Piden imputación por violencia

El miércoles, María Bexamia Luján Ale, la docente que pasado sufrió, junto a su pareja y un hijo de cuatro años, un violento intento de desalojo, amplió sus acusaciones en un programa radial de una emisora de Victorica, de donde es oriunda. Una de ella es a la Fiscalía de 25 de Mayo, a la que le reclama que, además de las imputaciones por amenazas y lesiones, incluyan la de violencia de género.

 

"Político del medio".

 

Al aire de Radio Loventue, la joven que fue agredida, amplió los detalles de la situación que ella y su familia viven en 25 de Mayo. Ale reveló que hace dos años iniciaron tratativas con un ex intendente y actual concejal. "Siempre tratamos con David Bravo, con él fuimos a ver la casa, era quien nos cobraba y nos extendía los recibos. Luego descubrimos que no coincidían ni la firma ni el documento que figuraba, nos enteramos que era una estafa, pero seguimos pagando", dijo.

 

"Después de un tiempo nos enteramos que la casa tenía varias irregularidades, por ejemplo deuda de las cuotas, impuestos municipales impagos, figuraba como que no estaba habitada. Entonces empezamos a tener contacto directamente con el IPAV", relató.

 

"Hicimos las tramitaciones -en el IPAV- y la pusimos a nombre de mi pareja que era quien firmó el contrato, y ahí comienzan los problemas". Entre ellos las amenazas de desalojo por parte de los hermanos Lisandro y Lázaro Durán, a los que apunta como "testaferros de Bravo".

 

"Luego el mismo IPAV nos pide que coloquemos todos los servicios a nombre nuestro, eso a ellos les molestó y empiezan los aprietes de hecho. Primero -en diciembre- nos rompen los vidrios y después todo lo que pasó el día lunes que es de público conocimiento", agregó.

 

Las presiones.

 

María Ale, contó detalles de lo que cree, una acción de acoso premeditada. En su diálogo radial, contó que en forma contemporánea al intento de desalojo, empleados de la Coospu y de Camuzzi, les retiraron los medidores que estaban a nombre de su pareja. En éste caso, fueron rápidamente rehabilitados los servicios cuando el tema fue trasladado a las respectivas jefaturas.

 

Otro punto planteado es la visita de personal policial horas antes del hecho de violencia. "Vinieron a decirnos que teníamos que desalojar por vencimiento del contrato, los invitamos a pasar y le mostramos nuestra documentación", señaló.

 

En este sentido, LA ARENA consultó a una alta fuente de la Unidad Regional IV, desde donde, admitieron que personal fue "a advertirles, a partir de datos de su tarea preventiva, la posibilidad de que los hermanos Durán, podrían intentar desalojarlos. Tal es así que el oficial les dejó su número de celular privado, y la presencia policial tras el llamado de la señora fue casi inmediato".

 

¿Y la Justicia?

 

La damnificada también extendió las quejas al funcionamiento judicial. "Contra esta gente la Fiscalía solo tomó la denuncia de que entraron a la casa, pero se negaron a imputarles violencia de género, a pesar de que les llevé los certificados del hospital por las agresiones físicas que me dejaron moretones y dolor en el lado izquierdo del cuerpo. Argumentaron que para que se configure debe haber un vínculo entre las partes", se quejó.

 

"Lo mismo pasa con la agresión hacia mi hijo de 4 años. Mi pareja lo tenía alzado, le dieron un empujón y cayeron al piso los dos. Me dijeron que solo empujaron al padre y que no al menor", añadió.

 

Finalmente la mujer planteó sus temores. "Les dieron 30 días de restricción de acercamiento de 300 metros, y la prohibición de contactarnos por cualquier medio. Pero tenemos miedo porque esta gente es pesada. Yo tengo dos trabajos en las escuelas de Puelén y 25 de Mayo, y mi pareja es playero en una estación de servicios. Nuestro niño queda gran parte del día al cuidado de una niñera y quedan solos en la casa. No tenemos abogado, y nos sugirieron que busquemos alguno que no sea de 25 de Mayo y que no conozca a Bravo", concluyó María Ale.