Fiscal federal desconoció que el Colorado es interprovincial

La puesta en marcha del megaproyecto minero que sueña el gobernador Alfredo Cornejo provocaría un nuevo conflicto interjurisdiccional con las restantes cuatro provincias que integran el Coirco. Como ocurriera con el ya emblemático caso de Portezuelo del Viento, las autoridades de Mendoza deciden obviar la opinión de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires antes de implementar acciones que podrían producir perjuicios ambientales a toda la cuenca.

 

Hace unos días la Federación Argentina de Espeleología (Fade) informó al Coirco que el fiscal federal de San Rafael, Ignacio Ariel Sabas, desconoció la interjurisdiccionalidad del río Colorado al rechazar una demanda contra el proyecto minero “Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO)” y las evaluaciones de impacto ambiental propuestas por la empresa Impulsa Mendoza Sostenible.

 

En una nota firmada por su presidente, Carlos Benedetto, la Fade informó que “en agosto pasado presentamos en la Fiscalía Federal de San Rafael una denuncia contra el MDMO, Malargüe Distrito Minero Occidental, que afectará seriamente a la cuenca del Río Colorado. En respuesta, el Juzgado Federal de esa ciudad se declaró incompetente ‘por no estar probada la interjurisdiccionalidad del conflicto”. Por tal motivo, la Fade solicitó “la intervención” del Coirco en la cuestión.

 

Según el fiscal mendocino, la parte demandante no ha presentado pruebas para demostrar que el río Grande, naciente del Colorado, resulte interjurisdiccional.

 

“En la próxima reunión”.

 

“Todas las jurisdicciones están en conocimiento de esta notificación y seguramente la problemática será evaluada en la próxima reunión” comentaron fuentes ligadas al Coirco. Ante una consulta de LA ARENA, explicaron que “ante situaciones de este tipo, el comité siempre informa a las provincias previamente para que puedan hacer sus propias evaluaciones de la cuestión”.

 

Según las fuentes, “si bien todas las acciones a seguir deben ser decididas en forma conjunta por las cinco integrantes, que desde la justicia federal estén poniendo en duda la interjurisdiccionalidad del Colorado provocará mucho ruido y seguramente las provincias aguas abajo asistirán decididas a defender esa posición”.

 

En su comunicación al Coirco, la Fade también advirtió que “a partir de la promulgación de la ley que aprueba las Declaraciones de Impacto Ambiental del MDMO, hay un plazo de diez días hábiles para presentar los amparos del caso”. La norma fue promulgada el viernes 22 de noviembre por lo cual ese plazo vencería el viernes 6 de diciembre, aunque las fuentes consultadas reconocieron que desde el organismo todavía no han anunciado una fecha para la próxima reunión.

 

“Se lavaron las manos”.

 

“La justicia federal de Mendoza se lavó las manos y ya trasladó esta cuestión a la justicia provincial”, lamentó Carlos Benedetto. En su demanda también reclamaron que la justicia federal “consulte el Coirco, porque esta stuación afecta al río Colorado y, por ende, a las cinco provincias condóminas”.

 

En diálogo con LA ARENA, el titular de la Fade denunció que “aunque adoptó una resolución en septiembre, la fiscalía federal de San Rafael todavía no comunicó a la parte demandante que decidió declararse incompetente”. De todos modos, la entidad accedió posteriormente al dictamen en el que “el fiscal Sabas entendió que debe intervenir la justicia de la provincia porque el daño presunto no tendría carácter de interjurisdiccional”.

 

Según el texto, al que también accedió LA ARENA, el magistrado también tuvo en cuenta que “en la causa se le atribuiría responsabilidad penal a funcionarios provinciales por haber dictado resoluciones bajo los alcances de la ley provincial 5961/92 y el decreto 820/06, para iniciar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de un proyecto minero” y consideró que “no surge que el presunto daño ambiental tuviese carácter interjurisdiccional”, un criterio que resulta “inexorable” para convocar al fuero federal.

 

“Ahora, tras ser promulgada la ley del proyecto minero (Nº 9588, que aprueba las DIA) también se están juntando las asambleas ambientalistas de las cinco provincias para presentar un recuso de amparo”, reveló Benedetto. Efectivamente, LA ARENA pudo saber que entre el viernes y el lunes asambleas de Mendoza, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires enviaron peticiones similares al Coirco, y que también hará lo mismo la Fundacion Chadileuvú.

 

Benedetto explicó que mediante la demanda presentada a la justicia federal, los cavernólogos “impugnamos todo lo realizado hasta ahora y pedimos que retrotraigan los 34 proyectos en bloque porque hay un catastro de cavernas que no fue consultado”. En Mendoza las cuevas están protegidas por ley y los especialistas de la Fade pudieron comprobar “que los proyectos mineros citados afectarían cavernas de áreas protegidas, algunas de las cuales se encuentran en propiedades privadas cuyos dueños no fueron consultados”. De hecho, en su demanda ofrecen como testigo al propietario “de un predio cuyas cavernas serían seriamente afectadas por una de las futuras explotaciones”.

 

“Por encima de todo”.

 

Durante la entrevista con este diario, Benedetto reconoció que los gobernantes mendocinos “se sitúan por encima de todo, incluyendo las leyes; ellos se consideran seres superiores” y citó como ejemplo la conducta de la vicegobernadora, Hebe Casado, quien “le dio luz verde desde la Legislatura a un proyecto australiano para explotar las Salinas del Diamante, porque consideró que el litio no es un metal”.

 

De esta manera, la funcionaria esquivó la aplicación de la Ley 7722, según la cual todos los proyectos mineros metalíferos deben ser evaluados por el Poder Legislativo. “Parece que la vicegobernadora cree que también está por encima de la tabla Periódica de los Elementos”, reflexionó.

 

A propósito de esto, el lunes se realizó en San Rafael la audiencia pública por ese plan para explotar sales de litio, presentado por la empresa Ampere Lithium, con sede en Perth (Australia) asociada a la argentina El Jarillal. “Acá en Mendoza, las audiencias públicas ambientales no son serias y resultan meras puestas en escena. El gobierno envía una multitud de personas contratadas para decir que los proyectos apuntan al desarrollo, producen divisas, generan empleo y otros argumentos favorables. Después calculan cuántas expresiones hubo a favor, cuántas en contra, y dicen ‘ganó el litio en San Rafael, ganó la minería en Malargüe”, concluyó.