Una buena reforma con escasa participación y la OEA en contra

México fue escenario de elecciones inéditas en ese país: por primera vez la ciudadanía votó por los y las integrantes del Poder Judicial, en todos sus estamentos, incluida la Suprema Corte de Justicia.

IRINA SANTESTEBAN

El domingo 1 de junio se realizaron los comicios para elegir, por primera vez, a 2.600 integrantes del Poder Judicial, entre ellos 881 jueces federales, 1.800 estatales, cinco magistrados del Tribunal Disciplinario, cinco del Tribunal Electoral y los nueve ministros de la Suprema Corte.

Esta elección forma parte de la reforma judicial que impulsó en 2024 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Esa iniciativa fue adoptada y consolidada por su sucesora, la actual presidenta Claudia Sheinbaum, quien calificó a esta reforma como una herramienta para “limpiar” un sistema colapsado por décadas de nepotismo, corrupción y servilismo hacia intereses empresariales, políticos y criminales. En México el Poder Judicial ha sido acusado de favorecer a jefes narcos y encubrir a una policía corrupta y violenta.

Un proceso complejo.

La jornada transcurrió en tranquilidad, sin incidentes de gravedad, pero desde el propio Instituto Nacional Electoral (INE) se reconoció que se trataba de una elección muy compleja, por el poco conocimiento por parte de la población acerca de los miles de candidatos y candidatas propuestos para los diferentes cargos de magistrados y magistradas del Poder Judicial.

En ciudad de México, por ejemplo, se debía votar por 50 candidatos, para lo cual cada elector recibió seis boletas federales y tres para las elecciones locales del Poder Judicial.

También las papeletas inducían a la confusión, por el uso de “acordeones” –fichas grabadas con instrucciones sobre a quién votar–, sistema que además fue duramente criticado por la oposición mexicana, que desde el primer momento estuvo en contra de la reforma impulsada por Morena, el partido de AMLO y Sheinbaum.

En México el voto no es obligatorio y no hay porcentaje mínimo de participación para legitimar los comicios. En las presidenciales del año pasado, en las que Claudia Sheinbaum resultó electa mandataria, la participación fue del 61 por ciento de los 100 millones de electores.

En estas elecciones judiciales, la participación ciudadana fue escasa: sólo el 13 por ciento de la población concurrió a votar. No obstante ello, la presidenta defendió los comicios y contestó a sus opositores, afirmando que votaron más personas que los que lo hicieron por los partidos de oposición en las elecciones presidenciales.

OEA, siempre tan fea.

La misión observadora de la OEA criticó los comicios y expresó “preocupación” por la baja participación electoral y el “gran desconocimiento” del electorado sobre lo que se estaba votando y los miles de candidatos y candidatas que competían. En el informe que produjeron luego de la elección, expresaron que “no se debería replicar este modelo” en la región.

Así, el organismo se alinea con las críticas a esta reforma judicial de quienes llamaron por el boicot: los partidos conservadores PAN, PRI y los medios hegemónicos, todos encolumnados con posiciones de derecha, defensores del status quo en relación al Poder Judicial.

Sin embargo, el proceso electoral del pasado 1 de junio está avalado por reforma constitucional que aprobó en 2024 el Congreso, ante la cual el gobierno de EEUU fue muy crítico, expresando su “preocupación” por “la posible pérdida de la independencia y la politización de la justicia en México”. Dime quién te critica y te diré si vas por el camino correcto.

No es de extrañar que esta reforma judicial reciba ese tratamiento por parte de la derecha regional y el propio gobierno norteamericano, quien además se encuentra actualmente en una fuerte disputa con México por la imposición de aranceles y la deportación de miles de inmigrantes.

En nuestra Latinoamérica, los poderes judiciales han respondido, con honrosas y escasas excepciones, a los intereses de los grandes grupos económicos y la derecha. Ayudados por los medios hegemónicos de comunicación, han dado origen al llamado “lawfare” o “guerra mediática”, herramienta que utilizaron para, a través de persecuciones judiciales y hasta cárcel, combatir a líderes populares. Así fue en el caso de Lula da Silva (Brasil), Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador) y Cristina Kirchner (Argentina), entre otros.

Justicia para quiénes.

En casi todo el mundo, pero en México en particular, la necesidad de una reforma judicial era evidente: jueces y supremas cortes jugaron roles activos en la protección de redes clientelares, políticos corruptos y narcotraficantes.

Si bien la elección popular de los jueces y las juezas no es el remedio final para esos males, se intenta dar un primer paso, al democratizar por lo menos el origen del nombramiento de la magistratura, mediante el voto popular.

En el caso de quien resultó electo como presidente de la futura Suprema Corte de Justicia, el abogado Hugo Aguilar Ortiz, proviene de la comunidad originaria Ñuu Savi. En su primer mensaje dijo: “Hoy tenemos una Suprema Corte surgida del mandato popular... nace con el respaldo de la ciudadanía y, con ello, fortalece la división de poderes y la independencia judicial. También tenemos una Suprema Corte pluricultural. La voz y el pensamiento del México profundo estará presente todos los días en la Suprema Corte y será parte fundamental en la toma de decisiones”. Además, la futura Corte tendrá mayoría de ministras, al estar integrada por cinco mujeres y cuatro varones.

La pelea por la democratización del Poder Judicial, aún en un gobierno que dista bastante de ser revolucionario, es una de las tareas a afrontar por parte de las fuerzas progresistas en la región, ya que es donde se refugian las élites y las oligarquías para no ceder privilegios. Y es también el poder al que recurren los gobiernos de derecha y ultraderecha, como el de Javier Milei en Argentina, para perseguir y criminalizar a los luchadores, como ocurre con los mapuches en la Patagonia, con dirigentes sociales y sindicales que no se resignan a perder derechos, y aún contra líderes burguesas como Cristina Kirchner. El reciente fallo ratificando su condena, por parte de la Corte Suprema de Justicia (con solo tres integrantes varones, véase la diferencia con la Corte electa en México), expresa también la persecución política que se descarga contra ella, luego de una causa (Vialidad) con enormes irregularidades y orfandad probatoria.

En Argentina también hace falta una profunda reforma judicial, que termine con los jueces y juezas que son serviles al poder económico, que viajan con Clarín a Lago Escondido, y que jugaban al tenis y al fútbol en la residencia presidencial cuando Mauricio Macri era el titular del Ejecutivo. Esa Corte fue la que le ratificó su condena por la causa Vialidad, en cuyo juicio hubo de todo menos pruebas.