Mendoza adhirió al RIGI

El Senado de Mendoza ratificó ayer el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y la provincia se sumará a la estrategia nacional que pretende la reactivación de proyectos económicos con la posible llegada de inversiones con sumas mayores a los U$S 200 millones, que tendrán beneficios impositivos de índole nacional.
El proyecto de ratificación a los artículos de la ley Bases votada en el Congreso, ya había obtenido la semana pasada despacho favorable en comisiones; y ayer se aprobó en el recinto de la Cámara Alta. La votación dio como resultado 24 votos a favor y 14 en contra (todo el PJ y parte de LUM se pronunciaron en contra).
En paralelo, hubo también un reclamo de antimineros en la puerta de la Legislatura, quienes aseguran que la aprobación del RIGI en Mendoza será la “puerta de ingreso” de las grandes empresas mineras, particularmente las metalíferas; y también sostienen que “está en juego la ley 7.722?.

Voces en contra.
El senador peronista Gerardo Vaquer sostuvo que el RIGI “es una grave amenaza para los derechos y recursos de los mendocinos”. Para el legislador, el régimen “pone en riesgo nuestra soberanía sobre los recursos naturales y las leyes que hemos construido para protegerlos” y que la medida “podría invalidar normativas locales como la Ley 7.722, que resguarda el agua y nuestro futuro”.
En sintonía con lo que planteó el gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, Vaquer afirmó que “el RIGI abriría la puerta a proyectos que, bajo el amparo del ‘interés nacional’ podrían devastar el medio ambiente y comprometer la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones”, marcó.
En tanto, la jefa de bloque del PJ, Adriana Cano, sostuvo el RIGI conlleva “un sinfín de permisos, autorizaciones, más quitas de tarifas tanto por exportación como por importación a grandes capitales extranjeros, que son los que van a traer y volverá a la economía primaria en Mendoza, que significa que no se industrializará absolutamente nada en la provincia, con recursos naturales de la provincia”.
Por último, desde el bloque del PJ en un comunicado aseguraron que “Cornejo se empeña en regalarnos” y que “éste es un modelo perverso”. “Volveremos a ser un país saqueado y no industrializado. Nuestro voto es negativo en defensa y protección de los recursos naturales, la industria y la soberanía nacional para las futuras generaciones”.

Postura pampeana.
Ayer por la mañana, el gobernador Ziliotto manifestó su preocupación por la adhesión de la provincia cuyana al RIGI. “Es un texto que nos pone en alerta, como mínimo soslaya, y no sé si avasalla, las competencias provinciales en la disposición libre de nuestros recursos naturales… Se está planteando que deroga lo que es la ley que prohíbe en Mendoza la minería a cielo abierto, la famosa ley 7.722, que tanta lucha han llevado adelante organizaciones civiles de esa provincia”, advirtió el mandatario en el anuncio de la denuncia que presentará La Pampa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recuperar el río Atuel. 

“Ataca al medioambiente”.
Greenpeace expresó su “rechazo rotundo y preocupación” por la aprobación del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que está incluido en la Ley Bases. La ONG internacional aseguró que “compromete al ambiente, los ecosistemas y a la salud, al permitir que grandes corporaciones extractivas de sectores como la minería y los hidrocarburos tengan acceso prioritario a los bienes comunes de la naturaleza como el agua, por sobre el uso de las personas y habilitando ganancias económicas extraordinarias a través de exenciones impositivas y jurídicas por 30 años, en detrimento de las economías locales”. 
Además, señalaron que “la normativa no impone condiciones de evaluación de impacto de los proyectos que sean aprobados y no garantiza la consulta a las poblaciones locales, pueblos indígenas y ciudadanía. Esto no se condice con la Constitución y los tratados internacionales firmados por Argentina en materia ambiental y de derecho indígena”.
En la misma línea, expresaron que “ninguna inversión puede poner en riesgo el acceso al agua, la energía y otros bienes esenciales para la población ni contribuir con el deterioro del ambiente, indispensable para la vida. La aprobación de este régimen no está en línea con las regulaciones de protección ambiental vigentes tan necesarias en tiempos de crisis climática y de biodiversidad”.