La Corte ordena al juez Zabala que investigue

La Corte Suprema de Justicia ordenó a la Justicia Federal de Santa Rosa que investigue el caso de supuesta trata de personas en cuatro cabarets que funcionan en General Pico -que tiene una normativa municipal permisiva a la prostitución- y que no derive esas actuaciones a la justicia provincial.
El caso que lleva el número 398 trató sobre el expediente caratulado "Ministerio Público de la Nación s/ av. ilícito, posible trata de personas" y tiene como fecha el 15 noviembre de 2011. Allí, los ministros Ricardo Lorenzetti, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay determinaron que "por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador Fiscal a los que corresponde remitirse en razón de brevedad, se declara que deberá entender en la causa en la que se originó el presente incidente, el Juzgado Federal de Santa Rosa, al que se le remitirá".
Los miembros de la Corte exigieron así al juez federal Pedro Zabala que entienda en el caso de General Pico cuya situación normativa, a su entender, facilita la prostitución, y que esta investigación no sea derivada a la justicia provincial.
La CSJ intervino ante un dictamen del procurador general de la Nación, Esteban Righi, que en octubre se había opuesto a por permisiva a la ordenanza municipal 226/2008 y sus modificatorias a través de la resolución 145 del 2009 y la ordenanza 82 del mismo año. En su dictamen, Righi advirtió que muchas de las mujeres que trabajaban como "alternadoras" en los cabarés piquenses lo hacen con libreta sanitaria y provienen del extranjero o de otras provincias. Y que estos locales nocturnos suelen ser fachadas de "prostíbulos". El dictamen incluyó una sugerencia para que los fiscales federales de todo el país, ante la sospecha de un delito por trata de personas, no den competencia a los juzgados provinciales.
Righi resolvió en tal sentido ante el conflicto suscitado por el entonces Juzgado de Instrucción 5 piquense y el Juzgado Federal de Santa Rosa. La causa penal se originó cuando la Unidad Fiscal de Asistencia para la Investigación de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas de la Procuración General de la Nación fue informada que se habían detectado cuatro cabarets luego de un control a locales nocturnos.
El juez provincial interviniente, entre los elementos probatorios, mencionó que los establecimientos estaban habilitados como "cabarets" y que en esos lugares trabajaban mujeres que provenían de Misiones, Santa Fe, Río Negro, Córdoba, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Buenos Aires, República Dominicana y Paraguay.
Sobre la base de esos elementos, el magistrado declinó su competencia a favor de la Justicia Federal. Pero el tribunal federal a cargo de Zabala rechazó tal asignación por considerarla "prematura". Con la insistencia del juez que actuó primero y la elevación del incidente a la Corte, quedó formalmente planteada la contienda judicial.