García será otra vez indagada

(GENERAL ACHA) Es la segunda ocasión que la jefa comunal debe comparecer ante la Justicia, que investiga el pago de $3 mil al ex edil, Mauro Godoy, quien también deberá declarar. También lo hará el secretario de gobierno Javier Bassa.
La intendenta de esta localidad, María Elena García, será otra vez indagada por la Justicia en relación a la causa en la que ya lo había hecho, y mediante la cual, se investiga el pago de un subsidio al ex concejal justicialista Mauro Ginés Godoy. Lo propio sucederá con el secretario de Gobierno, Javier Bassa, y el propio beneficiario de aquella ayuda económica.
Fuentes confiables informaron que los funcionarios municipales y el puntero del PJ deberán prestar declaración por segunda vez porque el Juzgado advirtió que lo hicieron bajo la representación legal del defensor oficial, Hugo Luis Vercellino, quien no podía intervenir debido a que anteriormente lo había hecho como agente fiscal, ya que los concejales hicieron la denuncia penal ante la Fiscalía que en ese entonces estaba a su cargo.
Por ello, el juez Manuel Alberto Alvarez, quien entiende en el expediente, declaró la nulidad de las indagatorias de García, Bassa y Godoy, y los volvió a convocar para fines de febrero. Allí, tendrán que designar un defensor particular o en su caso tendrá que asistirlos el funcionario que subroga al titular de la Defensoría Penal frente a este tipo de situaciones.

La denuncia.
La causa se inició a raíz de la denuncia penal que los ediles radicaron en el 2009 ante la Fiscalía 1, en ese entonces a cargo de Hugo Luis Vercellino. En la ocasión, el agente fiscal promovió acción penal para dilucidar si el departamento Ejecutivo local cometió o no una de las conductas contempladas por el Código Penal Argentino.
La causa recayó en el Juzgado de Instrucción 1, a cargo de Manuel Alberto Alvarez, por encontrarse de turno a la fecha de la denuncia.
A fines de julio pasado, los concejales Alejandro César Odasso (Frepam), Norma Ortiz (Unión Vecinal Achense), y los justicialistas Marcelo Berot y Mónica Obholz, prestaron declaración testimonial. Mientras que, a los días, hizo lo propio la edila Dolores Gramuglia (Frente para el Cambio), otra de las denunciantes.

Subsidio.
Los concejales sospechan que la jefa comunal, al igual que el secretario de gobierno, pudieron haber cometido un delito al otorgar un subsidio de 3 mil pesos al ex concejal del PJ, Mauro Godoy, cuando el dinero llegó para afrontar gastos por déficit y emergencia financiera.
Según los denunciantes, la jefa comunal entregó un subsidio de 3 mil pesos al puntero político que requería dinero para atender una situación coyuntural, mientras se encontraba con un problema de salud, a fines de 2008.
Para atender ese pedido, García le dio el dinero que había recibido de la Secretaría de Asuntos Municipales, pero con la condición que fuera destinado a cubrir financiamiento de déficit y emergencia económica municipal.

Archivo.
Por otra parte, los ediles también habían denunciado la comisión de un supuesto delito por parte del Ente Municipal de Sanidad Ambiental de General Acha (Emsaga), luego de observar las rendiciones contables del organismo, pero finalmente el juez Alvarez archivó la causa por entender que no se había cometido ninguna conducta prevista por el Código Penal.
En relación a este tema, los concejales decidieron acudir a la justicia porque consideraron insuficientes las respuestas dadas por el Ente en cuanto al detalle de las erogaciones realizadas hasta cubrir la suma de 33.779 pesos y la falta de presentación de la finalización de obra exigida por convenio, con fecha 18 de marzo de 2008, por lo que se desaprobó la ejecución del gasto por resolución 66/09.