“El centro de Jubilados se transformó en un negocio”

Ricardo Cheli, conocido abogado de la ciudad y socio del Centro de Jubilados de la calle Pestalozzi, denunció irregularidades en la conducción de la entidad y acusó a la Dirección General de Personas Jurídicas de la provincia de ser cómplice. Incluso afirmó que los propios enviados de la oficina gubernamental oficiaron de “patovicas” el viernes 3 de octubre, para impedir que la asamblea que se había convocado ese día fuera la caja de resonancia del malestar existente con la conducción actual.

Cheli afirmó que la institución lleva varios años gobernada por un grupo pequeño de personas que se repite en las sucesivas comisiones directivas, pero que la situación llegó a tal gravedad en los últimos años que el propio presidente y vicepresidente de la institución hoy están entre quienes reclaman la intervención de la Dirección General de Personas Jurídicas para regularizar la situación.

Incluso afirmó que el Centro llegó a la asamblea del viernes último con dos balances pendientes de aprobación -2023 y 2024-, en el marco de una conducción de las finanzas poco transparentes que llevó al presidente de la entidad, Mario Rodríguez, ha realizar denuncias penales contra tres miembros de la comisión directiva que él mismo preside.

“Un negocio”.

El abogado dijo que la institución, reconocida por su salón ubicado en la calle Pestalozzi, donde habitualmente se realizan bailes y fiestas, “se transformó en un negocio” manejado por un particular que tiene actualmente un contrato de locación con la entidad -vencería en diciembre de 2026- por el cual paga un canon que resulta irrisorio, dado los gastos mensuales que el salón genera a la institución por servicios, como la energía y el gas natural, entre otros.

El locatario, según explicó a LA ARENA, tiene una relación de parentesco con una integrante de la comisión directiva a la cual responsabilizó por la opaca contabilidad de la institución. Justamente, sería una de las tres personas denunciadas por el presidente de la entidad.

Según Cheli, los problemas se agudizaron el año pasado, cuando el Centro tuvo actividad nula, ya que Pami dejó de pagar a los talleristas que brindaban servicios para los socios. Esa situación se sumó a la poca claridad en el cobro que el año anterior, cuando todavía había actividades, se realizaba a los jubilados, ya que algunos detectaron que pagaban por el mismo taller cifras diferentes.

Fue entonces, según Cheli, que comenzaron a circular rumores de que las cuentas de la institución estaban en crisis, razón por la cual él y un grupo de socios, algunos integrantes de la actual comisión directiva, comenzaron a reclamar información relacionada con la contabilidad de la institución.

Balances.

Entre otros planteos comenzaron a solicitar datos de los balances no realizados, al mismo tiempo que comenzaron a realizar presentaciones ante la Dirección General de Personas Jurídicas. “En mayo de este año, elevamos una nota a PP.JJ. Pidiendo que se hiciera una comisión normalizadora porque la comisión directiva actual no se reunía”, explicó.

El organismo provincial encargado de regular la actividad de las entidades intermedias les denegó el pedido pero, a la vez, reclamó a la comisión directiva actual los balances de los años 2023 y 2024. Repentinamente, en junio se publicó un edicto donde la comisión directiva llamaba a una asamblea, pero, según Cheli, la misma estaba viciada de nulidad porque no había existido ninguna reunión de comisión directiva donde se hubiera tomado esa decisión.

En ese sentido, señaló a tres personas, miembros de la CD, de realizar la convocatoria en nombre de la comisión sin que hubiera mediado reunión alguna, algo que consideró un delito. ¿Cuál? El falseamiento de un instrumento público. El abogado aseguró que Personas Jurídicas le dio la razón respecto a la irregularidad de la convocatoria, con lo cual la convocatoria a asamblea fue dejada sin efecto, pero se sorprendió por la falta de una acción del organismo público respecto de las tres integrantes de la CD que hicieron la maniobra.

El grupo de socios disidentes, que se convocó en la lista Celeste y Blanca para disputar la conducción de la entidad, comenzó a reclamar documentación sensible, como el padrón de socios habilitados para votar. En varias oportunidades denunciaron ante Personas Jurídicas que no se les permitió acceso ni a esa ni a otra documentación necesaria para afrontar la compulsa electoral, pero, según informaron, en todos los casos con una actitud pasiva del organismo de control.

Asamblea.

Finalmente, ante la publicación de un nuevo edicto convocando a asamblea para el 3 de octubre, realizaron una presentación ante Personas Jurídicas pidiendo el aplazamiento de la misma, toda vez que no contaban con el padrón actualizado de socios. Para sorpresa del grupo, el mismo día de la asamblea, en la puerta, dos representantes de Personas Jurídicas, los notificaron de la respuesta negativa a su planteo.

La asamblea se llevó a cabo y ni el presidente de la CD pudo hacer uso de la palabra cuando se trataron los balances de los dos ejercicios precedentes. Incluso adujeron que le fue impedido el ingreso a un grupo de socios que habían sido convocados por la lista opositora, todo en el marco de una actuación que consideraron patoteril por parte de los enviados de Personas Jurídicas y de la lista oficialista que a la postre ganó la votación por 37 a 20.

Entre las tres personas a las que sindicó como responsables de las irregularidades, contó a la Tesorera -y familiar del locatario del salón-, a la secretaria -que a su vez sería Delegada del Pami– y a la Revisora de Cuentas. Casualmente, según dijo, son las tres personas a las que apuntó el presidente del Centro de Jubilados en las denuncias que radicó oportunamente ante el Ministerio Público Fiscal. Cheli también responsabilizó al titular de Personas Jurídicas, Guillermo Rubano.