“No crearon ningún gasto adicional”

El presidente “argumenta que se crea un impuesto sin determinar de dónde sale la recaudación, pero eso es falso. El Congreso no creó ningún gasto adicional porque la ley solo establece que el presupuesto universitario debe actualizarse por inflación”, aclaró Oscar Alpa. En diálogo con Radio Noticias (FM 99.5), el rector de la UNLPam recordó que “por lógica recaudatoria, el IVA y los demás impuestos que financian la educación pública aumentaron por inflación, de modo que los ingresos están y esto no genera inflación ni afecta el equilibrio fiscal. Hay recursos genuinos para afrontarlo y la negativa responde a motivos políticos, no económicos”, advirtió.

 

Sin embargo, Javier Milei “anunció que aplicará un veto total, a pesar de que el 83 por ciento de los senadores que votaron a favor es un porcentaje mucho mayor que el del voto presidencial”, lamentó. Y aclaró que no sabe “cuál es el plan, si un arancelamiento o la destrucción del sistema universitario público”, pero alertó que “si destruyen el sistema público, las universidades privadas no tienen capacidad suficiente ni están preparadas para absorber nuestros dos millones de estudiantes”.

 

Consideró que “tal vez en algunas décadas podrían lograrlo, pero sin ninguna duda bajará la calidad histórica de nuestro sistema universitario, ocasionando que emigren los investigadores y que los estudiantes secundarios de todo el país dejen de tener su histórica opción de seguir estudios superiores”.

 

Se viene otra marcha.

 

Para ofrecer una respuesta unificada contra el veto, “el martes que viene habrá una convocatoria ampliada del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que incluirá a todos los rectores, las federaciones de docentes y no docentes y la Federación Universitaria Argentina (FUA), con el objetivo de plantear la fecha para una nueva jornada de movilización y visibilización”. En esta ocasión el reclamo “incluirá el financiamiento 2024 y 2025, porque el domingo presentaron el Presupuesto del año que viene, con un retraso salarial superior al 50 por ciento y sin actualizar los gastos de funcionamiento ni los programas de ciencia y técnica”.

 

En este contexto, Alpa aclaró que “necesitamos generar conciencia de que esto puede desaparecer” y reiteró que “no se trata de una cuestión de arancelamiento ni hay un problema financiero. Lo que pretenden es destruir el sistema”. Y comparó la situación argentina con España, Alemania y Brasil. “Hasta ahora Argentina destinaba el 0,8% del PBI para el sistema universitario, exactamente lo mismo que España, donde la universidad está arancelada. Y Alemania, donde también funciona un sistema gratuito, dedica a sus universidades el 1% del PBI”. Y esto es así “porque los países serios invierten importantes recursos en capital humano”, aclaró.

 

Al igual que Alemania, “el acceso en Brasil es gratuito pero no irrestricto, porque hay un examen muy restrictivo con cupo muy apretado para las carreras con mayor demanda”. Según Alpa, el resultado es que “las clases altas son las únicas que acceden a la universidad, y financiadas por el resto del pueblo. Es una desigualdad histórica que los brasileños han intentado cambiar varias veces”, recordó.

 

En cambio “Argentina mantiene condiciones únicas, sin aranceles y con ingreso irrestricto”, aclaró. En nuestro país “hay 60 universidades públicas y 60 privadas, pero el 81 por ciento de los estudiantes cursa en el sistema público”, concluyó.

 

“Es un asesoramiento”.

 

Durante la entrevista, Alpa fue consultado sobre la queja de profesionales locales por la “contratación de una especialista de la Universidad de Buenos Aires (UBA), bajo modalidad de locación de servicios, para coordinar un programa institucional vinculado a la accesibilidad”. Según un artículo publicado en nuestra edición de ayer, el reclamo está vinculado al lugar que ocupa la magister Silvia Dubrovsky desde el año 2022: “es increíble que contraten a una docente de Buenos Aires cuando somos muchos acá que podríamos concursar ese cargo”, lamentó la persona que cuestiona esa decisión.

 

Alpa aclaró que esa contratación fue realizada mientras él estaba de licencia (ejercía como secretario de Políticas Universitarias) pero consideró que “en esa área todos son docentes históricos de nuestra universidad y casi todos provienen de gestiones anteriores”.

 

“No conozco en detalle la situación porque corresponde a otro equipo de gestión, pero es un área donde siempre se desempeñan docentes de General Pico. Sé que tenía más horas pero ahora se redujeron a una cantidad mínima, y es una profesional que estuvo siempre vinculada a la universidad. Nosotros no contratamos docentes afuera. En estos momentos aparecen muchos cuestionamientos, pero la UNLPam funciona con transparencia para todas las decisiones de rector y de Consejo Superior, cada resolución que se adopta se comunica inmediatamente”, recordó.

 

De todas maneras, aclaró que “su tarea es asesoramiento y para ese tipo de funciones no corresponde un concurso, porque no es un cargo docente ni resulta una función permanente: es un asesoramiento específico requerido por un área de una facultad en General Pico”.