La Pampa perdería $ 113 mil millones por coparticipación

“En el 2025, el superávit de las cuentas públicas nacionales lo sostienen las provincias”, afirmó el ex director general de Aduanas, Guillermo Michel. A través de un informe, el abogado y contador aseguró que las provincias “pierden 5.000 millones de dólares en el Presupuesto 2025 por las asignaciones específicas que afectan la coparticipación”. La Pampa no recibiría 113.872 millones de pesos.

El documento de Michel fue compartido en una nota de opinión de La Política Online. El mismo indica que el Presupuesto 2025 proyecta una recaudación total de 175 billones de pesos. Excluyendo los Derechos de Exportación e Importación, el Impuesto sobre Créditos y Débitos Bancarios y demás tributos y tasas con asignaciones específicas (pero de menor cuantía), esta masa de recursos se distribuye según los parámetros de la Coparticipación Federal de Impuestos.

Este esquema establece que la distribución primaria se hará de acuerdo a los siguientes porcentajes: 42,34 % en forma automática a la Nación (de este porcentaje se reasigna un 0,70% para Tierra del Fuego y un 1,40% a la CABA); 54,66 % en forma automática al conjunto de provincias adheridas; 2 % en forma automática para el recupero del nivel relativo de las siguientes provincias: Buenos Aires 1,5701 %; Chubut 0,1433 %; Neuquén 0,1433 %; Santa Cruz 0,1433 %; 1 % al Ministerio del Interior para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias.

En definitiva, y luego de las detracciones, el 57,66 % de los recursos -con las excepciones ya señaladas- deberían terminar en las arcas provinciales. Sin embargo, existen tres asignaciones específicas que implican una resignación de recursos para las provincias de 6 billones de pesos (considerando el tipo de cambio del presupuesto a diciembre de 2025 son 5.000 millones de dólares aproximadamente): la asignación específica del 11 % de IVA; los fondos y fideicomisos del impuesto a los combustibles; y el componente impositivo del monotributo que se asigna a la Seguridad Social.

Detalles de asignaciones.

La ley 20.631 que creó el Impuesto al Valor Agregado fue sancionada el 27 de diciembre de 1973 y comenzó a regir en 1975. Su creación suponía el reemplazo al impuesto a las ventas (de carácter nacional) y el impuesto sobre las actividades lucrativas (provincial). En 1991, se decidió la afectación del 11 % de lo recaudado por el IVA al Régimen Nacional de Previsión Social. Esta medida se mantiene en la actualidad y con vigencia hasta el año 2027.

Los impuestos sobre los combustibles (naftas, gasolinas, solvente, aguarrás, gasoil, diésel oil y kerosene) se distribuye de la siguiente manera: 10,40 % al Tesoro Nacional y 10,40 % a las provincias. El 79,2 % restante tiene las siguientes asignaciones específicas (que no implican una distribución directa a las provincias, dado que la administración de estos recursos específicos no responde siempre a parámetros objetivos): 15,07 % al Fondo Nacional de la Vivienda; 28,69 % al Sistema Único de Seguridad Social; 4,31 % al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica; 28,58 % al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y 2,55 % a la Compensación Transporte Público.

“Esto sin contemplar la importante masa de recursos que pierden muchas provincias por el gasto tributario que implica la diferencia entre las sumas fijas aplicadas sobre las ventas de naftas y de gasoil y en la exención que rige para los combustibles utilizados en la zona sur del país. En el presupuesto 2025 el gasto tributario proyectado por este ítem asciende a $ 2,8 billones, equivalentes a 0.36 % del PBI”, aclaró Michel.

El componente impositivo del monotributo no se distribuye en su totalidad según los parámetros de la ley de Coparticipación, sino que: 30 % se destina a las provincias, de acuerdo a distribución secundaria, y; 70% a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Esta asignación específica vence en 2027.

Histórico.

A modo de conclusión, el contador explicó que “con el pasar de los presupuestos las provincias han ido perdiendo recursos coparticipables en detrimento de lo asignado al Tesoro Nacional. La única excepción relevante a esta regla fue el DNU 206/2009, que creó el Fondo Federal Solidario, con la finalidad de financiar en Provincias y Municipios obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial”.

El decreto asignaba el 30 % de las sumas que el Estado Nacional percibiera en concepto de derechos de exportación de soja, en todas sus variedades y sus derivados, pero el esquema fue derogado en agosto de 2018 luego del que el Directorio Ejecutivo del FMI aprobara un Acuerdo Stand-By por USD 50.000 millones para Argentina.

“Lo novedoso de la situación actual es que nunca las provincias vieron tan afectadas las transferencias por parte del Gobierno nacional. Ya sea trasferencias directas como así también la eliminación de rubros como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid)”, apuntó el ex director de Aduanas.

Sostuvo que “si el Gobierno nacional avanza en la transferencia de obligaciones a las provincias, las provincias deberán reclamar fondos que les pertenecen y que son ‘retenidos’ por leyes y decretos que establecen asignaciones específicas a determinados recursos coparticipables. Si esto no se revisa, en el 2025 el superávit de las cuentas públicas nacionales lo sostienen las provincias”.

Como se mencionó más arriba, si no existieran esas afectaciones específicas habría 5 mil millones de dólares en la masa coparticipable y a La Pampa, en 2025, le correspondería recibir 113.872 millones de pesos, es decir 9.486 millones por mes. Ese mismo número sería para la Ciudad de Buenos Aires; y en los extremos, para la provincia de Buenos Aires serían 1,2 billones de pesos y Tierra del Fuego 77.913 millones de pesos.