Fuera de la ley

Algunos aspectos del funcionamiento del Poder Judicial otorgan derecho a pensar a los ciudadanos de a pie que la ley se hizo para todos los mortales menos para quienes deben velar por su cumplimiento. Es que el común de los hombres y las mujeres están obligados a cumplir con la ley por el solo hecho de vivir bajo la tutela de un Estado que regula el funcionamiento de la sociedad y exige el acatamiento a determinadas normas para que la convivencia sea posible sin que se instale la ley de la selva.
En cambio, quienes ocupan cargos en el Poder Judicial, en lugar de predicar con el ejemplo y hacer que con las obligaciones tributarias también se cumpla aquella premisa básica de la democracia de que "todos somos iguales ante la ley", hacen uso de su gran poder corporativo para esquivarla. Meses atrás, una reunión de las más altas autoridades judiciales del país convocadas por la Corte Suprema para "debatir" sobre el tema del Impuesto a las Ganancias -que grava salarios muy inferiores a los que campean en los palacios tribunalicios- finalizó sin atisbo de cambio. Sus señorías decidieron que las cosas seguirán como hasta ahora, es decir, se mantendrá ese irritante privilegio.
Ahora llega otro ejemplo, y desde nuestra provincia. Los magistrados pampeanos siguen sin presentar sus declaraciones juradas patrimoniales, una exigencia legal que deben cumplir todos los funcionarios del Estado. Al igual que con Ganancias a nivel nacional, aquí también hubo reuniones que no llegaron a nada. Nuestros togados, también en esta materia, están más allá del alcance de la ley.
Anteponer como excusa la "seguridad" para incumplir con esa exigencia resulta a todas luces inaceptable en un sistema democrático que debe promover la transparencia de los actos públicos. Todo indica que, en verdad, lo que no quieren los funcionarios del Poder Judicial es poner en evidencia sus altísimos ingresos libres de Ganancias y la acumulación de bienes suntuarios a una escala que los separa drásticamente del común de los mortales, quienes, justamente con el pago de sus impuestos, posibilitan tan desahogado nivel de vida.

Enfermos y abandonados
El Ministerio de Salud de la Nación fue acusado de desactivar el Programa Nacional de Control de las Hepatitis Virales y dejar indefensas a muchas personas que necesitan con urgencia un tratamiento muy oneroso. Dos ONGs alertaron que el gobierno dejó de comprar los medicamentos que necesitan los enfermos de hepatitis C cuyo al costo no puede afrontar la mayoría de ellos.
El tratamiento cuesta entre 750 mil y un millón y medio de pesos, por lo tanto si el Estado se retira la mayoría de los pacientes que hoy están en estado crítico -se estima que son unos quinientos- no podrán acceder a la medicación y su vida estará en peligro. Las denuncias se acumulan y coinciden: el gobierno no atienden los reclamos.
El gran negocio de la industria farmacéutica está presente en este conflicto. Un laboratorio de EE.UU. ha logrado impedir que se siga fabricando en el país un genérico para la hepatitis C que mostró alta eficiencia. La diferencia en los precios es abismal, mientras el comprimido importado se vende a mil dólares, el nacional a setenta; a pesar de que el costo de producción de cada comprimido es de unos seis dólares.
Otro dato preocupante: se estima que en todo el país existen unas 500 mil personas infectadas con el virus de la hepatitis C que no saben que están enfermas. La última compra de medicamentos por parte del Estado data del año 2015; el nuevo gobierno sólo compró una cantidad muy inferior por lo tanto el stock de medicamentos se agotó hace seis meses.
Este caso desnuda con toda crudeza cómo la presencia o ausencia del Estado puede determinar nada menos que la diferencia entre la vida y la muerte de las personas.