Juez Ercolini sobreseyó a los directivos de Clarín y La Nación

El juez Julián Ercolini estableció un récord difícil de igualar, aún para jueces adictos al poder económico. Tuvo cinco años la causa Papel Prensa y nunca citó a indagatoria a sus directivos. La semana pasado los sobreseyó.
EMILIO MARIN
Papel Prensa es virtualmente monopólica, por más que también esté Papel del Tucumán, porque ésta fabrica papel obra y PP papel para diarios. Tiene una historia que en parte resume la del país: fue creada por la burguesía nacional, el grupo Graiver, para luego ser apropiada por los monopolios Clarín y "La Nación". El traspaso no fue normal porque los vendedores denunciaron presiones y amenazas primero, y luego directamente haber sido secuestrados y torturados por la dictadura militar, en concomitancia con aquellos monopolios, para obligarlos a malvender.
Luego de ese cautiverio murió uno de los directivos, Jorge Rubinstein, y la viuda de Graiver, Lidia Papelo, sufrió torturas y abusos sexuales en Puesto Vasco, uno de los centros de detención del siniestro circuito Camps. Rafael Iannover, otro miembro del grupo vendedor, también estuvo secuestrado allí.
Sin embargo, pese al cúmulo de elementos acumulados en estos años y que indicaban la comisión de aquellos delitos, el 16 de diciembre pasado se conoció el fallo del juez federal n° 10, Julián Ercolini, sobreseyendo definitivamente a Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, ambos de Clarín, Bartolomé Mitre, de "Gaceta Ganadera", y otros dos imputados en la causa que se tramitaba por extorsión y persecución, en el apoderamiento de Papel Prensa como delito de lesa humanidad durante la dictadura.
Según Ercolini "ha quedado desvirtuada la hipótesis de relación cronológica, lógica y jurídica entre los compradores de las acciones de la mencionada empresa, las amenazas y extorsiones previas y los delitos de privación ilegal de la libertad y sometimiento a tormentos sufridos familiares, integrantes y allegados al Grupo Graiver".
La cronología se presta a otra interpretación muy diferente a la del magistrado. En agosto de 1976 murió David Graiver en un extraño accidente de aviación en México. A partir de allí, sabiendo de la relación comercial del banquero con Montoneros, y de las deudas de aquél -entre otras cosas para la creación de Papel Prensa- Magnetto, Mitre y Gainza Paz de La Prensa, redoblaron la presión para comprar la papelera. Y no lo hicieron con simples ofertas sino con amenazas y utilización del aparato militar al que estaban íntimamente conectados. Papaleo, esposa de Graiver, volvió al país un mes después de su fallecimiento, y recibió esa presión. En declaraciones judiciales en 2012, por ejemplo, ratificó que el traspaso de PP fue el 2 noviembre de 1976 en las oficinas de "La Nación", donde la amenazó Magnetto. Ella estaba con su hija de dos años y el socio de Clarín le dijo que vendiera la planta o morirían ella y su niña. Los ojos de Magnetto le provocaron más espanto que las miradas de sus violadores en Puesto Vasco, adonde fue a parar en abril del año siguiente.

Pésimo juez
Los medios concentrados puestos bajo la lupa de esta causa tienen para argumentar que Ercolini no fue un juez puesto a dedo por ellos sino designado por el gobierno de Néstor Kirchner con sujeción a los procedimientos legales.
De todos, con ese buen origen, el magistrado en esta causa ha actuado en forma pésima. Su fallo aduce una cuestión de cronología cuando ya en noviembre de 1976, cuando se vende PP, obviamente existía la dictadura del general Jorge R. Videla y José A. Martínez de Hoz, con el terrorismo de Estado en máxima expresión. ¿Acaso mentía Papaleo cuando reiteradamente declaró en sede judicial sobre la extorsión para que venda?
Si tenía esa sospecha contra la viuda, el juez debió tomar declaración a Magnetto, Herrera de Noble y Mitre, para contrastar sus afirmaciones con las de aquélla. No lo hizo, pese a los cinco pedidos que le formuló la Secretaría de Derechos Humanos desde 2011 hasta 2016, estando a cargo primero de Eduardo Luis Duhalde y luego de Martín Fresneda.
Esa secretaría formuló sus acusaciones en base a documentación propia y también teniendo en cuenta el informe del año 2010 de la Secretaría de Comercio, de Guillermo Moreno, titulada "Papel Prensa, La verdad".
La causa judicial, que venía de antes, tramitó desdoblada en el juzgado de Arnaldo Corazza, de La Plata, y el juzgado federal número 3 de Daniel Rafecas, hasta que por sorteo se unificó en 2011 en manos de Ercolini.
Al año 2015 acumulaba 26 cuerpos y 5.000 fojas, pero aún así el magistrado no quiso citar a indagatoria a los directivos sospechados de extorsión y persecución.
Cuando en marzo de 2015 el fiscal federal, Leonel Gómez Barbella, pidió indagatorias para imputación por los delitos mencionados, Ercolini le dijo en 24 horas que primero quería realizar una pericia contable para saber si el precio pagado era el correcto o no.
A manera de desautorización o cachetazo, en agosto de 2016 se conoció que el precio había sido vil. Los peritos de la Corte Suprema de Justicia coincidieron que Papel Prensa valía 24.2 millones de dólares y que los compradores pactaron oblar sólo 8.3 millones. A su vez la familia Graiver-Papaleo siempre declaró que nunca recibió esa suma sino solamente 27.000 dólares. De allí que se trató de un despojo liso y llano. O sea que Ercolini demoró argumentando la pericia contable y cuanto la recibió, actuó a contramano de la misma.

Ayudita de los amigos
En ese despojo conviene volver sobre el tema de la "cronología". Para Ercolini, como los secuestros en Puesto Vasco fueron en abril de 1977, no tuvieron nada que ver con la venta de la papelera cinco meses antes. Pero si se repara en que el precio pactado no había sido hecho efectivo, toma toda su dimensión el secuestro, torturas y violaciones posteriores del grupo desapoderado. Esos operativos servían para que los damnificados no abrieran la boca y se fueran del país, aquellos que iban siendo liberados, como Ianover. La pobre Lidia quedó presa. "Me amputaron seis años de mi vida y de mi vida con mi hija María Sol", denunció ante la justicia en 2012.
Papeles de la Junta Militar, descubiertos por el Ministerio de Defensa en tiempos de Cristina Fernández de Kirchner y puestos en conocimiento de la justicia por la secretaría de DD HH comprobaron la tarea sucia del general Oscar Gallino en la operación despojo.
Gallino tenía diálogo con los directivos de Clarinete y La Nación, y luego con esa información precisa interrogaba a los secuestrados en Puesto Vasco. Quiere decir que había una fuerza de tareas bien combinada entre los apropiadores civiles y sus socios militares, a los que sirvieron con obsecuencia los siete años de dictadura.
De esa sociedad no caben dudas, por los papeles y actas de la Junta. También porque esos directivos aparecieron sonrientes con el dictador Videla inaugurando la planta oficialmente en 1978 y también, sobre todo, porque fueron beneficiados con créditos de varios millones de pesos por el Banade para poner en marcha Papel Prensa.
Todos esos indicios y comprobaciones no implicaban una automática condena ni prisión para los dueños de esos monopolios de la desinformación, pero al menos ameritaban su citación a indagatoria. Sin embargo, después de tanta acumulación de elementos de prueba, tal citación no se hizo efectiva nunca, en los cinco años que Ercolini tuvo el expediente. Y el 16 de diciembre pasado sobreseyó definitivamente a esas patronales.

Los monopolios
Es imposible separar el fallo vergonzoso del magistrado de otras victorias logradas por el monopolio en estos años, sobre todo con el freno primero y la derogación de hecho más tarde de la ley de servicios de comunicación audiovisuales n° 26.522 aprobada en 2009 y nunca debidamente aplicada.
La ley y la AFSCA son prácticamente dos cadáveres insepultos por obra y gracia del macrismo, que coronó con decretos y la Enacom una obra que venía de antes, por mucha impotencia kirchnerista frente al monopolio.
Los cambios políticos y legislativos nunca permitieron tratar un proyecto de ley presentado en 2013 por Carlos Kunkel y otros diputados del FPV para expropiar el 24 por ciento del paquete accionario de Papel Prensa. En consecuencia, esa empresa estratégica sigue siendo de Clarín el 37 por ciento, "La Nación" el 22,5, Cimeco (de ambos diarios con preminencia de Clarín) el 12 y el Estado nacional el 27,5. Ese proyecto expropiatorio hubiera puesto al Estado con mayoría propia en el directorio. Quizás de ese modo se habría podido implementar partes de la ley votada en diciembre de 2011 declarando de interés público la producción y comercializacion del papel para diarios.
La oposición derechista no logró parar la ley, que el Senado aprobó por 41 votos contra 26. Uno de los perdidosos declaró: "lo que el kirchnerismo quiere es cambiar un supuesto monopolio privado por uno estatal". Era Gerardo Morales, el actual carcelero de Milagro Sala y siempre operador de los grupos concentrados de la incomunicación.
Ante el sobreseimiento dictado por Ercolini se puede pedir su juicio político y apelar el fallo. De todas maneras, por el contexto político-mediático-judicial dado en 2016 por el macrismo, aunque hoy no haya Puesto Vasco, posiblemente vayan a prevalecer los puntos de vista del monopolio, Magnetto, Gallino y el fallecido Camps.