Media sanción al proyecto de Durango para impedir la probation en los casos de violencia de género

Los senadores nacionales aprobaron la iniciativa de la legisladora pampeana Norma Durango de suspensión de juicio a prueba en los delitos que impliquen violencia de género contra las mujeres.
La propuesta de Durango fue unificada con otra de similar objetivo de la senadora Kunath y con el aporte se obtuvo dictamen en el plenario de las comisiones de Banca de la Mujer y Justicia y Asuntos Penales, y fue tratado sobre tablas en la sesión de este miércoles, la tercera de esta semana.
Al respecto Durango dijo que “celebramos que nos encontremos tratando una iniciativa en la que hemos coincidido con otras senadoras respecto a restringir la aplicación de la probation cuando se trata de ciertos delitos que creemos ameritan la realización del correspondiente juicio. No se puede aplicar la suspensión de juicio a prueba en casos de violencia contra la mujer, porque el violento debe ser juzgado y condenado y de ningún modo acordar antes la realización de un trabajo comunitario. En líneas generales acordamos con el reconocimiento de un instituto que permite, bajo la condición del cumplimiento de ciertas reglas de conducta para el imputado, evitar condenas innecesarias y a los efectores del sistema penal dedicarse con mayor énfasis a la persecución de figuras delictuales que sean de mayor trascendencia. Aun así, creemos que es necesario exceptuar de su aplicación a delitos en los que se produjera violencia contra la mujer, entendiendo que la invisibilización del delito sólo sería funcional a la tolerancia de un flagelo que es necesario visibilizar como paso previo a su erradicación”.
Según el Comité de Expertos “la aplicación de estas medidas en los casos de violencia contra las mujeres tiene efectos contraproducentes en el acceso a la justicia para las víctimas y en el mensaje permisivo enviado a la sociedad".
Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, manifiesta que el hecho de que un delito sea negociable o transable parte de la premisa que las partes involucradas se encuentran en igualdad de condiciones de negociación, lo cual generalmente no es el caso en el ámbito de las violencias contra la mujer.