Megaestafa ganadera: las empresas llegaron a un acuerdo

(General Pico) - El consignatario de hacienda cordobés, Carlos Lanser, que estaba imputado de encubrimiento en una causa por una megaestafa contra una empresa ganadera pampeana, llegó a un acuerdo económico confidencial, que destrabó el conflicto y conducirá al archivo de la causa penal. A través de las redes sociales, el empresario dijo que el conflicto entre ambas empresas ganaderas quedó y agradeció la celeridad con la que actuó la Justicia pampeana.

Semanas atrás, en el marco de una investigación penal, la Justicia piquense ordenó el secuestro de 1060 animales vacunos del campo “Carlos III”, ubicado en la localidad cordobesa de Chaján, en el que funciona un feed lot de la firma de Carlos Lanser. Esta diligencia judicial se llevó a cabo luego que la empresa de Rancul, San Jorge Cereales y Hacienda S.A, denunciara que los animales que los más de mil animales que había vendido (y no había cobrado) el año pasado a la firma San Pablo Oeste, de General Pinto, Buenos Aires, habían sido llevados al campo de Lanser. La Policía cordobesa, semanas atrás, en un importante allanamiento, secuestró los animales y los depositó en un campo de la localidad de Fortuna, San Luis, propiedad de la firma pampeana.

Tras ello, Lanser se presentó de manera espontánea en los Tribunales de Pico, junto a sus abogados, quienes pidieron la nulidad del allanamiento y la devolución de los animales. Luego, se ordenó esta semana, verificar la titularidad de los animales secuestrados. Para esto, las partes concurrieron al campo de San Luis, con peritos veterinarios, a realizar una tarea que demandaría por lo menos cinco días, consistente en pelar a los animales, descubrir las marcas de fuego y establecer la trazabilidad y la propiedad de los mismos.

Acuerdo.

En el medio de esta tarea, las partes llegaron a un acuerdo económico, del que no trascendieron demasiados detalles, dado que las empresas involucradas, la firma pampeana y la de Lanser, optaron por la confidencialidad del convenio.

Como consecuencia de este acuerdo, una parte de los animales fueron restituidos a Lanser y el resto, quedaron en poder de la empresa pampeana, aunque no trascendieron las cantidades de esta distribución.

“Hemos podido solucionar un problema y muy agradecido con la justicia de La Pampa que actuó en tiempo récord, en enero y en feria judicial”, dijo el empresario cordobés, en un video que publicó en sus redes sociales.

Por su parte, el fiscal general Armando Agüero, refirió que “nos hemos constituido a los efectos de recabar información sobre la hacienda y todo lo que tiene que ver con la identificación de la misma”. Luego, indicó que “las partes llegaron a un acuerdo confidencial donde han resuelto la situación para una mejor relación comercial”. También marcó que “habiendo terminado las medidas se encuentra la situación solucionada”.

El fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia con asiento en General Pico, informó que de esta manera, tras haberse arribado a un acuerdo económico entre ambas empresas, la causa penal que se cursaba en contra de Lanser por el delito de encubrimiento, quedará archivada.

Estafa.

Sin embargo, sigue su curso la otra causa penal, que se inició en ese caso contra la firma San Pablo Oeste, de la provincia de Buenos Aires, que está acusada de haber comprado a la empresa de Rancúl, más de mil animales vacunos valuados en su momento en una cifra de 800 millones de pesos. La empresa pampeana entregó los animales y al momento del cobro, los cheques que recibió fueron rebotados por falta de fondos.

Los hechos fueron denunciados en mayo pasado y la Justicia piquense imputó por el delito de estafa a Ana Paula Courreges y a Iván Fiorini, una pareja de General Pinto, representantes de la empresa San Pablo Oeste S.A. A los imputados, en su momento se les formalizó una Investigación Fiscal Preparatoria y quedaron detenidos con prisión domiciliaria en General Pico, durante tres meses. En la actualidad, gozan de libertad, aunque con medidas restrictivas, sustitutivas de la prisión preventiva. La causa penal contra ellos, sigue su curso y podría terminar en un juicio oral, dado que no ofrecieron ningún tipo de reparación económica.