Empresas de la provincia esperan que motorice más inversiones

El Senado de la Nación aprobó ayer la prórroga de la vigencia del blanqueo de capitales para activar al sector de la construcción, uno de los cuatro expedientes que se encuentran en estudio en el Congreso y que fueron requeridos por el ministro de Economía, Sergio Massa. Desde la Cámara de la Construcción de La Pampa, su presidente Adrián Pérez Habiaga, fue cauteloso respecto del impacto que pueda tener. "Cuando la ley se aprobó, había un marco macroeconómico distinto al actual, en este marco no sé que resultado puede llegar a dar pero esperemos que sea favorable", se esperanzó.

 

La iniciativa prorroga la vigencia de un blanqueo de capitales para activar de manera específica al sector de la construcción con incentivos impositivos para quienes declaren bienes y que incluye parte del programa "puente al empleo" referido a la conversión de los planes sociales en trabajo genuino.

 

Aprobada a comienzos de 2021, la Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda buscó impulsar el desarrollo del sector, muy afectado por la pandemia de coronavirus, recuperar puestos de trabajo perdidos y lograr mayor oferta de viviendas.

 

"El problema fue que la ley, cuando fue aprobada, tardó en ser reglamentada y salió con un período de funcionamiento que quedó muy acotado. Entonces, cuando se terminó la reglamentación quedaba muy poco tiempo para aplicarla", explicó Pérez Habiaga. "Aparte la redacción no salió clara y generó dudas en los posibles inversores", añadió.

 

Por ese motivo, según el titular de la Cámara empresaria pampeana, en el corto lapso que tuvo de vigencia no fue utilizada en ninguna provincia. "Por eso se solicitó la prórroga, para que la gente pudiera utilizarla. Así que en realidad la ley casi no entró en vigencia", explicó.

 

Por mayoría.

 

A diferencia del Senado, donde fue aprobada con los votos del Frente de Todos y senadores aliados, en la Cámara de Diputados de la Nación había recibido media sanción luego de que oficialismo y oposición llegaran a un consenso.

 

En base al esquema previsto, para los bienes ingresados desde la fecha de entrada en vigencia de esta ley y hasta transcurrido el plazo de 90 días corridos, la alícuota que deberán tributar será de 5%. En tanto, los ingresados desde el día siguiente de vencido el primer plazo y hasta transcurrido otros 90 días, la tasa será de 10%; y los declarados desde el día siguiente de vencido el segundo plazo y hasta transcurrido 180 días corridos, abonarán una alícuota de 20%.

 

La presidenta de la Comisión de Infraestructura, la oficialista formoseña María Teresa González, aseguró que "la orientación de este proyecto está basada en cuatro objetivos que son fundamentales: continuar con el repunte de la industria de la construcción como motor dinamizador de la economía, la generación de nuevos empleos registrados y capacitados, el aumento de la recaudación a través de la regularización impositiva y, por último, el ingreso genuino de divisas".

 

En cambio, el radical chaqueño Víctor Zimmermann dijo que Juntos por el Cambio no iba a apoyar el proyecto porque "estamos debatiendo la prórroga de un blanqueo que les hace un favor a aquellos que evadieron y llevaron la plata afuera". "Les estamos dando beneficios para los que evaden. No incentiva el comportamiento fiscal, es un nuevo parche que beneficia a un sector que fue claramente beneficiado por los costos de la construcción", afirmó.