Denuncian que Bravo pagó obras no realizadas

Concejales oficialistas radicaron una denuncia penal contra el intendente David Bravo, porque detectaron que se habría pagado más de $250 mil por obras y servicios que no se hicieron. Además estarían involucrados sus secretarios Ulises Eduardo Traverso y Aldo Javier Martínez.
Fuentes confiables dijeron a este diario que la presentación fue realizada por los concejales Ricardo Jorge Poyo, María Mercedes Pineda y José Alejandro Rafael Bustos (todos del partido justicialista). La denuncia penal, además del intendente David Bravo, también está dirigida a los secretarios del polémico jefe comunal, Ulises Eduardo Traverso (también es investigado por la Justicia por el cobro de más de mil cheques pagados en forma irregular por la Municipalidad de 25 de Mayo por 900 mil pesos) y Aldo Javier Martínez, quienes son de su plena confianza.
Los ediles analizaron los balances y rendiciones contables correspondientes a octubre del año pasado, documentación que fuese oportunamente remitida al cuerpo por parte del Ejecutivo de esa localidad, y habrían advertido serias irregularidades que podrían representar alguna de las conductas previstas por el Código Penal Argentino (CPA).
Por esos motivos no aprobaron tales documentaciones, y decidieron formular una denuncia penal ante la Fiscalía de General Acha, debido a que el fiscal de 25 de Mayo (Alejandro Masó), se encuentra de licencia.

Contrataciones.
Las mismas fuentes consultadas por este diario señalaron que esas rendiciones contables se observaron contrataciones a una empresa por trabajos de saneamiento en cercanías del cementerio de 25 de Mayo.
Los miembros del cuerpo deliberativo que constituyen el bloque del PJ se constituyeron en el lugar donde supuestamente se habían hecho esos trabajos, pero verificaron que esto no fue así. Ante esta situación, documentaron todo para tener pruebas de las acusaciones que hicieron contra el controvertido intendente David Bravo. Por esto se habría pagado de manera parcial la suma de 258.412 pesos.

Pago.
Pero no esto no sería la única irregularidad, ya que los ediles peronistas también advirtieron que el pago por trabajos y servicios que no se habrían hecho, fue efectuado a nombre de personas que no son titulares de la firma presuntamente contratada para tales tareas.
Aún más, se habrían utilizado facturas apócrifas que cuentan con autorización de la AFIP (estaría vencida), por lo que no tendría validez como comprobante que habilitase la ejecución de tal operación.
La denuncia hecha hace unos días por los concejales del PJ, se suma a otras situaciones polémicas desatadas recientemente en plena sesión ordinaria del Concejo Deliberante de 25 de Mayo, lo que representa el inicio de un conflicto entre ambos poderes, Legislativo y Ejecutivo.

Renuncia.
En esa oportunidad, una vez finalizada la reunión, vecinos de 25 de Mayo exigieron a los miembros de las bancas oficialistas explicaciones sobre la votación y una inmediata renuncia a sus cargos.
Es que durante la breve sesión del CD quedó en evidencia el alejamiento del bloque de tres de los concejales del Movimiento Popular Venticequeño (MPV), luego que se votara dejar sin efecto la ordenanza 24/12 que se refería al convenio con la Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de 25 de Mayo (Coospu) y la municipalidad, para la ejecución de obras de infraestructura y rechazar la Cuenta de Inversión del año 2012. Esta determinación se adoptó por mayoría, siete votos a favor y solamente uno en contra.
Los concejales Ricardo Poyo (PJ), Mercedes Pineda (PJ), Alejandro Bustos (PJ), Nicanor Romero (MPV), Roberto Molina (MPV), José pineda (MPV) y José Zapata (MPV) votaron a favor mientras que Liliana Retamales (MPV) lo hizo en disidencia.
La posición de los ediles oficialistas provocó el reclamo de una gran cantidad de afiliados al Movimiento Popular Venticiqueño, que se hicieron presentes en la sesión y exigieron a Roberto Molina, José Pineda y José Zapata que renunciaran de inmediato al bloque por haber traicionado al intendente David Bravo.