Valentina Olguín pidió "perdón", dijo que fue "inmadura" y ofreció un recital gratuito

Valentina Olguín, la influencer y cantante santiagueña, sospechada de participar de un esquema de contrabando simulado, rompió el silencio tras utilizar los datos fiscales de cinco gobernadores, entre ellos el pampeano Sergio Ziliotto, para importar ropa desde el exterior. 

Olguín dijo que "no sabía que era algo ilegal", y sostuvo que "fue una imprudencia desde el desconocimiento".

La joven, oriunda de Santiago del Estero pero residente en Núñez (Buenos Aires), está acusada de haber empleado los CUIT, nombres y domicilios fiscales, además de Ziliotto, del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), y Marcelo Orrego (San Juan)— para sortear el límite de cinco envíos anuales de hasta U$S 3.000 dispuesto por la Aduana para particulares.

El hecho salió a la luz en noviembre de 2024, luego de que el gobernador Jaldo recibiera un correo vinculado a una compra que jamás había realizado. El descubrimiento activó una denuncia penal y un allanamiento en el domicilio de Olguín, donde se incautaron ropa, dispositivos electrónicos, documentos y dinero.

Ayer, a través de un comunicado y declaraciones a la prensa, Olguín intentó aclarar su accionar: “Pensé al azar en personas que por sus cargos podían tener domicilio fiscal constituido. Fue una tontería. Solo buscaba que no me retuvieran más paquetes”. Aseguró que las prendas provenían de la marca estadounidense Revolve y que las recibía en el marco de colaboraciones para redes sociales.

En su testimonio, la joven admitió que, una vez agotado su cupo personal, comenzó a usar los datos de familiares y amigas. Sin embargo, ante mayores controles aduaneros, habría recurrido a buscar CUIT en internet: “Fue un razonamiento inmaduro. Estoy 100% a disposición de la Justicia”, afirmó.

Probation.

La defensa de Olguín, encabezada por la abogada Claudia Paz, presentó ayer un pedido formal de probation ante el fiscal federal José Agustín Chit. La medida alternativa implica la suspensión del juicio a prueba y la aceptación de condiciones para reparar el daño ocasionado.

Entre las propuestas, trascendió que la influencer estaría dispuesta a ofrecer un show gratuito en Tucumán, realizar un pedido público de disculpas y solicitar una audiencia personal con el gobernador Jaldo. “Estoy arrepentida. Me hago cargo. Quiero enmendar los daños”, declaró.

La causa está radicada en el Juzgado Federal de Tucumán, a cargo del juez José Manuel Díaz Vélez. Por ahora, la aceptación o rechazo de la probation depende del criterio del fiscal y de la Dirección General de Aduanas. La estrategia de la defensa es evitar una derivación federal del proceso, ante la posible reacción de las otras jurisdicciones involucradas.