El doble discurso de un sector

Nuevamente se da una puja soterrada, pero no por eso menos vigente, en el país. En las últimas semanas, las entidades ruralistas reclamaron medidas políticas al gobierno nacional para mejorar su rentabilidad, en tanto desde la gestión se anunciaban algunas medidas en cuanto al trigo.
En la provincia también se manifestó este reclamo, y de hecho las sociedades rurales locales están esperando una respuesta por parte del gobernador sobre la baja al impuesto inmobiliario, que aumentó para este año, y del que consideran que es muy elevado.
Esto se pudo observar a través de la solicitada firmada por las cuatro entidades que representan a los distintos sectores del campo.
Además hubo durante el fin de semana una reunión de productores agropecuarios del norte provincial que pidieron medidas ante una eventual mala cosecha. La sequía producto de la ola de calor que azota el centro del país desde hace más de un mes hizo que estuviera en peligro buena parte del trigo y el girasol sembrado. Los ruralistas hablan además de una situación financiera que viene de arrastre y culpan a las medidas tomadas tanto por el gobierno nacional como el provincial como los causantes de su presente económico.
Entre los reclamos de los productores se habló de la falta de apoyo por parte del Banco de La Pampa hacia el sector, y se basó este argumento en que esa entidad financiera ya no tiene un sentido de fomento, sino meramente comercial. Los voceros del encuentro fueron dos legisladores opositores, por lo que la protesta tiene además un trasfondo político que se debe considerar.
Este estado de cosas, no es nuevo. La oposición de los ruralistas a la política para el sector que lleva adelante el gobierno nacional es de larga data. Y el año pasado las voces de los representantes de los productores agropecuarios se levantaron en los actos de las exposiciones rurales de General Acha, General Pico, Realicó y Santa Rosa para exigir que sus intereses sean atendidos.
Por supuesto, hay un doble discurso por parte de los ruralistas. Mientras los tiempos son de bonanza, reclaman por la vigencia del libre mercado y la no intervención del Estado en el comercio de sus productos. Afirman que lo que ellos llaman injerencia estatal perturba la rentabilidad y el crecimiento. De ahí su oposición contra las retenciones impuestas a las exportaciones de la producción agropecuaria.
Por supuesto, cuando los tiempos hacen que baje su rentabilidad, y el clima es un factor que determina el éxito o no de una buena campaña más que las políticas públicas, reclaman al Estado para que subvencione las pérdidas. En momentos en que el negocio flaquea, piden la participación gubernamental para que sea "socio en la desgracia". Es entonces cuando reclaman porque la intervención estatal es deficiente o no sirve.
Ese doble discurso del sector está inscripto en su lógica mercantil y liberal en lo económico. El Estado, para ese pensamiento, tiene la función de sostener sus negocios, ya sea a través de su inexistencia, cuando las campañas son beneficiosas, o de su participación, solo cuando debe paliar sus pérdidas.
En esa concepción encontramos el porqué del enfrentamiento con un proyecto político que se basa en la intervención estatal sobre los mercados. Una relación entre gobierno y entidades ruralistas que no tiene otro horizonte que la disputa permanente por la distribución agropecuaria.