Río Atuel: la CIDH emplazó a Milei por una respuesta

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emplazó al gobierno nacional de Javier Milei en el plazo de tres meses a la petición que presentó el abogado pampeano Omar Gebruers para “cumplir o hacer cumplir” el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó a la provincia de Mendoza la liberación de un caudal mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo del río Atuel en el Puente de los Vinchuqueros, en el oeste provincial.

Gebruers presentó en septiembre de 2023 una medida cautelar ante la CIDH, con sede en Estados Unidos, para que el Estado argentino cumpla con el fallo del máximo tribunal de justicia del país.

Acompañado por la abogada Ana Herren, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional, Gebruers estuvo en Washington en representación de Alejandra Domínguez y Elsa Monzón, “dos crianceras caprineras” que resultan “víctimas damnificadas” por la falta de escurrimiento del río Atuel hacia la provincia. Ambas residen en el oeste pampeano, son ribereñas del cauce seco y están dedicadas a la cría de chivas.

Y esta semana finalmente llegó la respuesta de la CIDH, a la que tuvo acceso LA ARENA, que le envió una nota a Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República de Argentina, para que “tenga a bien presentar una respuesta a la petición dentro del plazo de tres meses, prorrogable si fuese necesario hasta un máximo de cuatro meses, conforme al artículo 30(3) del Reglamento de la CIDH”.

Y agrega: “En este sentido, se le informa que, transcurrido el plazo de los cuatro meses, esta Secretaría Ejecutiva verificará los criterios de la Resolución 1/16 sobre medidas para reducir el atraso procesal. Asimismo, se informa que, con base en lo previsto en el artículo 40(1) del Reglamento de la Comisión Interamericana, en cualquier etapa del examen de una petición o caso, por iniciativa propia o a solicitud de las partes, la CIDH se pondrá a disposición de la parte peticionaria y el Estado, a fin de llegar a una solución amistosa fundada en el respeto de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana, la Declaración Americana u otros instrumentos aplicables”.

La presentación que había hecho Gebruers fue acompañada con documentación que acredita todos los antecedentes del caso, y una copia del fallo emitido por la Corte del que ya se cumplieron más de cinco años. “Esa sentencia establece con palmaria claridad que la liberación del caudal debe ejecutarse inmediatamente para evitar que continúe el daño ambiental, y creemos que la CIDH no tendrá dificultades para comprender los argumentos de las damnificadas y dictar una resolución”, había dicho el letrado.

Gobierno.

Vale recordar que el año pasado, la CIDH aceptó la petición de La Pampa en el mismo sentido de la realizada por Gebruers.

“Este es un nuevo paso que damos como provincia. A mediados de agosto iniciamos un proceso a través del cual la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos hicieron una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y hoy con sorpresa podemos decir que la Comisión aceptó esa presentación y corrió traslado al Estado Nacional para que, en un tiempo perentorio, responda por qué no se está cumpliendo una sentencia de la Corte Suprema”, anunció en diciembre pasado el gobernador Sergio Ziliotto.

Acompañado por la vicegobernadora Alicia Mayoral; el rector Oscar Alpa; la fiscal de Estado, Romina Schmidt; el decano de Ciencias Económicas y Jurídicas, Francisco Marull; el secretario de Recursos Hídricos, José Gobbi; la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Vanina Basso; el presidente de la Fuchad, Alberto Golberg, y el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, Ziliotto advirtió que “los pampeanos seguiremos insistiendo y utilizando todas las herramientas institucionales para que el Atuel, definitivamente y en forma permanente, escurra por La Pampa. Es una lucha que nunca abandonaremos. Siempre defenderemos esta causa que nos atraviesa, está internalizada y refleja el sentido de pertenencia sobre nuestros recursos hídricos”.

También lamentó que “diariamente seguimos viendo que Mendoza ya no sabe cómo hacer para impedir que el Atuel llegue en forma permanente y natural, sin obras sino con acciones como dice el fallo”; confesó su esperanza de que “estos pequeños hitos” den resultado, y concluyó que “haciendo un análisis lógico y racional nos preguntamos si existirá otro país en el mundo cuya Corte Suprema de Justicia sea incapaz de hacer cumplir sus propios fallos”.

La otra petición.

En ese momento se le consultó a Gil Domínguez sobre la posibilidad de fortalecer el reclamo internacional acumulando esa causa con la presentación formulada por Gebruers ante la CIDH, y argumentó que “esa medida es una cautelar y sería decisión de la Comisión Interamericana si deben acumularse”.

No obstante, consideró que son diferentes. “En aquélla hay víctimas particularizadas solamente y en la nuestra víctimas particularizadas y también una denuncia de la comunidad pampeana como víctima integral de violación del ambiente” dijo. Además, consideró que esta propuesta “es innovadora porque en el sistema siempre se presentaron denuncia con víctimas individualizadas”.