Cuando la memoria vence al negacionismo

La recuperación de la identidad de doce personas desaparecidas durante la dictadura militar-cívica en Córdoba, ratifica la necesidad de continuar con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, tan denigradas por el gobierno de Javier Milei.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

Mientras el discurso oficial, amplificado por trolls y periodistas amigos, intenta negar el genocidio cometido en Argentina por la dictadura de 1976-1983, y se cuestiona el número de personas desaparecidas, la realidad se muestra incontrastable. No se trata solo de testimonios brindados por sobrevivientes en procesos judiciales, porque aunque los militares pretendieron borrar todo rastro de los brutales crímenes que cometieron, haciendo “desaparecer” a personas secuestradas y asesinadas, la búsqueda incansable de familiares, organismos de Derechos Humanos y equipos científicos, sigue obteniendo pruebas irrefutables de esos crímenes.

 

Equipo.

 

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) fue creado a instancias del científico norteamericano Clyde Snow, y es una organización científica pionera en el mundo, por su trabajo de investigación, desde el contacto inicial con las familias hasta la restitución de los restos, pasando por el trabajo de búsqueda, recuperación y análisis de laboratorio.

 

El EAAF ha trabajado no solo en Argentina sino en diversos países con historias de genocidios y desapariciones de personas. Lo hizo en México, en la identificación de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa; en la ex Yugoslavia, en África, en el Líbano, en Irak, etc. Su trabajo es una de las expresiones más contundentes de la persistencia de la memoria: en la restitución de identidades, la reconstrucción histórica y en el aporte de pruebas judiciales irrefutables en causas por crímenes de lesa humanidad. Cada identificación no es solo un dato científico: es un acto de justicia.

 

Así fueron identificadas algunas de las víctimas de la Iglesia de la Santa Cruz, como las dos monjas francesas o la primera presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor.

 

La Perla.

 

En Córdoba, la causa judicial por la cual se investiga y se buscan restos de personas desaparecidas en el predio donde funcionara el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (Ccdtye) “La Perla”, bajo el mando del genocida general Luciano Benjamín Menéndez (militar ya fallecido con 13 condenas perpetuas), data de 1998 y fue iniciada por Adolfo Pérez Esquivel y la abogada María Elba Martínez, del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), junto con el periodista Horacio Verbitsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Hoy es llevada adelante por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, hijo y nieto de desaparecidos.

 

La dificultad mayor de esa causa era la enorme extensión de ese predio -14.000 has. - aunque por testimonios de sobrevivientes y del trabajador rural José Solanille, quien fue testigo de esos asesinatos y enterramientos clandestinos, se fue estrechando la búsqueda. La otra gran dificultad, fue que en 1979, cuando visitó el país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para constatar las violaciones a los DDHH, los militares ordenaron hacer excavaciones y movimientos de tierras, para ocultar esos crímenes. Así, la tarea de búsqueda y clasificación de restos de los técnicos del EAAF es doblemente difícil.

 

Sin embargo, ese trabajo científico ha tenido logros como la identificación de cuatro estudiantes de Medicina que habían sido asesinados en la Casita de Hidráulica (en las cercanías del Dique San Roque). Y ahora, las doce personas cuyas familias ya fueron notificadas y que hoy, en conferencia de prensa del Juzgado Federal, serán oficialmente dadas a conocer.

 

El hoy Espacio para la Memoria La Perla, fue el segundo más grande centro clandestino del país, después de la ESMA, y el más grande del interior. Funcionó bajo la órbita del Tercer Cuerpo de Ejército y se estima que por allí pasaron 2.500 personas secuestradas, la mayoría de las cuales permanecen aún desaparecidas.

 

Identidad.

 

Hasta ahora se han publicado los nombres de siete de esas doce personas: el abogado Eduardo Valverde, los obreros Ramiro Bustillo y Oscar Reyes, Raúl Ceballos, Mario Nívoli y una de las mellizas Adriana Carranza y Cecilia Carranza. Este último caso es conmovedor pues teniendo ambas perfiles genéticos idénticos, no se puede identificar de cuál de las hermanas se trata. Como dijeron sus sobrinas: “Recuperamos a Adriana o Cecilia, seguimos buscando a Adriana o Cecilia”.

 

En el caso de Ramiro Bustillo y Oscar Reyes, ambos militantes del Partido Comunista, eran trabajadores: el primero de la Fábrica Militar de Aviones y el segundo de la fábrica Fiat, sector Materfer. La mayoría de las personas desaparecidas, el 62 por ciento, eran obreros, activistas, delegados y/o dirigentes sindicales.

 

El abogado “Tero” Valverde fue defensor de presos políticos y en 1973 había sido asesor técnico del gobierno democrático de Ricardo Obregón Cano y Atilio López, ambos destituidos en febrero de 1974 por el golpe policial conocido como el “Navarrazo” y avalado por el general Perón.

 

La noticia fue conmovedora no solo para los familiares sino para gran parte de la sociedad cordobesa, que sigue apoyando las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, como queda demostrado cada año en las multitudinarias marchas los 24 de Marzo.

 

El encuentro de las familias, tras décadas de búsqueda, incertidumbre y dolor, con los restos de sus seres queridos, ha sido acompañado por una gran cantidad de mensajes de condolencias y ha tenido una difusión más allá de Córdoba, en todo el territorio nacional.

 

La noticia del hallazgo de estos doce restos es a la vez esperanza, en cuanto a conocer el destino de los y las que faltan, así como de los nietos y nietas nacidos durante el cautiverio de sus madres, más de 300, según los registros de Abuelas de Plaza de Mayo.

 

A pesar de este gobierno pseudo libertario y su discurso pro-sionista y negacionista de los crímenes de lesa humanidad, Argentina sigue dando al mundo un ejemplo en materia de DDHH, con juicios que han condenado a responsables de crímenes atroces, aunque la mayoría gocen de prisión domiciliaria y el presidente amenace con indultar.