Lunes 24 de noviembre 2025

Denuncian a directivos de la Rural de Acha

Redacción 24/11/2025 - 00.13.hs

Tras una declaración de nulidad de las autoridades electas en mayo, asumió el lunes pasado la nueva conducción de la Asociación Rural de General Acha (ARGA), sin embargo trascendió la presentación de una denuncia penal contra la actual gestión por "uso indebido de cheques y administración irregular de fondos".

 

La denuncia, a la que accedió LA ARENA, fue presentada ante el Ministerio Público Fiscal por Adriana Leher, la presidenta saliente. Acusó a Juan Matías Maisonnave de implementar un sistema de manejo indebido de cheques entre 2024 y 2025, durante el período que ejerció la presidencia de la entidad. También menciona a otros asociados por sospechas de complicidad.

 

"Si bien no se detecta un faltante de dinero en los balances, sí existió una perdida real de capacidad financiera y operativa", se detalla en la denuncia, explicando que los ingresos por cuotas o servicios "fueron reemplazados por documentos diferidos de carácter personal".

 

Presidencia desestimada.

 

El 26 de mayo de 2025, en el marco de la Asamblea General Ordinaria de la ARGA, Adriana Leher había sido elegida como presidenta de la comisión. Pero en octubre, la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas de La Pampa declaró la asamblea “nula e ineficaz”, por lo que se pidió que se desestimara su designación.

 

“Durante la Asamblea, el entonces presidente Juan Matías Maisonnave solicitó permanecer un año más en el cargo. A dicha petición se sumaron Nelly Zubeldía, Rubén Marticorena, Adriana Dos Santos, Sebastián Miraglia, Soledad Agüera y Alexis Becker, quienes integraban la comisión saliente”, agregó la denunciante. “Cabe destacar que la comisión supuestamente saliente tampoco reunía las condiciones exigidas por el Estatuto, ya que varios de sus integrantes no eran productores ni propietarios rurales, requisito indispensable para ocupar cargos directivos en esta entidad gremial”.

 

Modalidad.

 

Según el texto de la denuncia, "la Asociación recibía cheques de socios y productores en concepto de pago de vacunas, servicios o aportes institucionales. Maisonnave retiraba esos cheques del circuito institucional y los reemplazaba por cheques personales de su titularidad, alegando que correspondían al pago de su cuota social, cuyo valor era de apenas $5.000. Los cheques personales que ingresaba eran de montos muy superiores de millones de pesos y con plazos de cobro diferidos, de 120, 180 y hasta 300 días. De esta manera, sustraía liquidez inmediata de la institución -ya que retiraba cheques cobrables a corto plazo- y los reemplazaba por documentos propios a largo plazo, generando una bicicleta financiera personal con los fondos sociales”.

 

Esta acción permitiría que no se detecte un faltante contable, "pero sí constituía un uso indebido de fondos al desviar dinero institucional hacia operaciones personales".

 

Por ello, se pidió a la Fiscalía investigar la existencia del uso indebido de cheques y desvío de fondos institucionales en la gestión de Maisonnave; la posible complicidad o encubrimiento de exmiembros de la Comisión; “que se determine si los hechos encuadran en los delitos previstos por el artículo 173 inciso 7 (Administración fraudulenta) y/o el artículo 174 inciso 5 (fraude en perjuicio de una administración pública o asociación civil) del Código Penal Argentino"; y que, “de corresponder, se inhabilite a los responsables para ejercer cargos públicos o directivos en asociaciones civiles”.

 

“Transparencia”.

 

Sobre el final de la denuncia, Leher aclara que “este pedido no responde a intereses personales ni políticos, sino al compromiso con la transparencia, la ética y el respeto institucional de una entidad histórica de General Acha”.“La Asociación Rural de General Acha es un gremio de productores sin fines de lucro, y su conducción debe estar guiada por la honestidad, la responsabilidad y la defensa genuina del sector rural. No quiero ni puedo ser encubridora de manejos irregulares, por lo que considero mi deber cívico y moral poner estos hechos en conocimiento de la Justicia”, agregó. “Por ello solicito que se le dé la carátula penal que corresponda, se proceda a la investigación y se adopten las medidas que la ley determine”.

 

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