“Di Nápoli no está legitimado para implementar esta medida”

En un mes los concejales opositores recolectaron 12 mil firmas para respaldar su pedido. Acusaron al jefe comunal de aprobar la ordenanza mediante “una picardía política”.

 

Los concejales opositores recolectaron 12 mil firmas que acompañarán su solicitud para evaluar una postergación a la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), que entraría en vigencia el 1 de octubre. Mediante una conferencia de prensa realizada ayer en el hall del Concejo Deliberante, los bloques de la UCR, PRO y Comunidad Organizada confirmaron que presentaron al intendente Luciano di Nápoli un pedido de audiencia pública para analizar “una postergación” a la vigencia de esta normativa.

 

Acompañados por el legislador provincial Hipólito Altolaguirre (UCR) y el diputado nacional Martin Ardohain (PRO), recordaron que “la audiencia es un procedimiento de participación ciudadana destinado a democratizar la toma de decisiones” y advirtieron que el intendente “carece de legitimidad y no tiene licencia social para la medida que pretende adoptar”.

 

La convocatoria estuvo destinada a “realizar una presentación formal y solicitar al intendente una Audiencia Pública, mediante un petitorio con 12 mil firmas que reflejan el descontento” de la comunidad santarroseña, afirmaron. En este contexto, María Fernanda Oddi (PRO), recordó que en enero presentaron un proyecto para suspender la ordenanza y la licitación del taller de verificación técnica, que habían sido aprobados durante la anterior gestión municipal. Entre las principales razones para justificar esta postergación aludieron al “mal estado de las calles, porque debería existir una mínima estructura vial antes de exigir condiciones” y advirtieron que en esta cuestión “confluyen también el estado de abandono de la ciudad y las obras de la red cloacal, que generan complicaciones al tránsito”.

 

“No está legitimado”

 

Oddi añadió que “la Audiencia Pública debería evaluar suspender la ordenanza 6.977 que entrará en vigencia el 1 de octubre” y consideró que “el intendente no tiene legitimidad en este caso, porque la mayor parte de la ciudadanía rechaza” la medida.

 

También informaron que la problemática se extiende a otras localidades, cuyos vecinos observan con preocupación lo que sucede en la capital provincial. Según Romina Paci (UCR), “en más de 15 localidades han presentado iniciativas solicitando al intendente de Santa Rosa que suspenda esta ordenanza” y citó entre ellas a “Toay, General Pico, General Acha, Eduardo Castex, Intendente Alvear, General San Martín, Doblas, Colonia Barón, Realicó, Alpachiri”, aunque reconoció que solo algunas lograron aprobación de sus cuerpo deliberativos.

 

“Es una preocupación en todas las localidades cuyos vecinos acuden permanentemente a Santa Rosa, donde ahora se les exigirá la RTO” por lo cual se verían “expuestos a multas por incumplimiento”. Y argumentó que la recaudación por esas multas “incide en la coparticipación, por lo cual también resultarán perjudicadas las restantes localidades”.

 

Asimismo, recordaron que legisladores de la oposición “presentaron un proyecto en la Legislatura para que el intendente posponga la vigencia de esta ordenanza” y aclararon que “muchas otras voces se sumaron a nuestro reclamo, como el Centro de Empleados de Comercio (CEC) y la Intersindical”.

 

Legitimidad.

 

En cuanto a la audiencia pública, Diego Camargo (UCR) recordó que ese mecanismo “favorece que las decisiones tengan cierto grado de legitimidad social” y consideró que en este caso “el intendente claramente carece de licencia social para su implementación, como lo demuestra la cantidad de firmas, porque una gran mayoría está en contra”. También opinó que “antes de implementar una medida, además de cumplir procedimientos formales debería analizarse su impacto en la comunidad” y recordó que la ordenanza fue aprobada “en noviembre de 2023, durante una sesión maratónica en la que exhibieron la necesidad de sancionar una serie de medidas para su segundo mandato, entre las que estaba la RTO”.

 

En la composición anterior “el oficialismo tenía mayoría y quórum propio, herramientas que perdería a partir de diciembre, por cuanto lo más lógico hubiera sido que esas iniciativas fueran discutidas, consensuadas y votadas con la actual composición” del Concejo deliberante. Según Camargo, para sancionar esas ordenanzas antes de que asumieran los nuevos concejales “Di Nápoli recurrió a una picardía cuyo costo político es que ahora no tiene licencia social, no tiene legitimidad la medida que pretende implementar”.

 

Agregó que en la audiencia pública “deberían tener participación todos los vecinos y vecinas que se sientan afectados y quieran opinar” y argumentó que ese espacio también ofrecerá “una oportunidad para que las autoridades municipales expliquen con claridad sus fundamentos”. Además, “el intendente cuenta con la ventaja de que estas audiencias no son vinculantes, por lo cual podría ignorar la expresión mayoritaria y fundamentar por escrito los motivos que lo obligarían a apartarse de esa opinión”, aclaró.

 

Finalmente, Luján Mazzucco (UCR) se refirió a la controversia en torno al taller Técnica Sur, ubicado sobre la avenida de Circunvalación. “Tal cual está, la RTO resulta ilegal porque consultamos a la autoridad de aplicación (Agencia Nacional de Seguridad Vial) y nos respondió que no pueden otorgar certificados ni obleas porque ese taller no está habilitado”. Según la concejala, Técnica Sur “puede tener una habilitación comercial, como cualquier kiosco, pero para ejecutar la revisión técnica necesita otro tipo de autorización, vinculada al equipamiento requerido para ese fin”.