Realicó: cuestionan el cambio en el sistema de vacunación contra la aftosa

El presidente de la Asociación Rural y de Fomento de Realicó, Carlos Arese, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de modificar el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa y advirtió sobre los riesgos sanitarios y comerciales que podría generar la implementación de un esquema privado. Sostuvo que el modelo de fundaciones permitió alcanzar resultados sanitarios importantes y consideró que no existen razones técnicas que justifiquen su reemplazo.

En diálogo con Infotec 4.0, el médico veterinario explicó los alcances de la nueva modalidad, que comenzará a regir el 1° de enero de 2027. A partir de entonces, los productores podrán elegir un veterinario particular para realizar la vacunación y adquirir las dosis en el lugar que consideren más conveniente. Quienes no opten por esa alternativa continuarán dentro del sistema actual, a través de las fundaciones sanitarias.

Para incorporarse al nuevo esquema, los interesados deberán realizar un trámite online ante el Senasa entre el 15 de octubre y el 15 de diciembre de este año. Tendrán que informar qué veterinario estará a cargo de la aplicación y dónde comprarán las vacunas. El profesional, que deberá estar acreditado ante el organismo, también tendrá que aceptar la solicitud. La nueva modalidad de vacunación comenzaría el 15 de febrero de 2027.

Arese aclaró que la inmunización seguirá siendo obligatoria en todo el territorio nacional y que las modificaciones no alterarán el calendario, sino la metodología de aplicación. Recordó que este año ya se eliminó la segunda campaña, que se realizaba en octubre y noviembre para la hacienda menor, y se mantuvo la primera junto con la revacunación de los terneros nacidos durante el año.

Riesgos sanitarios y comerciales

Desde su doble condición de veterinario y productor agropecuario, Arese manifestó sus reparos sobre la reforma. Aseguró que en las reuniones con representantes del organismo oficial preguntó reiteradamente cuáles eran las ventajas concretas del cambio, pero que no encontró explicaciones satisfactorias.

Admitió que la vacunación particular podría generar algún ahorro, aunque consideró que no sería significativo frente a los riesgos que implica modificar un sistema que funciona. “Me siento empujado a un sistema que ya fracasó”, afirmó, y definió la decisión como una medida política difícil de justificar desde el punto de vista técnico.

Su principal preocupación está relacionada con las consecuencias que podría tener un retroceso sanitario sobre la comercialización de carne. Señaló que la Argentina consiguió posicionarse en los mercados internacionales y que una reaparición de la enfermedad podría convertirse en un obstáculo para las exportaciones.

Recordó que históricamente la fiebre aftosa fue utilizada por los países compradores como una barrera paraarancelaria para restringir operaciones y presionar sobre los precios. “El que se quemó con leche, ve una vaca y llora”, expresó, al recordar las consecuencias económicas de las anteriores crisis sanitarias.

La experiencia de las fundaciones

Para explicar su rechazo a la modificación, Arese repasó la historia de la vacunación en el país. Indicó que entre 1960 y 1990 cada productor organizaba la inmunización por sus propios medios o contrataba a quien consideraba conveniente. Durante ese período, recordó, la Argentina convivió con focos permanentes de aftosa.

A partir de la década del 90 se organizó un sistema de vacunación mediante fundaciones sanitarias, con campañas periódicas y varias aplicaciones anuales. La mejora de la situación epidemiológica permitió reducir progresivamente las dosis hasta que en 1994 se registró el último foco de aquella etapa.

Sin embargo, hacia fines de esa década se decidió dejar de vacunar y durante el segundo semestre de 2000 se produjo un nuevo brote, que provocó restricciones comerciales y una fuerte caída de los precios de la carne.

El dirigente sostuvo que esas crisis tuvieron consecuencias profundas sobre la estructura productiva y estimó que el número de productores agropecuarios pasó de unos 600.000 a aproximadamente 280.000 en la actualidad.

Preocupación por los pequeños productores

Sobre la adhesión al nuevo esquema, Arese señaló que muchos productores de la zona todavía no definieron qué modalidad elegirán, aunque consideró que inicialmente existe una mayor predisposición a continuar con las fundaciones.

Estimó que los establecimientos de mayor escala podrían inclinarse por la vacunación privada, mientras que los pequeños productores tendrían mayores dificultades para afrontar los trámites y organizar el servicio.

En ese sentido, defendió el funcionamiento de las fundaciones, que son entidades privadas administradas por productores y que, según explicó, tienen una función solidaria. Destacó que atienden a quienes atraviesan dificultades económicas, registran atrasos en los pagos o cuentan con establecimientos alejados.

También valoró que el sistema garantiza el mismo precio por animal para productores grandes y pequeños, independientemente de la dimensión de sus explotaciones. En Realicó, precisó, la fundación llega a campos ubicados a unos 30 o 35 kilómetros de la localidad.

Respecto de los valores, indicó que la última vacunación representó un costo equivalente a unos 700 gramos de carne de novillo por animal, con aplicación y seguimiento incluidos.

Explicó que las fundaciones deben afrontar distintos requisitos para integrar el plan sanitario, como asegurar a todo el personal, reservar el 10% de las dosis para eventuales emergencias, contar con un jefe técnico permanente y sostener una estructura administrativa que permita auditar las tareas.

Reconoció que algunas de esas exigencias podrían flexibilizarse con el nuevo sistema y permitir una reducción de costos. Sin embargo, consideró que los veterinarios particulares también deberán contemplar una rentabilidad por el servicio, por lo que no espera diferencias económicas importantes.

Por último, advirtió que la incorporación de más actores podría complicar los mecanismos de fiscalización y planteó dudas sobre cómo se garantizará una cobertura cercana al 100% de la hacienda.

Ante posibles cuestionamientos sobre sus intereses en la defensa del sistema actual, Arese respondió: “Mi negocio es ser productor agropecuario y vender carne y leche”. Además, recordó que las fundaciones son auditadas anualmente y que los productores tienen la posibilidad de consultar y reclamar por los costos del servicio.