Flagrante violación de la Constitución

Como el cuento de la buena pipa, parece una cuestión de nunca acabar. Otra vez, y ya se ha hecho una costumbre, volvió a tomar actualidad el tema de los funcionarios y magistrados sustitutos designados en el Poder Judicial de La Pampa, a partir de un pedido de inconstitucionalidad que presentó un abogado laboralista. Y otra vez los responsables de resolver un problema creciente prefieren hacer oídos sordos antes de encontrar soluciones acordes a lo que establece la Constitución provincial.
Si el texto constitucional prescribe que los jueces son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura, previo paso por un concurso de antecedentes y oposición a cargo del Consejo de la Magistratura, no hay otra manera de seleccionarlos. Sin embargo, los tres poderes del Estado se han encargado, de una u otra manera, de violarlo sistemáticamente en los últimos años sin ningún rubor.
La figura no es novedosa en la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero funcionarios del Ejecutivo, autoridades judiciales y diputados están entrampados en sí mismos porque ellos fueron quienes confeccionaron la norma y la pusieron en práctica a pesar de ser claramente inconstitucional.
Esa situación irregular se agrava más porque los funcionarios que deberían ser nombrados por 60 ó 90 días quedan en sus cargos durante meses o años y hasta van rotando por distintos organismos a pesar de no haber aprobado ni siquiera un examen de exigencia mínima.
Está el caso simbólico de un abogado entrado en años que nunca fue ternado por el Consejo de la Magistratura, dada su pública y notoria escasa idoneidad, y sin embargo lleva años en la Justicia porque ingresó a través del listado de sustitutos. Su gran virtud es ir adonde lo manden, sea en Santa Rosa, el oeste o el sur.
Además, viendo que la Constitución poco importa, cualquier pampeano podría pensar que si se viola un artículo bien podrían violarse otros y, de un día para el otro, incumplirse con la gratuidad educativa, con los derechos gremiales o con la presentación obligatoria de declaraciones juradas.
Hubo promesas que quedaron en palabras, proyectos legislativos que no avanzaron y pronunciamientos de entidades intermedias que no fueron escuchados. El motivo de esa pasividad es conocido: la falta de decisión política para avanzar en un problema que no aporta votos ni popularidad a los gobernantes.
Y esa falta de compromiso para producir un cambio tan necesario va acompañada por el estatus quo del Poder Judicial pampeano que prefiere transitar por aguas tranquilas sin sobresaltos ni dar explicaciones. Una prueba palpable de esa molicie, de esa falta de resolución, es la ausencia de opiniones individuales e institucionales en pleno debate sobre la reforma judicial promovida por el gobierno nacional.
Tampoco es ajeno a esa conveniente calma profunda el Poder Ejecutivo, que no envía duetos o ternas a la Cámara de Diputados para cubrir los cargos vacantes y que, indirectamente, promueve este esquema de sustitutos que fomenta las designaciones a dedo y el amiguismo y que, además, permite amordazar conciencias por la precariedad con que esos jueces están sentados en sus despachos.