"Esta denuncia es la primera en su caso"

La fiscala de Estado, Romina Schmidt, habló luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptara la petición de La Pampa ante el incumplimiento por parte de Mendoza de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que establece un caudal mínimo del río Atuel. En ese marco, destacó que la provincia pasó "un gran primer filtro" y explicó que la denuncia es contra el Estado nacional debido a que "tiene un retardo en su Justicia".

 

El proceso se inició a través de la presentación que realizó ante la CIDH la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos. "Es muy importante para el reclamo que hace tantos años viene sosteniendo La Pampa. Es un paso más dentro de la coherencia jurídica y administrativa que hemos mantenido en todos los reclamos", señaló Schmidt en Radio Noticias.

 

Consultada sobre la diferencia con la presentación que habían hecho particulares, explicó que en este caso "es una denuncia y vamos por el derecho colectivo. Si bien hay denunciantes particulares, nuestro estudio base para hacer esta denuncia fue el estudio que en su momento se hizo con la UNLPam, que lo llevó adelante Betty Dillon, donde demostramos que hay un daño colectivo. Acá no solamente está afectado un particular sino todos los pobladores de La Pampa".

 

En esa línea, remarcó que que esta denuncia apunta a "la incidencia colectiva que tiene el daño provocado por el corte del río Atuel. No hay muchas, es la primera en su caso, por eso es importante que haya pasado este primer filtro de admisibilidad".

 

Schmidt aclaró que no se ha expedido de esta manera el organismo debido a que el daño al ambiente es un aspecto que se incluyó luego de los Tratados existentes a través de la jurisprudencia de la Corte y de la Comisión.

 

"La jurisprudencia ha venido delimitando que todos los derechos, para poder ser efectivos, necesitan del ambiente, porque si no tenemos un ambiente sano no podemos hacer efectivos ninguno de los otros derechos que están dentro de los tratados", sintetizó.

 

"La Corte Suprema en el fallo del 2017 estableció que había un daño ambiental en el noroeste de la provincia lo que estaba causando desertificación. Hay otro tratado de derechos que nos habla de la desertificación, al que Argentina adhirió y tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para que no avance en el territorio", añadió.

 

- Ahora que la Comisión admite la presentación, ¿qué sigue?

 

- Con este proceso significa que pasamos un gran primer filtro, que se estima que de las denuncias presentadas en la Comisión el 80 % no pasan este filtro que pasó esta denuncia. Ya la Comisión el dio traslado al Estado nacional para contestar en un plazo de tres meses, prorrogable por cuatro. Ahí la Comisión va a emitir la admisibilidad o no de nuestra denuncia, o va a hablar de la admisibilidad cuando resuelva el fondo de la cuestión. Pero ya haber pasado este filtro da una buena perspectiva de que estamos en camino.

 

- Es positivo el hecho de que haya un plazo para que el Estado nacional responda.

 

- Aparte, estamos llevando al Estado nacional a la sede internacional a ser pasible de una condena internacional, lo cual a ningún Estado le es gratuito eso.

 

- ¿Qué implica?

 

- Implica que internacionalmente estamos incumpliendo una obligación que nosotros asumimos como país, ni hablar que la Comisión puede tomar sus medidas.

 

- De acuerdo a los plazos, ¿cuánto llevaría un proceso de esta naturaliza hasta que llegue a una resolución?

 

- Son muchos elementos a tener en cuenta, y luego la Comisión va a elaborar y analizar la presentación del Estado nacional más la nuestra para establecer la admisibilidad. Esperemos que antes de finales del año que viene tengamos un avance importante sobre esto.

 

Retardo.

 

La fiscala aclaró que es al Estado nacional al que se está llevando a la justicia internacional. "No se está demandando a Mendoza, es contra el Estado nacional porque tiene un retardo en su Justicia. El Estado nacional a través de su Corte Suprema estableció en 2017 que teníamos un daño ambiental, estableció en 2020 que teníamos que tener agua en nuestro territorio con un caudal mínimo permanente. Siendo el 2024 y habiendo transcurrido todos estos años, la Corte Suprema no emitió ninguna resolución o sentencia para que se haga efectivo ese fallo y detener el daño".

 

Finalmente, aseguró que "este reclamo internacional, que es un gran paso para recuperar nuestro río, no va a implicar que nosotros no sigamos en nuestro reclamo nacional ante la Corte. Las dos vías van a seguir vigentes, porque desistir de una de ellas no es para nosotros una opción".