¿Ignorancia o mala fe?

“Consumatum est” es una precisa expresión latina que se adapta a la perfección para lo sucedido con la modificación de la Ley de Glaciares. Se trata de una consumación teñida -cuanto menos- de sospechas, ya que con argumentos que podrían considerarse baladíes ignoró por parte de los legisladores que la votaron la opinión de varios cientos de miles de ciudadanos, dotados de argumentos técnicos pero, en definitiva, con voces que tenían pleno derecho a expresarse y que no fueron escuchadas.

 

En el ciudadano común quedó un sabor amargo, de dudas cimentadas en los cambios de voto de algunos senadores y diputados y la evidencia del poder que tienen algunas multinacionales sumadas a gobiernos complacientes.

 

Es que resulta inevitable el análisis político del tema, por somero que sea pero para el que bastan las noticias previas a la sanción, por más que a menudo vinieran disfrazadas.

 

Si, como es de público conocimiento, varios legisladores votaron a favor de las modificaciones obedeciendo al mandato de sus gobernadores, ¿cuál es la raíz definitiva de esa actitud? ¿la permanencia de los mandatarios provinciales en el poder? ¿la obediencia a un Poder Ejecutivo nacional empeñado en sostener una economía disparatada? O una acendrada vocación de colonia que mantiene una minoría ociosa, indiferente y falaz frente a un pueblo desconcertado por años de bombardeo mediático…

 

Por otra parte, asusta el presunto sentido democrático de esos legisladores, tanto senadores como diputados… ¿Cuál es su idea respecto a su papel de “mandatarios del pueblo”, según se nos enseñaba repetidamente en las clases de Educación Cívica de la escuela secundaria? ¿Acaso el haber congeniado en una campaña política con algún nivel superior, partidario o no, conlleva la obligación de renegar de todo aquello que habían prometido cuidar y mejorar?

 

A este respecto, cabe recordar que el avance de las grandes mineras sobre los glaciares cordilleranos no es un asunto reciente. Irá para un lustro cuando se dio la denuncia, nunca desmentida, de que una de esas formaciones naturales había sido cortada por conveniencia a los intereses prácticos de la compañía que explotaba -y explota- el yacimiento, en los Andes áridos norteños.

 

De la hipocresía que se desprende de esos actos en que incurrieron varios legisladores, alcanza con dos ejemplos: el primero ocurrido en la provincia de Mendoza donde los “representantes populares”, gobernador mileísta incluido, hicieron oídos sordos a la multitud que se agolpaba a las puertas de la Legislatura advirtiendo y reclamando por los daños inevitables que las concesiones y consecuentes explotaciones mineras provocarían en las aguas de varios cursos mendocinos, que son la base de una economía provincial.

 

El otro ejemplo es sobre el mismo terreno, físico y conceptual, pero nos toca mucho más de cerca. Dos de los diputados pampeanos votaron a favor de las modificaciones a la ley. ¿Es que no sabían estos representantes que actualmente nuestro único recurso hídrico permanente es el río Colorado y que sus nacientes y escurrimiento están condicionados por los glaciares y su entorno?¿ Escapaba a sus conocimientos técnicos y políticos que –respetando el tratado que rige las cuotas asignadas a cada provincia de la cuenca- del caudal depende el abastecimiento actual, y también futuro, de gran parte de la población de La Pampa?¿Es que su ubicación y origen personal en la parte más lluviosa de la provincia los inhibió de la concepción global que rige el ambiente fluvial en la naturaleza?

 

A ese voto negativo no queda otra alternativa que atribuirle ignorancia o mala fe para con los intereses pampeanos.