Este lunes inicia el jury contra el juez Díaz Lacava

El Jurado de Enjuiciamiento decidirá si hubo mal desempeño.

Los medios especializados en cuestiones judiciales recordaron en las últimas horas que este lunes el juez federal de La Pampa, Pablo Ramiro Díaz Lacava, enfrenta el proceso oral frente al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, que puede terminar con su destitución. El funcionario judicial, en paralelo, también irá a juicio oral ante la Justicia ordinaria Penal por los mismos hechos. Esta instancia, señalan las fuentes, se desarrollaría en septiembre.

El juez Díaz Lacava, a las 9hs. de mañana, enfrentará la etapa decisiva del proceso en su contra en el que está acusado de violencia de género, lesiones, hostigamiento laboral, y un insólito episodio en el que arrojó una piedra a sus secretarios desde la calle. Las denuncias que originaron esta instancia disciplinaria describen un ambiente laboral caracterizado por la violencia, el maltrato constante, el hostigamiento psicológico y el abuso de autoridad. En su gran mayoría, las víctimas son mujeres que se desempeñaban dentro de la estructura judicial pampeana y que debieron recurrir a licencias médicas prolongadas debido al impacto de las agresiones psicológicas y físicas atribuidas a Díaz Lacava. Pero también lo acusan tres secretarios, todos del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, del que era titular.

El jurado que dictaminará

El futuro de Díaz Lacava está en manos del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación. Este órgano se conformó de manera oficial a mediados de abril pasado por disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Su integración refleja un equilibrio político y corporativo diseñado especialmente para garantizar la imparcialidad y la rigurosidad en el tratamiento de un expediente tan delicado.

Los miembros del órgano judicial que deberá decidir si el magistrado pampeano incurrió en mal desempeño son siete. Entre ellos, la pata judicial está integrada por Marcelo Gastón Bartumeu Romero, juez de cámara perteneciente al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25 de la Capital Federal; y Néstor Pablo Barral, magistrado de amplia trayectoria y juez de cámara de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.

En tanto que la representación del Congreso de la Nación será ejercida por la senadora nacional María Belén Montes de Oca, representante de la provincia de Tierra del Fuego por el bloque de La Libertad Avanza (LLA); y la senadora nacional María Florencia López, representante de la provincia de La Rioja por el bloque de Unión por la Patria (UXLP). Se suman el diputado nacional Christian Alejandro Zulli, representante de la provincia de Corrientes por el bloque de Unión por la Patria (UXLP); y el diputado nacional Nicolás Mayoraz, legislador por la provincia de Santa Fe y perteneciente al bloque de La Libertad Avanza (LLA). Y, finalmente, se agrega la abogada Ana Beatriz Fernández, representante de la matrícula federal y oriunda de la localidad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

Para consagrar la destitución de Díaz Lacava, se requerirá de una mayoría calificada equivalente a cinco votos afirmativos sobre los siete miembros totales. El poder de decisión del Jury será la de decidir la destitución del juez o rechazar las acusaciones de mal desempeño. De imponerse la destitución, Díaz Lacava perderá de forma automática su cargo y su correspondiente jubilación como magistrado federal. Por el contrario, si la acusación es desestimada, se ordenará levantar la suspensión que actualmente pesa en su contra y podrá retomar sus funciones habituales en el tribunal de La Pampa.

Las denuncias contra Díaz Lacava

Los cargos que justifican este drástico proceder institucional se encuentran sólidamente documentados en el expediente que examinará el Jurado de Enjuiciamiento. Se le atribuyen reiteradas maniobras de acoso, hostigamiento laboral sistemático, insultos y humillaciones continuas orientadas a secretarios, funcionarios y empleados subalternos del tribunal.

Pero se destaca un insólito y violento episodio que el propio magistrado reconoció haber perpetrado: arrojar una piedra de dimensiones considerables desde la vía pública hacia el primer piso del Tribunal que ingresó con violencia a través de una de las ventanas, poniendo en riesgo directo de lesiones físicas a los trabajadores judiciales que se encontraban en plena labor. Este hecho, admitido por el propio imputado durante la investigación preliminar, se convirtió en una de las pruebas materiales más contundentes tanto para el juicio político de remoción como para la imputación criminal en sede judicial.

A las pruebas materiales de la agresión física se suma una profusa cantidad de certificados médicos presentados por las víctimas, quienes debieron ausentarse de sus puestos de trabajo a raíz del estrés severo, cuadros de ansiedad y crisis de pánico derivadas del clima de hostigamiento cotidiano implantado por el juez. En el proceso penal, que corre paralelo, le aplicaron a Díaz Lacava restricción absoluta de contacto y la prohibición de acercamiento recíprocas entre el magistrado y el personal administrativo, lo que refleja la profunda tensión laboral y la urgencia de proveer seguridad a las víctimas.

Las denuncias radicadas por el personal de menor jerarquía del Tribunal Oral de La Pampa contaron con el acompañamiento activo y el respaldo explícito de otros magistrados y funcionarios del propio Poder Judicial. Colegas directos de Díaz Lacava, consternados por la asiduidad y violencia de los abusos de poder denunciados por las secretarias y empleadas, decidieron romper el silencio de la corporación para avalar y apoyar formalmente las presentaciones de las víctimas.

Así será el juicio

El cronograma fijado para el juicio político que inicia este lunes prevé una agenda sumamente intensa de audiencias que se prolongará por el transcurso de una semana completa.

Durante estas jornadas clave, el tribunal escuchará el desfile de testigos propuestos por la defensa técnica de Díaz Lacava y los ofrecidos por la acusación. Se espera que declaren del ámbito judicial pampeano que presenciaron o padecieron en carne propia los exabruptos del juez. La información de numerosas personas que ratificarán las denuncias sobre violencia de género, hostigamiento psicológico y maltratos laborales continuos. La gran mayoría de estos exponentes son mujeres y el objetivo es culminar el Proceso con un veredicto antes de que finalice el mes de agosto.