Cuadrado insiste con los cuestionamientos

Después que el ministro de Desarrollo Social, Diego Alvarez expusiera en la Comisión de Legislación Social y Salud Pública de la Legislatura acerca de los programas destinados a sectores en situación de vulnerabilidad, la diputada Gisela Cuadrado (UCR) insistió con sus cuestionamientos. Sostuvo que debe haber “mayor razonabilidad en el uso de los recursos públicos y rendiciones en tiempo y forma, advirtiendo que, de persistir o reiterarse los incumplimientos, podrá realizar nuevas presentaciones ante la FIA”.

 

La denunciante había presentado proyectos para que se analice el destino de los fondos públicos transferidos a diversas fundaciones a través del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos.

 

En esa reunión en Diputados habían tomado parte también representantes de las fundaciones Wetrache, Ayudándonos, Cosecha Completa, Asociación Civil Rumen y Asociación Civil Otto Krause, quienes brindaron informes preliminares sobre las tareas de contención de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

 

Cuadrado resaltó la importancia del encuentro y afirmó: “La transparencia en la utilización de los fondos públicos es una obligación. Cuando se administran recursos estatales, la información debe ser completa y accesible para la ciudadanía. No puede haber políticas sociales sin control efectivo y fiscalización continua por parte de las autoridades competentes”.

 

Sobre convenios firmados en diciembre de 2023 y ratificados en enero de 2024, así como sobre los subsidios mensuales, que alcanzan hasta 75 millones de pesos por institución, formuló observaciones respecto al manejo de la documentación.

 

Fuera de plazos.

 

La diputada dijo que “se detectaron rendiciones de subsidios presentadas fuera de los plazos establecidos, con casos en los que los fondos fueron otorgados en abril y mayo de 2024, pero recién rendidos en diciembre y enero de 2025, luego de reiteradas intimaciones. Asimismo, se observaron honorarios excesivos, múltiples objeciones formuladas por el Tribunal de Cuentas y posibles conflictos de interés entre una funcionaria pública y una de las fundaciones involucradas”, señaló la legisladora.

 

Aunque expresó que el objetivo de los convenios es garantizar derechos a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, como establece la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, y resaltó “el acompañamiento y trabajo conjunto con todos los diputados no oficialistas”, no dejó de advertir que dará intervención al Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que supervise a las instituciones involucradas, una competencia prevista en la ley 2.703.

 

Por otra parte manifestó Cuadrado que solicitará que en su informe anual a la Cámara de Diputados se incluyan los resultados de las supervisiones. Finalmente adelantó que presentará una nota ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) “para que evalúe y dictamine sobre la posible incompatibilidad de funciones de una funcionaria”.