Palabras que sirven a la desinformación
Las declaraciones sobre el río Atuel que hizo el gobernador mendocino, publicadas en la edición de La Arena la semana pasada, ya superado el asombro que causaron, ofrecen dos alternativas para entender la raíz de las mismas: o el mandatario está desinformado sobre el tema o bien, directamente, falta a la verdad sin importarle una realidad que lo contradice.
Es que, al margen de la introducción de conceptos técnicos inexistentes, como la "expectativa histórica" de la escorrentía, el mandatario cuyano parece entender que el agua que en estos momentos escurre por el sur mendocino, sin llegar a La Pampa, es la que acuerda el convenio firmado en 2008, instrumento que da por sentado que debe modificar su Legislatura -y que nunca aprobó- , y que también "es intención del gobierno de La Pampa modificarlo". Esta última aseveración choca con la sostenida por la autoridad pampeana de recursos hídricos, pese a lo desfavorable que era ese convenio para nuestra provincia.
El dirigente mendocino parece confundir las obras hidráulicas realizadas en Mendoza, fundamentalmente el canal marginal del Atuel -las que sí han evitado infiltraciones- con la mitad de ese recupero, cualesquiera sea su volumen, que según estipula el convenio le corresponde a La Pampa. En este sentido, en sus poco sustentadas respuestas, el mandatario dijo una frase que debería alertar a los gobernantes pampeanos, siempre tan propensos a mantener la política de "la zanahoria y el palo". Al hablar de la inconveniencia de un nuevo juicio promovido ante la Corte Suprema -algo que evidentemente inquieta a los mendocinos- afirmó que "tampoco llega el agua para los emprendimientos que se necesitan, porque estamos hablando de agua que no es apta para el consumo humano, por lo que se utiliza para el desarrollo agrícola-ganadero". ¿Es que no dice taxativamente el convenio que la parte de agua correspondiente a La Pampa es la mitad de la recuperada evitando la infiltración?¿Qué clase de agua está respaldando con sus afirmaciones? Al momento de la firma del tratado las entidades que no estuvieron de acuerdo con la versión hicieron hincapié en la absoluta falta de especificación acerca de la calidad del agua a recibir algo que, ahora se comprueba, tenía su razón de ser.
El mandatario reactualiza viejos argumentos, ya perimidos, cuando apela al trabajo mancomunado y a la consideración de propuestas en el ámbito interjurisdiccional, idea que evoca de inmediato a la desangelada Comisión Interprovincial del Atuel Inferior, que vegetó veinte años para nada, siempre dentro de la idea de unificar esfuerzos a los que Mendoza nunca contribuyó en absoluto.
Todas las explicaciones dadas por el jefe de Estado cuyano están dentro de un marco irreal y, cuanto menos, equivocado. Además, con cierta sutileza, cuando el cronista le preguntó su opinión sobre el fallo del Tribunal Latinoamericano del Agua, evitó una respuesta concreta y solamente dijo que ese organismo no tiene jurisdicción sobre la problemática, algo más que sabido pero que no le quita peso al fallo.
En definitiva: las declaraciones del gobernador reflotan viejas justificaciones cuyanas detrás de las que se escudan claras intenciones de aquella provincia: no dar agua a La Pampa. Los pobladores del sur mendocino al menos fueron más francos y, sin tanta retórica aunque con más agresividad, hace tiempo que dijeron lo mismo.
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