Fiscalía devolvió posesión al IPAV

Al atardecer del lunes, el Ministerio Público Fiscal otorgó al Instituto Autárquico de la Vivienda (IPAV) la posesión de la casa que Leandro Palleros había ocupado desde 2009 hasta esa misma mañana, cuando fue violentamente desalojado por una adjudicataria que nunca habitó el inmueble. Inmediatamente el organismo dispuso una custodia policial en la vivienda, mientras sus asesores legales analizan el expediente para corroborar irregularidades y, eventualmente, definir una desadjudicación.

 

En una repudiable actitud, aquella mañana la mujer que figuraba como locataria de ese inmueble del barrio Salvador Ananía se presentó acompañada por sus familiares, desalojó por la fuerza al hombre y arrojó todas sus pertenencias a la calle. La denuncia policial radicada por Palleros en la Seccional Segunda abrió camino a un trámite judicial y la rápida intervención de la fiscalía impidió que la usurpadora se saliera con la suya. El damnificado fue alojado transitoriamente en el albergue municipal, mientras los vecinos resguardaron sus muebles y demás pertenencias, a la espera de su regreso a la vivienda que ocupó y cuidó durante los últimos 15 años.

 

“Situación muy compleja”.

 

En diálogo con Radio Noticias (FM 99.5), Jorge Lezcano explicó ayer que “el IPAV volvió a tomar posesión y ahora verificará una posible irregularidad. Esta vivienda en particular arrastraba una situación muy compleja, con un expediente que incluye cambios de titularidad, cesión de escritura y otras complicaciones”, aclaró.

 

En ese contexto, “un padre tenía una vivienda, su hija recibió otra y en algún momento, uno con la propiedad escriturada y otra con tenencia precaria, realizaron un intercambio de casas”, situación que se encontraba registrada en el expediente, así como también “un supuesto préstamo a Palleros, un mecanismo que el IPAV puede autorizar en la forma de comodatto, a diferencia de los alquileres que están expresamente prohibidos”. En este caso “si bien la adjudicataria no habitaba la vivienda, estaba pagando las cuotas y le faltaban pocos meses para terminar el plan”, reveló.

 

Según el titular del organismo, “es un expediente pesado y con muchas presentaciones, incluyendo cuestiones judiciales, traspasos, unidad familiar que se deshizo y volvió a conformarse; pero el punto fundamental es que la adjudicataria no habitaba la casa. Ella tenía la obligación de habitarla, había sido intimada a hacerlo y no cumplió. Si bien es algo que definirán los asesores legales, evidentemente no necesita la vivienda y por eso correspondería quitársela”, dijo.

 

Consultado sobre una eventual readjudicación a Palleros, un hombre de 74 años, que vive de una escuálida pensión graciable y vende pasteles en la calle, respondió que “obviamente ésa podría ser una posibilidad, porque habitaba la casa y estaría en condiciones de seguir ocupándola, y para eso está trabajando el equipo de Asuntos Legales”. De todas formas, reiteró que “primero hay que investigar y determinar la irregularidad, para desadjudicar y volver adjudicarla, con lo cual el expediente volvería a reiniciarse desde cero”. Mientras tanto, “Palleros será contenido por otros resortes que tiene el estado provincial”, advirtió.

 

Miles de casos.

 

Las situaciones irregulares en las viviendas que otorga el estado resultan muy comunes en nuestra provincia, y en la mayoría de los casos sus adjudicatarios no informan debidamente las modificaciones que van provocando sobre la situación original. “Hay muchas irregularidades, probablemente miles, a partir de que van modificándose las situaciones familiares, se deshacen matrimonios y se conforman nuevos, se cambian y se prestan las casas, hasta llegar a condiciones completamente ilegales como alquilarlas”, enumeró.

 

Lezcano aseguró que “esta gestión tomó la determinación de evaluar expedientes irregulares para tratar de regularizarlos” y recordó que “hay dos requisitos esenciales que debe cumplir un locatario: habitar la vivienda y pagar las cuotas del plan”. Si bien “es comprensible que una familia con dificultades económicas registre problemas para cumplir con las cuotas, y el estado puede contemplar eso; no habitarla es una falta muy grave y el IPAV debe intentar recuperar la casa cuando ello ocurre”, concluyó.

 

Al ser consultado sobre por qué la situación de Palleros no pudo resolverse antes, Lezcano prefirió no revelar “detalles que corresponden a la órbita personal” de quienes se encuentran involucrados en ese expediente. No obstante, el propio Palleros reconoció que un motivo que obstaculizarían su acceso a una vivienda es que todavía figura como titular del 50% de la propiedad conyugal que compartía con su ex esposa, cuyo usufructo cedió hace casi 20 años durante el trámite de divorcio. “Son cuestiones subsanables, que deben ser evaluadas adecuadamente para resolver la situación de la mejor manera”, opinó Lezcano.