Lo que piensa hacer el gobierno para proteger el empleo es muy insuficiente

La crisis económica y financiera está provocando colosales pérdidas de empleos en el mundo. Y Argentina
no escapa a ese fenómeno, que durará todo este año y quizás más. ¿Qué hacer para enfrentarlo?
EMILIO MARÍN
Mal de muchos, consuelo de tontos. En un mes en Estados Unidos se perdieron 500.000 empleos; en diciembre, en Brasil, similar suerte corrieron 655.000 trabajadores, que en enero sumaron otros 300.000. En España la caída de economía ha puesto el desempleo al tope, como en las peores épocas recesivas, y el paro ya abarca a 3 millones de personas.
En Argentina las poco confiables estadísticas del Indec siguen ubicando el desempleo en el 7,5 por ciento. Y aunque la desconfianza en ese índice es generalizada, los economistas en general se cuidan de hacer pronósticos catastrofistas, estilo Elisa Carrió.
Pero todos ellos, y el propio gobierno nacional, que no da a conocer sus proyecciones, coinciden en que el problema es serio también aquí. Y que, en consecuencia, la tasa de desocupación tenderá a subir. El debate es a cuánto. Algunos consultores piensan que ese índice puede subir a dos dígitos, al 11 ó 12 por ciento; otros, que ven la copa medio llena predicen que la trepada no llegará a tanto, arañará el 10 por ciento sin llegar a tanto.
De todos modos, la visión optimista da una pérdida de 150.000 puestos de trabajo, y la pesimista duplica esa cifra. Cualquiera implica un futuro inmediato lamentable para esa cantidad de familias trabajadoras y por extensión a la economía nacional, que verá restringido su crecimiento, consumo e inversión. Sobre todo, verá retroceder un aspecto clave como es la tasa de actividad y, ni qué hablar, de la ponderada y siempre distante redistribución del ingreso.
Las grandes patronales, nucleadas en la Unión Industrial Argentina, han adoptado un doble discurso frente a la crisis.
Por un lado sus dirigentes dicen que sería una locura o disparate discutir aumentos salariales, pese a que en marzo vencen muchas paritarias y los gremios esperan lograr una recomposición de haberes. Según Juan Carlos Lascurain, titular de la UIA, lo máximo que sus cámaras pueden hacer es mantener el empleo. Y punto.
Pero por otro lado, esas grandes compañías no están manteniendo el empleo sino destruyéndolo, o amenazan con hacerlo hasta que logran alguna concesión del gremio respectivo y del gobierno, que termina con una parte del personal afuera o suspendida.
Paolo Rocca, dueño del grupo Techint, lo grafica perfectamente. En octubre pasado, apenas comenzada la crisis de Wall Street, informó la paralización de las obras de ampliación de un alto horno de Siderar. Implicaba la cesantía de la mayoría de los 2.400 operarios afectados a esa tarea, entre metalúrgicos y obreros de la construcción. Luego de arduas discusiones en el ministerio de Trabajo, que incluyeron 30 días de conciliación obligatoria, se llegó a un acuerdo que lesiona a la parte laboral, pues se dejan sin efecto por ahora los despidos pero el personal trabajará sólo dos semanas al mes y perderá el 22 por ciento del salario. Rocca y Luis Betnaza, ambos de Techint, son directivos de UIA, y Lascurain, opera allí como hombre del pulpo siderúrgico. ¿Dónde quedó la promesa de estos caballeros de defender la plantilla para no discutir salarios?

Profecía autocumplida.
Como la política se basa en hechos, lo rubricado en el caso Siderar por el ministro Carlos Tomada es una "luz verde" para que muchos otros empresarios fuercen acuerdos similares, que implican suspensiones y poda de salarios. Techint es el principal emporio industrial, con una facturación multinacional de varios miles de millones de dólares al año. El año pasado ocupaba, detrás de Repsol, el segundo lugar en el ranking nacional de exportadores.
Si a pesos pesados como ese se le permite suspender y recortar salarios, está claro que al resto de la patronal no le podrán oponer argumentos oficiales para que no haga lo mismo. Los peticionantes dirán a Tomada que tienen menos "espalda financiera" que Rocca, y lo peor es que tendrán razón en esa comparación.
La crisis desnuda los comportamientos políticos y empresarios. Las automotrices tuvieron un gran año en 2008, llegando al récord de 628.000 vehículos vendidos. Esto pulverizó la marca del "boom automotriz" de Carlos Menem y Domingo Cavallo, en 1994, de los 400.000 autos.
Sin embargo, a pesar de esa performance, apenas se desató la crisis en EE UU, los directivos de las multinacionales del automotor tomaron decisiones antiobreras (en rigor aplicaron las disposiciones de las casas matrices en Detroit, París, Turín, Wolfsburgo, etc.).
Hubo centenares de despidos y suspensiones en Renault, Fiat, Iveco, General Motors, Volkswagen y otras terminales, ya en noviembre, apenas comenzado el temporal en el Primer Mundo. Estornudaban allá y se resfriaban acá. Detroit decidía el achique y lo sufría la planta de cercanías de Rosario. Los franchutes del rombo tomaban las medidas y 600 fatídicos telegramas llegaban a los que marcan tarjeta en el barrio de Santa Isabel, Córdoba.
Hace unos días se supo que en enero la producción de autos había caído estrepitosamente, el 54,6 por ciento, en la comparación con mismo lapso del año anterior. ¿Acaso los directivos de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), quieren presentar ese desbarranque como síntoma de que su achique fue previsor y correcto? Si esa es la intención de la cámara presidida por el francés Dominique Maciet (Renault), el planteo no tiene la menor lógica. Es al revés.
Es la profecía autocumplida. Si el personal estuvo suspendido varias semanas, luego fue licenciado por vacaciones y al volver de éstas continuó suspendido, con jornadas laborales de sólo dos días (caso Fiat) o trabajó sólo una semana en febrero (Iveco), ¿cómo no iba a caer la producción a la mitad o menos?

¿Parches o soluciones?
Si los principales establecimientos privados despiden o suspenden a mansalva, como se vio en los ejemplos de la siderurgia y de las terminales, cabe suponer que las firmas menos concentradas estarán tentadas a seguir ese camino. Por lo pronto 100 empresas radicadas en Córdoba, un número similar en Santa Fe y otras 80 en Buenos Aires, han comenzado los trámites del "procedimiento preventivo de crisis" ante los respectivos ministerios. Es la seria advertencia de que se aprestan a reducir sus plantillas o suspender, abonando indemnizaciones inferiores a las marcadas por la ley.
Esas gestiones aparecen como la punta del iceberg, visible, mientras muchos otros establecimientos están pensando medidas similares pero aún no las han formalizado.
Los anuncios de Cristina Fernández pueden ser paliativos pero no van a servir para conjurar la crisis laboral, por sus limitaciones políticas, presupuestarias, ideológicas y compromisos personales (esto último viene a cuento de que en setiembre de 2007 fue con Néstor Kirchner a la inauguración del alto horno de Siderar, del brazo de Rocca). ¿Cosas superadas por la vida? No parece, teniendo en cuenta que el 22 de enero último estuvo en Caracas y pidió a Hugo Chávez que le pague cuanto antes la indemnización a Techint por la expropiación de Sidor.
Está muy bien que la presidenta recupere Aerolíneas y Austral, proteja los 9.000 empleos y otorgue un aumento salarial de 19,5 por ciento. Es una parte de lo que habría que hacer globalmente, recuperando las privatizadas y los servicios esenciales como la explotación petrolera, gasífera, energética, los ferrocarriles y la siderúrgica (los altos hornos privatizados en San Nicolás, hasta la década del ´90, eran de Somisa).
Tener el control de las palancas fundamentales de la economía, incluyendo la nacionalización del comercio exterior y del sistema bancario, sería la manera de asegurar no sólo el empleo sino también la producción y la soberanía nacional. Lamentablemente el gobierno está lejos de adoptar una política de ese tipo, como lo revela el sentido del viaje presidencial a Madrid y los acuerdos con los popes de Repsol, Banco Santander, Telefónica, Gas Natural y Avertis.
La insuperable limitación de los acuerdos con esta gente se advierte en lo expresado por el banquero Francisco Luzón luego de la entrevista. "Le he destacado a la presidenta -dijo- que el Santander Banco Río está muy comprometido con Argentina. En cinco años hemos incrementado el personal en trescientas personas".
¿Trescientas? Con eso no tenemos ni para empezar.