Viernes 03 de mayo 2024

Un juez cruzó la designación de una jueza sustituta

Redacción 27/10/2023 - 00.09.hs

El juez de General Acha Gerardo Román Bonino impugnó la designación de María de los Ángeles Pérez, quien desde el 5 de agosto de 2022 es la titular (como sustituta) del Juzgado de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes nº 3 de la Primera Circunscripción Judicial.

 

Bonino, quien tiene a cargo el Juzgado Civil, Comercial y de Minería nº 1 de la Tercera Circunscripción Judicial, en un escrito que presentó el 3 de julio de 2023, ante la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados, cuya presidencia ejerce la legisladora Alicia Mayoral, impugnó la posible designación de la candidata al Juzgado de Familia, quien ejerce como sustituta desde hace varios meses.

 

Antecedentes incompatibles.

 

María de los Ángeles Pérez ya venía cumpliendo funciones en el Poder Judicial, porque había asumido como jueza sustituta en el Juzgado de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes el 3 en agosto de 2022. Ahora espera ser confirmada en el cargo como titular.

 

Bonino en su nota indicó “una serie de observaciones en el proceso de selección y designación” de la magistrada, “por entender que existen antecedentes de la misma, dentro de la función judicial, que resultan incompatibles con el debido servicio de justicia”.

 

Recordó que María de los Ángeles Pérez, hasta el 22 de marzo de 2021 ejercía como Secretaria Civil y Comercial (el mismo ámbito que el denunciante).

 

Anomalías “detectadas”.

 

Puntualizó lo que define como “irregularidades detectadas” en el accionar de la funcionaria: once expedientes donde se observaron anomalías en aportes a la Caja Forense (la secretaria entonces estaba a cargo de Sucesiones que tramitaban en ese juzgado) por parte de Gabriel Pérez. Éste abogado familiar de la funcionaria. Falta de excusación de la secretaria en dos expedientes donde había actuado como abogada de las partes; haber dejado de intervenir en una causa aún cuando no se le había aceptado la excusación; la firma de un Mandamiento confeccionado por la prosecretaria Arto, por la cual se alteró el espíritu de la resolución dictada en el proceso, el que luego fue declarado nulo.

 

Más reproches.

 

Además, cuestiona la inclusión en su carácter de fedataria, como secretaria actuante, del doctor Sergio Arrese como participante en una Audiencia Preliminar cuando el profesional no estaba presente. La negativa de Pérez de solicitar la intervención del equipo de abordaje técnico del STJ para actuar en situaciones detectadas dentro del juzgado que eran de larga data.

 

Además le endilgó a la ahora jueza de Familia “falso testimonio” cuando se le otorgó una “licencia especial y traslado a otros organismos del Poder Judicial, en base a relatos que luego por resolución del STJ se determinó inexistentes”.

 

En este punto Bonino aclaró que esta última circunstancia se enmarcó “en una supuesta violencia de género” donde María de los Ángeles Pérez se presentó como “damnificada” o “testigo” según el caso. Recordó que en ese momento se le realizó a la funcionaria “una pericia psicológica”.

 

Violatoria de la ética.

 

El juez Bonino sostiene en su escrito a la Legislatura provincial que “todas estas circunstancias resultan “violatorias de los Principios de Ética Judicial declarados en el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, a los cuales oportunamente adhirió el Superior Tribunal de Justicia”.

 

Concluye señalando que “todo lo mencionado hace cuestionar el perfil de la candidata María de los Ángeles Pérez y su idoneidad para acceder al cargo”.

 

El magistrado acompañó en su misiva el texto remitido a Eduardo Fernández Mendía, en la presidencia del STJ en el año 2021, “donde se lo puso en conocimiento de las irregularidades detectadas”. Asimismo hizo llegar copia donde constaba la resolución judicial del 19 de mayo de 2023 donde se lo absolvió de acusaciones que había recibido por presunto acoso laboral y violencia de género.

 

Un antecedente de suspensión.

 

Aunque finalmente zafó por resolución del Superior Tribunal de Justicia, el titular del Juzgado de General Acha, Gerardo Román Bonino, tuvo diversos cuestionamientos en los últimos tiempos.

 

En su momento -por denuncia de una presunta conducta “perezosa”, denunciada por el Colegio de Abogados, el máximo organismo judicial- decidió suspenderlo del cargo “durante la sustanciación del sumario” y elevó las actuaciones a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), encargada de desarrollar ese proceso.

 

Hubo otra investigación sobre Bonino, por presunto acoso laboral y violencia psicológica ejercida contra cuatro trabajadoras judiciales que lo denunciaron. Ante esa circunstancia el juez tomó una licencia de dos meses por enfermedad de largo tratamiento, y fue reemplazado por una jueza sustituta, cuyo informe confirmó el exagerado atraso y un desorden en los procesos de su juzgado.

 

El STJ dispuso que aquella suspensión se hiciera efectiva cuando finalizara esa licencia extraordinaria. La decisión, cabe aclarar, tuvo carácter preventivo y no importa castigo ni sanción.

 

Por otra parte el abogado Néstor Lambrecht, el 25 de abril de este año, denunció a Bonino ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), el Ministerio Público Fiscal y el Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa. Lo acusó de "realizar actos ilícitos”. Dijo Lambrecht que ante el pedido de un abogado para cobrar honorarios ordenó la subasta pública de "una vivienda que me pertenece, en plena pandemia de coronavirus y sin notificarme sobre el proceso".

 

También Bonino afrontó cuestionamientos por su actuación en el concurso y quiebra del ex Frigorífico General Acha.

 

Se debe indicar que con fecha 19 de mayo de 2023 el STJ sobreseyó a Gerardo Román Bonino de las imputaciones que le hicieron por violencia laboral tres trabajadoras judiciales, una de ellas la propia María de los Ángeles Pérez, quienes se quejaron de presuntos malos tratos del titular del juzgado.

 

Reiteradas quejas de abogados.

 

No resultan novedad las reiteradas quejas de abogados que litigan en General Acha, tanto en el foro Civil como en el Penal.

 

Las quejas están referidas, entre otros aspectos, a la lentitud para resolver. Es una lamento bastante generalizado porque habría retrasos en causas por resolver, sobre todo en la parte Civil. Pero además –y lo dicen profesionales que continuamente se desempeñan en los juzgados achenses- no son pocos los altos funcionarios que no tienen el mejor nivel técnico, lo que torna deficiente el servicio de Justicia.

 

Pero los reproches también alcanzan al foro Penal, y en este caso un veterano abogado que litiga habitualmente en General Acha le apuntó directamente a una jueza (“aunque no es la única porque hay otros funcionarios que no funcionan”, ironizó), que por la calidad de sus escritos y algunas resoluciones que parece adoptar sin demasiado sustento jurídico hacen dudar de su idoneidad. “No sé cómo llegó a quedar primero como sustituta y ahora es jueza. Lo peligroso de esto, cuando se habla de lo Penal, es que se está considerando la posibilidad de que una persona vaya presa o no. Como esa funcionaria no demuestra idoneidad los fiscales hacen lo que quieren y ella les avala cualquier petición”, destacó.

 

También algún fiscal resulta cuestionado porque ellos “creen tener todo el poder, y a veces ven delitos donde claramente no los hay y resuelven de acuerdo a criterios que no siempre son los acertados. Hay un nivel de arbitrariedad que tiene que ver, más que nada, con el desconocimiento de la ley”, disparó el profesional.

 

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