Obras sociales, en delicada situación

“Se va a saturar la Salud Pública porque ya tenemos muchos cortes en obras sociales” de sindicatos y el sector privado. La advertencia la realizaron representantes de veinte gremios que ayer estuvieron en la Comisión de Legislación Social de la Cámara de Diputados provincial.

 

El secretario general del Centro Empleados de Comercio, Rodrigo Genoni, actuando un poco como vocero de los gremios, le dijo a LA ARENA que fueron citados porque le habían pedido a los diputados “una audiencia para plantear cuál es la situación que están atravesando todas las obras sociales, incluida la provincial. Creemos que con este ritmo de prestación y los costos, el valor que se les está dando a las prestaciones, el sector privado va a terminar volcándose todo al sector público porque no hay más plata para pagar lo que se cobra”, sostuvo de entrada.

 

Situación “grave”.

 

Ante una pregunta concreta de este diario calificó la situación como “grave y dio datos concretos. “Para dimensionar la problemática hay que decir que un grupo familiar recibe en promedio $80.000 por mes en su obra social. De ese monto, $30.000 provienen del aporte del trabajador y $50.000 del empleador. Con esos recursos debemos garantizar atención integral: consultas, medicamentos de alto costo, internaciones, HIV, cáncer, partos, discapacidad. Todo con $80.000 por mes”, insistió.

 

Los ‘90.

 

El dirigente recordó que la desregulación de los años ’90 afectó gravemente al sistema solidario, ya que las prepagas captaron a los afiliados jóvenes y sin cargas familiares, dejando a las obras sociales sindicales con los sectores de mayor edad, mayores necesidades y menores ingresos. “El sistema funciona porque todos aportan a un fondo común. Si se quitan los altos ingresos y se concentran los pacientes de mayor complejidad en las obras sociales sindicales, el sistema se rompe”, advirtió.

 

También señaló las crecientes dificultades en la negociación con colegios profesionales y asociaciones de clínicas. “Hay obras sociales que no cuentan con traumatología, infectología, dermatología ni odontología. Los convenios muchas veces se condicionan de manera corporativa, y cuando no se aceptan las condiciones, los profesionales suspenden los servicios”, indicó.

 

Lo que facturan.

 

Marcó cuál es la brecha entre lo que se paga en el sistema privado y lo que perciben los profesionales en el sector público. “Un médico en hospital gana $1.300.000 part-time o $2.600.000 full-time. Sin embargo, hay especialistas en el sector privado que facturan entre 8 y 10 millones de pesos por mes y aún así interrumpen servicios para reclamar incrementos. Esta asimetría desalienta el trabajo en el hospital y agrava la falta de médicos en el interior de la provincia”, explicó.

 

Sostuvo que la situación termina repercutiendo directamente en los trabajadores. “Cada corte en una especialidad deriva en que nuestros afiliados sean atendidos en el hospital público, que nos vuelve a cobrar los servicios. En los hechos, los trabajadores pagan dos veces: a través de sus impuestos y a través de la obra social”, enfatizó.

 

Cobros indebidos.

 

Genoni alertó sobre prácticas irregulares que agravan el panorama: cobros indebidos en dólares, exigencias de pagos por fuera de convenio y falta de regulación en la instalación de servicios de diagnóstico. “Hay familias que deben endeudarse para afrontar gastos en negro de hasta 1.000 dólares. El perjuicio social es enorme y necesitamos abrir un debate serio para recuperar un sistema de salud más justo y accesible”.

 

Se ocuón de apunta que hay situaciones preocupantes que afectan directamente la calidad de la atención en la provincia. “Nos informan que los últimos partos realizados fueron todos por cesárea y todos en horario nocturno. ¿Por qué? Porque los honorarios se pagan mejor de noche. Esto refleja un desvío que nada tiene que ver con la salud de la madre y el niño, sino con un criterio puramente económico”, advirtió.

 

Colegios profesionales.

 

Asimismo, señaló la posición de debilidad en la que se encuentran las obras sociales sindicales frente a los colegios profesionales. “Cuando no están de acuerdo con lo que pagamos, nos cortan los servicios de manera unilateral. En cambio, si detectamos una mala praxis en un profesional, no tenemos herramientas para separarlo. Si contamos con 300 médicos clínicos, pero nuestra obra social podría cubrir la demanda con 150, no podemos elegir: o trabajamos con todos, o no trabajamos con ninguno”, explicó.

 

El secretario del CEC remarcó que estas tensiones no perjudican a las instituciones, sino a la comunidad en su conjunto. “No se trata de las obras sociales, se trata de la gente. Son las familias trabajadoras las que quedan atrapadas en estas disputas corporativas”, afirmó.

 

Gran desigualdad.

 

Ante los diputados los sindicalistas se refirieron a la desigual distribución de recursos y profesionales, señalando que, mientras algunos médicos facturan sumas millonarias al mes, hay regiones del interior pampeano sin especialistas para atender a la población. “No tenemos médicos en localidades como Acha, Macachín, San Martín o Rancul. En muchos casos, la única respuesta es la salud pública, que termina asumiendo costos que deberían cubrir las obras sociales”, explicó.

 

“Una sangría”.

 

Genoni señaló también que la sobre oferta de estudios de diagnóstico por imágenes representa “una sangría para las obras sociales”, y alertó sobre la falta de especialidades críticas: “En diez años no vamos a tener cardiólogos ni ginecólogos”, sostuvo.

 

En el final de su informe a los legisladores, Genoni dio pautas de la fragilidad del sistema solidario frente a la creciente incorporación de monotributistas, jubilados y trabajadores con aportes bajos. “El sistema se sostiene porque las obras sociales sindicales seguimos cubriendo lo que las prepagas no aceptan: discapacidad, enfermedades preexistentes y adultos mayores”, aseguró.

 

Mesa de consenso.

 

María Laura Trapaglia (Pro-Mid), presidenta de la Comisión de Legislación Social, dijo al cabo de la reunión que la intención es conformar una mesa de trabajo para elaborar un despacho y convocar a otros organismos vinculados con el sistema de salud.

 

Por su parte los representantes de las obras sociales de los sindicatos y privadas proponen que se arme “una mesa de consenso, de diálogo”, para que la comunidad tenga las prestaciones que necesita.

 

Señalaron que la Cámara de Diputados lo que puede hacer “es legislar, regulando primero cuál es el tema de las facultades, y también armar una junta social donde se integren los financiadores, el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. “Para sostener el servicio tiene que haber un consenso social de cómo se distribuyen los ingresos que entran a las obras sociales de la provincia”, afirmaron.

 

Rodrigo Genoni por su parte remarcó la necesidad de que los colegios profesionales actúen con mayor compromiso y capacidad de regulación. “Cuando menos profesionales hay en una especialidad, más corporativos se vuelven los colegios. Necesitamos empatía y solidaridad con la comunidad”, indicó.

 

Además también cuestionó la incorporación de nuevas prestaciones al Programa Médico Obligatorio (PMO) sin previsión de financiamiento: “Cada vez que se agrega una práctica, hay que preguntarse quién la paga, porque los ingresos de las obras sociales son siempre los mismos”.