Perpetua para el represor de García y Delaturi

(Eduardo Castex) - El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata condenó ayer a prisión perpetua al represor Carlos "El Indio" Castillo y absolvió a su chofer José "Pipi" Pomares en el juicio por el secuestro y homicidio de cuatro personas que fueron cometidos entre febrero y abril de 1976.
Pomares fue absuelto porque el tribunal le otorgó el principio del "beneficio de la duda", porque eliminó como prueba las fotografías y se ordenó la inmediata libertad. El fallo provocó indignación entre los familiares de las víctimas y militantes de derechos humanos, e incluso
tuvieron que frenar la lectura de la sentencia y desalojar la sala del edificio en calles 8 y 50 de la ciudad de las diagonales. Y en contraposición, cuando finalizó la lectura de la sentencia, los hijos de los imputados se retiraron de la sala con gestos provocativos e insultos hacia los familiares de los fallecidos y testigos.
El represor "El Indio" Castillo era uno de los jefes de la organización paramilitar Concertación Nacional Universitaria (CNU) y está acusado de los asesinatos del castense Sergio Julio García y el piquense Salvador Delaturi. "Este fue un juicio parcial y se apelará la absolución de
"Pipi" Pomares. Pero, además ampliaremos la causa a otros miembros de la patota, porque la CNU provocó decenas de muertos entre los años 1974 y 1975 en La Plata y Mar del Plata. Presentaremos nuevas pruebas para que se juzguen otros casos en donde existen testigos y pruebas para sustanciar los juicios", relató ayer el arquitecto castense y ex funcionario santarroseño, Miguel Angel García, a esta corresponsalía.
El ex militante de la JUP, Miguel García, junto a su hija Candela y su sobrina castense -actualmente radicada en La Plata- Elizabeth "Liza" García estuvieron ayer en los tribunales platenses durante la lectura de la sentencia. Y transmitió su molestia porque considera "increíble" que la causa judicial "estén involucradas solamente dos personas, cuando en
realidad eran entre 10 y 15 personas que andaban matando a los compañeros", aseguró el entrevistado.
"Cuando mataron a Salvador Delaturi nos enteramos que fueron varios, porque "Boxer" Lozano se quebró y declaró como lo habían matado y quienes participaron. Ese es un claro ejemplo. En el caso de mi hermano Sergio, el testigo que estaba con Sergio solamente individualizó al Indio Castillo", recordó.
Y evaluó: "Lo más positivo fue que el Juzgado consideró Terrorismo de Estado a hecho
ocurridos con anterioridad al golpe de Estado, y eso significa que son crímenes de lesa humanidad y son imprescriptibles".
"Fue un momento muy fuerte. Cuando leyeron la absolución de Pomares se armó un lío tremendo y tuvieron que desalojar la sala. Los familiares (de las víctimas) empezaron a llorar a los gritos, fue un momento muy feo", relató "Liza" García.

 

Los casos juzgados.
"El Indio" Castillo llegó al debate acusado por su participación directa en el secuestro y homicidio de Carlos Antonio Domínguez y en el secuestro de Roberto Fiandor, ocurridos el 12 de febrero de 1976; y en el secuestro y homicidio de Leonardo Guillermo Miceli, del 19 de abril
del mismo año.
En los dos casos, además, se sumó la imputación de robo y violación de los domicilios. También, se lo acusó por el secuestro y homicidio de Néstor Hugo Dinotto y Graciela Herminia Martini y en el secuestro de otra pareja que finalmente sobrevivió, sucedidos entre el 3 y 4 de abril de 1976. A Pomares, se le imputaba la participación en este último caso, publicó el sitio Hoy de La Plata. "Pomares es un tipo probadamente de la CNU", aseguró el castense Miguel García.
Según el expediente de los fiscales Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Martín Nogueira, cuando fue secuestrado en la madrugada del 12 de febrero de 1976, Domínguez era el secretario general del gremio del Turf en La Plata. El cuerpo apareció horas después con alrededor de cuarenta disparos a la vera de la ruta, camino a la localidad de Magdalena, al
sur de la capital bonaerense. Roberto Fiandor, un vocal de la comisión directiva del gremio, se salvó porque logró forzar la traba del baúl, se arrojó al asfalto y pidió ayuda a vecinos.
Entre la noche del 3 de abril y la madrugada del 4, la banda de la CNU concretó los secuestros de Néstor Hugo Dinotto, Graciela Herminia Martini, y de otra pareja de sobrevivientes, quienes fueron interceptados mientras viajaban en un auto por la localidad de Villa Elisa, al norte de La Plata. Según los testigos, las víctimas debieron detenerse por las ráfagas de disparos sobre su vehículo.
La hipótesis de la Fiscalía indica que la CNU actuó en La Plata como un grupo que persiguió a disidentes políticos con la anuencia del Estado, antes y después del golpe, y que luego se salió del control de las fuerzas estatales, razón por la cual fueron detenidos y posteriormente sometidos a proceso por hechos menores, que no tenían que ver con su rol. El tribunal estuvo integrado por los jueces Germán Castelli, Pablo Vega y Alejandro Esmoris.

 

El castense asesinado
Sergio García fue secuestrado en La Plata y asesinado el 18 de enero de 1976. El cuerpo apareció en un descampado en Berisso, con más de 40 disparos. El militante de la JUP era hijo del ex senador nacional Justino "Pampero" García, y fue el único castense víctima del terrorismo de Estado de la década del 70.
Un testigo presencial del secuestro del joven castense reconoció directamente al represor Carlos "Indio" Castillo como uno de los que participaron del "procedimiento" del grupo paramilitar denominado como la CNU.
Sergio García estudiaba Ciencias Veterinarias. Mientras que Miguel Angel cursaba Arquitectura, y tuvo que abandonar La Plata porque también "estaba marcado" por los represores. "Mi viejo reconoció (el cuerpo de Sergio) y lo velaron aquí a cajón cerrado. Mi vieja no lo vio y de mis hermanos creo que sólo Carlos. No vine porque me estaban esperando.
Me encontraba en Misiones y me metí en la selva para evitar que me asesinen. Fue tremendo para mí no poder venir al velorio de Sergio. Todo eso generó una persecución en la familia, pasaba un helicóptero y ya pensaban que nos venían a buscar", recordó -tiempo atrás- Miguel García.

 

Perpetua para Acosta y Astiz
El Tribunal Oral Federal (TOF) 5 condenó ayer a prisión perpetua a los represores Alfredo Astiz, Jorge "Tigre" Acosta y Ricardo Cavallo en la causa denominada ESMA III, en la cual se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos en ese centro clandestino de detención durante la última dictadura militar.
Durante la audiencia de lectura de las condenas, el TOF 5 también condenó a prisión perpetua a Mario Arru, un ex piloto acusado de participar de los "vuelos de la muerte" desde los que muchos desaparecidos fueron arrojados al Río de la Plata.
También fue condenado a prisión perpetua el ex prefecto Jorge Antonio Azic, apropiador de Victoria Donda, la nieta recuperada que en la actualidad de desempeña como diputada nacional.
Por otra parte, el tribunal absolvió al ex secretario de Hacienda de la dictadura Juan Alemann, uno de los acusados civiles que fue juzgado en la causa más abarcativa (por cantidad de imputados, victimas y hechos juzgados) de la historia de la justicia argentina.
La audiencia de lectura de veredicto se desarrolló ayer a la tarde en la sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, hasta donde se movilizaron referentes y militantes de distintos movimientos de derechos humanos.
En este juicio se conoce también como "ESMA unificada"; se inició en noviembre de 2012, se acusó a 68 personas -de las cuales 14 murieron a lo largo del proceso- y se analizaron delitos contra la humanidad cometidos en contra de 789 personas.

 

Familiares.
Militantes de los organismos de los derechos humanos y familiares de las víctimas se congregaron desde la mañana en el acceso de la sede los tribunales federales de Comodoro PY, y muchos de ellos siguieron después las lecturas de las sentencia a través de una pantalla gigante montada en la calle.
A partir de las 14, los abogados defensores, los representantes de las querellas, familiares e integrantes de las organismos de derechos humanos se ubicaron en la parte baja de la sala de audiencias.
En tanto que un grupo de personas cercanas a los imputados ocuparon posiciones en la parte superior del auditorio, y entre ellos se encontraba Cecilia Pando, conocida activista contra los procesos de lesa humanidad.
Al promediar la tarde, los acusados ingresaron al recinto y ocuparon posiciones en medio de la sala, mientras eran vivados por el grupo que capitaneaba Pando.
Detrás de un blindex se ubicaban figuras emblemáticas del movimiento que denunciaron los crímenes de la dictadura en los años del terrorismo de Estado, como Estela de Carlotto, titular de Madres de Plaza de Mayo, o Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
Los familiares comenzaron a repudiar con cánticos a los represores, justo cuando desde el piso superior se entonaban las estrofas del himno argentino y se proferían algunas recriminaciones a los trabajadores de prensa que cubrían la culminación de este proceso oral y público, que se extendió por más de cinco años.

 

Incidentes.
Mientras los fotógrafos y camarógrafos tomaban planos de los acusados, los integrantes del TOF 5, los jueces Leopoldo Bruglia, Adriana Palliotti y Daniel Obligado, pidieron que no se tomaran planos cortos, lo que provocó algunas reacciones entre los querellantes.
Ante la reacción del público, el juez Obligado, presidente del Tribunal, exigió silencio bajo advertencia de desalojar la sala, y el sector que simpatizaba con las víctimas comenzó a entonar la histórica consigna de las agrupaciones que impulsaron los juicios de lesa humanidad: "Cómo a los nazis, les va a pasar, a dónde vayan los iremos a buscar".
Tras un bullicio de unos minutos, los integrantes de los organismos, los sobrevivientes y familiares aceptaron bajar sus pancartas con las fotos de sus seres queridos que hallaron en las mazmorras de la ESMA sus destinos finales.

 

Sentencias.
Cerca de las 17, el Tribunal comenzó la lectura de las sentencias, y el marino Jorge "Tigre" Acosta fue el primero en recibir una condena, en función del orden alfabético en el que se enumeraron las penas.
El represor recibió la pena de prisión perpetua por los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos, torturas seguidos de muerte y apropiación de menores, delitos todos agravados por su condición de ex funcionario público, una figura que se le aplicó a varios de los sentenciados.
Las condenas de Acosta, Astiz y Cavallo fueron celebradas por buena parte de la concurrencia, pero más de Mario Danile Arru, por su condición de piloto que participó en los vuelos de la muerte, la siniestra metodología empleada para arrojar prisioneros vivos al mar. (Télam)