Pagos y aprietes: piden al juez que detenga a Adorni

El contratista encargado de las refacciones de la casa del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el country de Indio Cúa, declaró ayer en Comodoro Py y aseguró que recibió pagos en efectivo y sin factura por un total de u$s245.000.

El constructor, Matías Tabar, explicó que los trabajos duraron varios meses e incluyeron intervenciones de fondo en una propiedad de aproximadamente 400 metros cuadrados.

Según publicó Ambito, el contratista aseguró haber recibido un pago en efectivo de u$s245.000 por trabajos de remodelación en una propiedad vinculada al Jefe de Gabinete.

Las obras incluyeron intervenciones integrales en la vivienda, construcción de pisos y paredes nuevas, artefactos de baños, la instalación de una piscina y una mencionada cascada.

La vivienda investigada está ubicada en un country del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, cuenta con aproximadamente 400 metros cuadrados y figura a nombre de Bettina Angeletti, esposa del funcionario.

La propiedad habría sido adquirida en 2024 por un valor cercano a los u$s120.000, una cifra muy inferior al monto que se destinó posteriormente a su remodelación.

Llamados.

Por otra parte, Tabar declaró que Adorni lo contactó antes de la declaración y le dijo que necesitaba hablar con él. Tabar relató que hablaron telefónicamente y que Adorni le ofreció ayuda o la posibilidad de que su equipo lo asesorara por el tema de la declaración.

Tabar dijo que inicialmente lo consideró, pero luego consultó con una persona y decidió rechazar ese contacto para evitar que pareciera que estaban condicionando su declaración.

En su declaración aportó varios elementos centrales para la investigación: confirmó la existencia de una remodelación integral; reconoce un presupuesto inicial cercano a los u$s94.000 que luego habría escalado hasta aproximadamente u$s245.000; todos los pagos fueron realizados por Manuel Adorni en efectivo y en dólares; confirmó que no hubo facturas ni recibos; aportó fotografías, videos, presupuestos y documentación interna.

Desmentida.

En el entorno del jefe de Gabinete desestimaron dicha declaración. “Ese no es el monto”, afirmaron, para luego comentar cuáles serán las acciones a seguir.

“Cualquiera que conozca mi casa sabe que no vale ese dinero”, habría comentado Adorni a sus allegados.

La intención del jefe de Gabinete sería “mandar a hacer una inspección ocular”. De hecho, les llamó la atención el monto “los costos nos parecen exagerados” asimismo señalaron que “cuenta con la buena voluntad del arquitecto que nos iba a entregar la factura por todos los costos y gastos realizados”, al tiempo que admiten que el profesional “nunca entregó la factura”.

Pedido de detención.

Por su parte, la diputada Marcela Pagano solicitó la detención del jefe de Gabinete por, supuestamente, "haber apretado a un testigo" previo a su declaración.

Según publicó el mismo medio, la legisladora dijo que hay dos causales por las cuales se le puede pedir la detención a Adorni: riesgo de fuga y entorpecimiento en la causa.

Pagano presentó la solicitud al juez Ariel Lijo, basada en la doctrina “Irurzun” por analogía agravada al funcionario en ejercicio. En ese sentido, lo acusa de haber contactado a un testigo clave, el arquitecto Matías Tabar, antes de que declarara bajo juramento.

La doctrina "Irurzun" es es un criterio judicial argentino que justifica la prisión preventiva de ex funcionarios o personas con poder si se presume que sus lazos funcionales o "relaciones residuales" pueden entorpecer la investigación.

Según la denuncia, Adorni le habría ofrecido “ayuda” y el contacto de su “equipo”, además de que se habrían borrado mensajes de WhatsApp vinculados a ese intercambio.

La diputada se hizo eco de las versiones periodísticas sobre la declaración en la Justicia de Tabar ante el fiscal Gerardo Pollicita. "Según estas versiones, Tabar habría recibido contacto de la gente de Adorni para borrar conversaciones a cambio de beneficios, borrar pruebas del teléfono", indicó.

Además sostuvo que el hecho se agrava porque Adorni se encuentra en pleno ejercicio de su cargo, lo que le otorga mayor capacidad de influir sobre testigos, organismos públicos y el desarrollo del expediente.

Como alternativa a la detención, Pagano solicitó prohibición de contacto con testigos, retención del pasaporte, caución económica y preservación de comunicaciones.