Lijo y Stornelli duermen la denuncia por sobreprecios

La causa penal por la presunta compra irregular de armas en el año 2017, durante la gestión de Cambiemos, que involucra a Fabricaciones Militares y complementariamente a las provincias de La Pampa y San Juan, permanece congelada en el Juzgado Federal Nº 4, cuyo titular es Ariel Lijo.

 

Según el portal "El cohete a la luna", la falta de avances en la investigación podría explicarse con la identidad del fiscal a cargo de impulsar la investigación: Carlos Stornelli, un magistrado procesado por espionaje y corrupción que se dedica a investigar exclusivamente denuncias contra funcionarios justicialistas.

 

En un artículo titulado "Adiós a las armas. Hiberna la denuncia por la compra directa y con sobreprecios de 10.000 pistolas Beretta durante el macrismo", el periodista Diego Kenis sigue el rastro de la presentación formulada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) en diciembre de 2021, denunciando la adquisición irregular las pistolas PX4 Storm 9 milímetros a la fábrica italiana Beretta, por 5 millones de euros, sin licitación y con un pago de sobreprecios calculados en el 52% sobre su valor real.

 

La nota remite a dos publicaciones aparecidas en LA ARENA a principios de este mes, y recuerda que en esta provincia la compra fue autorizada por el comisario general retirado Roberto Osvaldo Ayala, por entonces jefe de la Policía provincia, mientras Juan Carlos Tierno era ministro de Seguridad y Carlos Verna, gobernador.

 

Pagaron el triple.

 

Según la denuncia, una parte de este armamento fue revendido por FM a CABA, San Juan y La Pampa, con nuevos sobreprecios. La provincia cuyana compró 800 pistolas por 10,4 millones de pesos, y La Pampa desembolsó 3,12 millones por 160 unidades, es decir 13.000 pesos por cada arma adquirida. Estos montos representaban "el triple del valor real determinado para los importadores, según lo informado por la AFIP".

 

La presentación de la PIA ante la justicia fue motivada por una denuncia formulada desde la fábrica argentina Bersa SA. Esta planta industrial, con sede en Ramos Mejía, advirtió que la compra omitió el proceso de selección de oferentes mediante licitación pública y se realizó mediante un pago por anticipado y con sobreprecios, de acuerdo a la cotización del euro y los valores declarados por otros importadores.

 

La reconstrucción del Ministerio Público Fiscal ratificó que la compra debió hacerse vía licitación púbñica, ya que no cumplía las condiciones de un único proveedor disponible. Por el contrario, el informe señala que las características estéticas, ergonómicas y funcionales de las pistolas Beretta son idénticas a un modelo fabricado por la denunciante Bersa, demostrando que estas armas importadas no resultaban únicas en el mercado.

 

Un argumento utilizado para sustentar la contratación directa fue que la Policía Metropolitana de la CABA ya utilizaba pistolas Beretta, pero ello no resulta suficiente para cubrir las condiciones de "proveedor único" ni, mucho menos, para justificar el pago de sobreprecios.

 

Compra directa.

 

Según el informe en poder de Stornelli y Lijo, en La Pampa "no fue objeto de estudio el expediente administrativo provincial para la compra de las armas". Igualmente, "se verificó que el Comisario General (R) Roberto Osvaldo Ayala emitió la orden de Provisión de Bienes y/o Servicios Nº 222324 para la adquisición de 160 pistolas Calible 9milímetros, marca Beretta PX4 Storm, por el precio unitario de 13.000 pesos" por lo cual "corresponde la individualización y pertinente análisis sobre su posible participación en el hecho".

 

El Tribunal de Cuentas de nuestra provincia, presidido por Marita Mac Allister, no objetó la compra de las pistolas. Según el organismo de control, en 2016 ya se había concretado una compra de 100 pistolas mediante el mismo mecanismo, la compra directa. Hacerlo de esta manera resultaba una excepción permitida por el Artículo 34, inciso C, subinciso 3, de la Ley 3, porque el vendedor resultaba una repartición "estatal o que tiene participación estatal", en este la Dirección General de Fabricaciones Militares. En ambos casos hubo "controles previos que autorizaron" la operación.

 

En 2019, La Pampa volvió a comprar pistolas 9 milímetros para la Policía, pero en esa oportunidad el gobierno provincial decidió recurrir a una licitación pública. La ganadora del proceso fue Casa Ciafoni y cada unidad costó 19.290 pesos. Hasta el año pasado, la figura del Jefe de Policía se equiparaba al rango de ministro, lo que le otorgaba facultades para ordenar compras directas y convocar a licitaciones. En la actualidad, sólo puede solicitar cotizaciones.