Confesión en la ONU

Urgido tanto por los aires renovadores que parece haberle llevado el Papa argentino como por las presiones internacionales que recibe, el Vaticano enfrenta uno de los momentos más duros de los últimos años en uno de sus flancos más débiles y criticados: los casos de pedofilia. El Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU pidió a la Iglesia Católica diligencia por los abusos cometidos por religiosos en la primera comparecencia de la Santa Sede ante aquel organismo. La presentación y el pedido consecuente, aun en el lenguaje diplomático, han sido hechos insólitos y duros, máxime que el embajador del Vaticano ante la ONU declaró que la Santa Sede es responsable legalmente sólo de la aplicación de la convención en su territorio, donde viven 36 niños, una posición muy criticada.
Simultáneamente, en Irlanda del Norte un tribunal especial lleva adelante la mayor investigación pública desarrollada en el Reino Unido sobre abusos cometidos contra menores en instituciones de la Iglesia Católica y organismos estatales durante un lapso de más de treinta años, período que registra denuncias de casi 500 casos de abusos sexuales. Las audiencias públicas se extenderán durante los próximos 18 meses, a lo largo de los cuales se escuchará a más de 300 testigos. Las conclusiones serán presentadas al Parlamento.
El tribunal también investigará si las autoridades estatales y religiosas que estuvieron al cuidado de los menores durante más de medio siglo cometieron faltas o delitos a la hora de protegerlos. Para peor los investigadores postulan que, entre 1947 y 1956, más de un centenar de niños que habían sido abusados sufrieron una suerte de deportación a orfanatos de Australia. La idea es clarificar ante el tribunal las condiciones de vida en esas instituciones, internados y hospitales de Irlanda del Norte, muchos de ellos controlados por órdenes religiosas.
Esta histórica investigación se inició a instancias de similares llevadas a cabo en la vecina República de Irlanda, que revelaron miles de abusos sexuales, físicos y emocionales en niños desde comienzos del siglo XX, especialmente en escuelas católicas. Los tribunales también denunciaron las prácticas adoptadas por las autoridades del país y por la Iglesia Católica irlandesa para ocultar los maltratos y proteger a los religiosos pederastas.