Se concretó jornada sobre Derecho Penal Adolescente

El Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, (Cofenaf), integrado por representantes de las 24 provincias argentinas, consensuó un proyecto de ley de régimen penal juvenil nacional que mantiene la edad mínima de responsabilidad penal a los 16 años y establece una pena máxima de hasta 10 años de encierro con la posibilidad de reducirla a la mitad.
La propuesta aún no llegó al Congreso Nacional y sigue analizándose, pero es un avance importante ante las voces que reclaman una baja en la edad de inimputabilidad. Esta novedad fue dada a conocer por el Director Nacional de Adolescentes Infractores a la Ley Penal, Mariano Kierszenbaum, durante su disertación en la jornada sobre Derecho Penal Adolescente, organizada ayer por el gobierno de La Pampa en el hotel Epu Pehuén de Winifreda.
Los demás expositores fueron Hernán Monath, oficial de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes de Unicef; Germán Martín, fiscal de Delito Juvenil de Neuquén y Juan Pablo Meaca, defensor provincial de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de La Pampa.
Este asunto interesa al Ejecutivo provincial porque el gobernador Carlos Verna firmó el decreto 295/2017 por el cual se creó una comisión para el estudio y elaboración de un proyecto de ley de un nuevo procedimiento penal para adolescentes en conflicto con la ley en la provincia. Esa comisión está integrada por distintos actores del Estado pampeano y la sociedad civil que trabajan en materia de niñez y adolescencia y está pronta a culminar con su tarea. Ayer se difundieron algunos puntos de ese proyecto.

Delito juvenil.
Kierszenbaum expuso que "en materia de derecho penal juvenil muchas veces se trabaja con mitos. Con frecuencia escuchamos frases como 'la mayoría de los homicidios los cometen los pibes chorros', es un mito", afirmó el funcionario nacional.
"Según datos de la Corte Suprema de Justicia en la ciudad de Buenos Aires sólo el 1% del total de los homicidios son cometidos por adolescentes no punibles mientras que el 11% de las víctimas son niños o adolescentes, es decir que los niños víctimas duplican a los niños victimarios", indicó.
Sin embargo "en el imaginario social se construye una idea del adolescente como peligro social y el derecho penal juvenil criminaliza en su gran mayoría a adolescentes con gran vulnerabilidad, estamos hablando de chicos en situación de calle, problemas de adicciones o de escolaridad. En cualquier centro de régimen cerrado del país los chicos alojados (de 16 y 17 años) tienen ciclo primario cuando la educación secundaria es obligatoria. Esto es así porque hubo una vulneración previa al derecho a la educación", continuó.
"Es falso que encerrar adolescentes de por vida sea una solución para la criminalidad, no sirve para la prevención del delito", sostuvo. Las medidas de encierro "son muy costosas, esto no se suele decir mucho cuando se pide endurecer las penas, pero al Estado le cuesta entre 60 mil y 100 mil pesos por mes un chico en un centro de régimen cerrado cuando ese dinero lo podría destinar a su contención. Es una política pública muy cara", agregó.
"Las normas internacionales sobre la prevención del delito juvenil nunca hablan de castigo ni de endurecimiento del derecho penal sino de fortalecimiento de los sistemas de protección de derechos como la familia, educación, políticas sociales, espacios de primera infancia", señaló.

"No regresividad".
En la última reunión del Cofenaf, celebrada en agosto, se acordó que el futuro proyecto de ley mantendrá la edad mínima de responsabilidad penal a los 16 años. "Esto hay que enfatizarlo por el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, el Estado no puede retroceder en un estándar que ya alcanzó", indicó.
Países limítrofes han bajado la edad de inimputabilidad pero no han reducido sus tasas de criminalidad, al contrario, "están peor que Argentina". La propuesta incluye el criterio de oportunidad e insignificancia para extinguir la acción penal, soluciones alternativas de conflicto, medidas socioeducativas, prohibición de la pena de muerte para adolescentes y establece una pena máxima de encierro de 10 años. Esto último "sí es un problema porque tenemos condenas a 20 o 25 años de encierro, eso no es resocializar, necesitamos penas cortas y reducciones a la mitad".
El ante proyecto de ley de un nuevo procedimiento penal para adolescentes en La Pampa tendría órganos especializados, establecería la incompatibilidad del juicio abreviado con el principio de reintegración social, otorgaría la facultad al fiscal de desistir de la acción penal a través de un mecanismo especial y fijaría una privación de la libertad excepcional.

"Dos menores en el Ipesa"
La ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso, reveló que solo dos adolescentes menores de 18 años están privados de su libertad y alojados en el Instituto Provincial de Adolescentes de la Provincia de La Pampa (Ipesa) con sede en Santa Rosa.
La funcionaria provincial dio este dato cuando LA ARENA la consultó sobre la cantidad de chicos menores de 18 años que cometen delitos. “No tenemos un registro único, pero puedo decir que no más de 20 chicos en toda la provincia están en constante conflicto con la ley penal y hoy por hoy tenemos solo dos adolescentes privados de su libertad y están en el Ipesa, que es un lugar especializado para ellos”, respondió Alonso, quien ayer encabezó el acto de apertura de la jornada junto a otros funcionarios provinciales y la intendenta Adriana García.
El encuentro se realizó al cumplirse el 27 aniversario de la incorporación de la Ley 23849 a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. “Hemos tomado la decisión puntual de legislar en este sentido, por eso la necesidad de generar esta jornada y socializar la temática. No queremos implementar un sistema para privar de la libertad a un número menor de adolescentes que cometen delitos sino un sistema de protección fortalecido corresponsablemente con todos los organismos involucrados en este asunto y de ese modo prevenir el conflicto con la ley penal”, explicó.