“Tienen control del Tribunal de Cuentas”

“Se trata de fondos públicos que han tenido todos los controles por parte del Tribunal de Cuentas y las rendiciones han sido aprobadas”, contestó sin titubeos el ministro Diego Álvarez a este diario antes de ingresar a la reunión con las y los diputados. Hacía mención a los montos que el Gobierno provincial destina a programas sociales, y particularmente a atender problemáticas de la niñez.

 

Agregó que “el 80% de los montos de los convenios son para pago de salarios de los trabajadores que están en cada uno de los hogares que dependen de estas fundaciones. Sueldos de Utedyc, que son altos, y a eso se le suma que hay que pagar las cargas sociales. El resto, el 20%, es destinado a gastos de funcionamiento, alimentación, traslado, movilidad. Se trata de lugares y espacios de cuidado donde lo que se busca es darle a los chicos capacitación, educación, esparcimiento, deporte”.

 

Indicó el funcionario que se hace “mucha actividad fuera de esos espacios y se requiere de movilidad y una importante inversión. Lo que se busca es, a través de la intervención del Estado y como último resorte, que estos chicos puedan volver a tener un marco de oportunidades y de desarrollo en un contexto de crianza muy difícil que es lo que motiva que hubiéramos querido tomar alguna medida excepcional con ellos”.

 

Medidas excepcionales.

 

Explicó el ministro que hay convenios con cuatro fundaciones, tanto de General Pico como de Santa Rosa. “Trabajamos colaborativamente para dar respuesta a niños y niñas que se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad y están en esas circunstancias por medidas excepcionales que ha tomado el área de niñez. Ese abordaje se da en los lugares más especializados y más capacitados”.

 

Expuso que “hay una decisión del Gobierno provincial de invertir en materia social para darle respuesta siempre al que está en una situación de mayor vulnerabilidad y de mayor exposición”.

 

Recordó que en algún momento la institucionalización de niños y niñas eran pequeños hogares de menores, edificios del Estado donde hubo un matrimonio que tenía mucha solidaridad, mucha empatía y el Gobierno pagaba los gastos que demandaba”.

 

Nueva figura.

 

Luego eso “se complejizó tanto que llevó a que no funcionaran más. Y hubo que buscar una figura que pudiera dar cierto dinamismo con capacitación y profesionalización para contener estas situaciones emergentes. Hablando siempre de un Estado presente desde 2006 se firmaron los primeros convenios con otras dos instituciones que ya no están y continúan las que hoy están aquí “.

 

Diego Álvarez hizo mención a quienes integran esas organizaciones civiles. “Son personas sumamente honorables, comprometidas con la problemática social, al punto que la actividad de estas fundaciones y asociaciones son muy previas a la suscripción de estos convenios. Pero no se limitan sólo al tema de los hogares, sino que tienen actividades propias con la comunidad, como se puede verificar con la fundación Ayudándonos, Otro Krause de General Pico, Wuetraché y Rumen”.

 

Hay que informar.

 

Dijo no haberse molestado por el pedido de informes. “No está mal que nos convoquen cuando se trata de explicar sobre fondos públicos. Nosotros estamos en condiciones de venir y dar las respuestas pertinentes, Y eventualmente si hay algún aporte que se nos puede hacer en lo que debe ser una política pública, en materia de infancia, estamos dispuestos a escuchar. Debe haber políticas públicas para defendernos por el vaciamiento del Gobierno Nacional, porque ya informáramos la semana pasada que se dieron de baja 28 programas”.

 

Información pública.

 

Con respecto a los montos que se manejan en Niñez el ministro dijo que creía “que empezaron a ver cuál era el destino de los fondos, y se dieron cuenta que están destinados efectivamente en su totalidad a la ejecución de estos convenios que contempla a niños y niñas. Todo es información pública, cualquier persona tiene acceso a conocer los datos del accionar de estas fundaciones y rendiciones de cuentas”, indicó.

 

El último resorte.

 

Respondió a una inquietud de la diputada Cuadrado manifestando que se destinan “a todas las localidades en lo que es tarjeta social 30.000 millones de pesos cada año. Y eso va para todos los municipios, para todos los niños y niñas que están atravesando una situación alimentaria. Después hay responsabilidades que son propias de los municipios como es el abordaje de la situación, pero lo que sí tienen que entender la diputada es que estos espacios, estos hogares, son el resorte último que tienen en las localidades cuando hay que tomar una medida excepcional en resguardo de una criatura”, concluyó.