¿A quién le importa la gente?

Para los grandes aparatos de poder, el ciudadano dejó de ser un sujeto de derecho deliberativo para convertirse en un target de mercado electoral. No se los analiza para comprender sus necesidades insatisfechas, sino para diseñar la narrativa emotiva capaz de movilizar el voto.

SILVIO ARIAS*

En el lenguaje constitucional de las democracias representativas, el ciudadano es coronado como el soberano original, desde donde emana toda legitimidad. Sin embargo, en el devenir cotidiano de la vida pública, la experiencia social parece devolvernos una certeza sensiblemente más amarga: la de ser un espectador prescindible, un mero insumo estadístico o cliente cautivo, a quien solo se lo interpela cada dos o cuatro años para validar un proceso electoral. La pregunta que da título a esta columna de opinión, no es una provocación retórica; es el síntoma evidente de una fractura estructural entre representados y representantes. Si observamos el devenir político, social y económico de la Argentina en los últimos cincuenta años (1976-2026), el interrogante cobra la contundencia de un juicio histórico sobre la eficacia, transparencia y empatía de la política tradicional, en función social e institucional.

Ese último medio siglo argentino, sintetiza de forma dramática el proceso de erosión del pacto democrático. El quiebre de 1976 no solo inauguró la etapa más oscura en materia de derechos humanos, sino que desmontó las bases de la matriz productiva y social construida a mediados del siglo XX. Con el advenimiento de la democracia en 1983, aquella célebre premisa alfonsinista "con la democracia se come, se cura y se educa", encarnó una promesa de restitución de la dignidad popular, avasallada por el autoritarismo estatal-cívico-militar. Sin embargo, la brecha entre la retórica institucional y la materialidad de la vida cotidiana, comenzó a profundizarse con las crisis hiperinflacionarias y la posterior reestructuración neoliberal de la década de 1990 (y sus posteriores reproductores).

Durante aquel período, la privatización de bienes públicos y el alineamiento con el Consenso de Washington, desplazaron el eje de la soberanía desde los representantes del pueblo (y sus intereses), hacia los mercados e instituciones financieras multilaterales (intereses transnacionales). El Estado, concebido históricamente como garante de amparo y movilidad social ascendente, comenzó a replegarse, dejando a franjas enteras de la población en la precarización. Este divorcio entre la agenda de la dirigencia y las urgencias populares, alcanzó su clímax en la crisis sociopolítica de 2001. El clamor ciudadano del «que se vayan todos» no representó una impugnación a la democracia como sistema, sino el rechazo tajante a esa casta política percibida como autorreferencial, ineficaz e indiferente a las ruinas sociales sobre las que gobernaba y reproducía, indolentemente.

A lo largo del siglo XXI, a pesar de los ciclos de crecimiento, recomposición del gasto social o cambios en los signos ideológicos de los gobiernos, la matriz evidente de insatisfacción permaneció imperturbable. Lamentablemente, el camino hacia la profesionalización de la política, tuvo un costado negativo cuando transformó a los partidos tradicionales en burocracias endogámicas. Para los grandes aparatos de poder y sus consultores de imagen, el ciudadano dejó de ser un sujeto de derecho deliberativo, para convertirse en un target de mercado electoral. Se analiza a la población mediante focus groups, no para comprender sus privaciones estructurales o necesidades insatisfechas, sino para diseñar la narrativa emotiva o sesgo divisivo capaz de movilizar el voto. Una vez contados los votos, el vínculo transaccional concluye y las demandas populares quedan en segundo plano, frente al internismo partidario y acuerdos de cúpula.

A esta subordinación instrumental del sufragante, se le suma el lastre de la corrupción y el deterioro económico sostenido. La inflación crónica, la pérdida paulatina del poder adquisitivo y el incremento de la pobreza, no son fenómenos meteorológicos, son el resultado directo de la incapacidad o la falta de voluntad política para construir consensos de largo plazo que prioricen el desarrollo nacional, sobre las disputas de facción. Cuando los ciudadanos observan el enriquecimiento opaco de funcionarios, el clientelismo y la ineficiencia en la prestación de servicios esenciales -salud, educación y seguridad-, la inferencia lógica es desoladora: las élites administran el Estado para su propia reproducción y la de sus entornos de influencia.

La era digital y la democratización del acceso a la información, aceleraron este proceso de desencanto. Hoy contamos con una sociedad hiperinformada, impaciente y profundamente crítica, que detecta las contradicciones de la narrativa oficial en tiempo real. La opacidad con la que antes se protegía el poder, se ha vuelto inviable. Este escenario de sobredemanda no satisfecha, propició el surgimiento de expresiones de bronca social y la irrupción de liderazgos artificiales (outsiders) que prometen romper con el estatu quo, capitalizando el resentimiento acumulado contra la "casta política tradicional", generando confusión y falsas esperanzas.

En última instancia, el recorrido de la Argentina en los últimos cincuenta años, demuestra que cuando la política deja de interesarse por la gente real -de carne y hueso-, la democracia misma pierde su sentido, sustancia ética y moral. El riesgo trágico de esta desconexión que analizamos, no es solo el aumento de la abstención o la apatía ciudadana, sino la disolución misma del tejido comunitario (con todos sus valores compartidos) y la pérdida de fe en la convivencia institucional (ruptura del pacto social). Hoy recuperar la pregunta sobre a quién le importa el ciudadano y su destino, implica exigir una refundación ética y operativa de la gestión pública: una donde la transparencia no sea un eslogan oportunista, la eficacia sea la medida de la gestión y el bienestar popular vuelva a ser -de forma indiscutible- la razón de ser de un Estado democrático presente y humanizado, socialmente legitimado.

* Prof. en Ciencia Política - Afiliado PJ La Pampa