declaraciones pareciera confirmar que se trata de una posición personal que no encuentra eco ni sustento institucional”, afirmaron.

“El Gabinete Provincial rechaza categóricamente estas denuncias infundadas que solo persiguen desplegar un manto de sospechas sin sustento alguno sobre procedimientos, organismos y funcionarios que actúan dentro del marco legal y administrativo vigente”, completaron.

Funcional a la oposición.

El referente de Identidad Peronista, Jorge Lezcano, cruzó a la diputada vernista Noelia Sosa. La acusó de buscar un posicionamiento personal y de intentar desgastar al Gobierno provincial.“Las diferencias y las críticas forman parte de la construcción política. Dinamizan la acción institucional y son necesarias cuando buscan corregir errores, aportar miradas y fortalecer un proyecto colectivo. Pero cuando las objeciones se vuelven permanentes, sistemáticas, personalistas y reiteradas, y terminan amplificándose, sistemáticamente, por quienes tienen como único objetivo el desgaste de una gestión dejando de asumir toda responsabilidad partidaria, surge una pregunta que merece hacerse desde el compromiso: ¿estamos frente a una preocupación genuina o ante una estrategia de posicionamiento político personal?”, planteó el referente de Identidad Peronista. Lezcano aclaró que “la crítica interna es legítima. Lo que resulta preocupante es sentir que se pierde el equilibrio, y que esa crítica deja de estar orientada a la construcción para convertirse en un ejercicio permanente que tiene como objetivo el desgaste. Allí comienza a diluirse la frontera entre el aporte sincero y una actitud que, por ingenuidad o por cálculo, termina siendo funcional a los intereses de quienes pretenden debilitar el proyecto colectivo que compartimos en el peronismo”. Lezcano advirtió que “en política no solo importan las intenciones; también importan las consecuencias. La reiteración de cuestionamientos que omiten los canales partidarios e institucionales y encuentran eco inmediato en sectores opositores generan un daño que excede a las personas y afecta al conjunto. Porque cuando se trabaja para debilitar la gestión, se debilita también la herramienta política construida durante años para defender los intereses de la Provincia y de su gente”.