Buscando el equilibrio

La batalla entre el gobierno nacional y las provincias por los fondos coparticipables tuvo en la última semana un capítulo crucial que puede marcar una bisagra en una relación cada vez más tensa. Es que la posición sustentada desde un primer momento por el gobernador Sergio Ziliotto terminó sumando a sus pares de distintos colores políticos hasta llegar a la presentación de un proyecto de ley con amplio apoyo en el Congreso Nacional.

 

La iniciativa pone en discusión uno de los principales latiguillos esbozados desde el inicio de la gestión libertaria: el freno impuesto a toda erogación con la excusa del “equilibrio fiscal innegociable”.

 

Por eso se reavivó el debate y fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien salió a responder al reclamo. “Los gobernadores han hecho una propuesta que no podemos aceptar en aras del equilibrio fiscal”, sostuvo. “Estamos dispuestos a discutir, pero no vamos a hipotecar el orden fiscal por presiones políticas”, advirtió.

 

Ese equilibrio hace referencia a la meta de lograr que los ingresos del gobierno sean iguales a sus gastos, evitando así el déficit fiscal, enarbolado como un concepto básico para la estabilidad económica. El punto de discusión es cómo llegar a ese bendito “equilibrio”.

 

Lo que quedó claro en estos días es que ese mentado “equilibrio fiscal” se obtiene con la apropiación de recursos de las provincias y con el recorte de fondos que ajustan ingresos de trabajadores estatales nacionales, jubilados, universidades, hospitales y obras públicas.

 

Francos habla de equilibrio pero su justificación tiene una pobreza abrumadora. Parece que usara el sentido común, pero a poco de analizar las razones expuestas se cae en la cuenta que su afirmación puede ser fácilmente rebatida.

 

Confesión nacional.

 

“A confesión de partes, relevo de pruebas”, dice un viejo refrán judicial que aplica a cualquier revelación pronunciada en medio de un debate. En este caso, la discusión fue justamente sobre la coparticipación.

 

El reclamo de los gobernadores fue simple. Es que el mecanismo consiste en que los impuestos recaudados por el Estado Nacional se distribuyan entre la Nación y las provincias, con base en un acuerdo que permite financiar gastos con parte de los ingresos tributarios. En este punto, fue el ministro de Hacienda y Finanzas de La Pampa, Guido Bisterfeld, quien dio a conocer los detalles del reclamo luego de participar de una reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal junto a sus pares de otras provincias y funcionarios de Nación.

 

El ministro remarcó que Nación se mantiene en su postura de rechazar el reclamo de las provincias, porque considera que el proyecto de los gobernadores "afecta el equilibrio fiscal". El mismo latiguillo, utilizado como escudo ante todo reclamo. Y desde el gobierno nacional se animaron a agregar que ese pedido "genera un impacto fiscal que perjudica a las cuentas públicas".

 

Bisterfeld llegó a la misma conclusión a la que arriban todos los que aplican cierto sentido común, pero con el valor agregado de una admisión confirmatoria de parte de sus interlocutores. "Queda en evidencia que están logrando el superávit fiscal con fondos que pertenecen a las provincias, porque los Aportes del Tesoro Nacional son recursos de las provincias que si se distribuyen 'afectan el equilibrio fiscal'", reveló el ministro tras el cónclave.

 

"Fue un sincericidio. Están en desacuerdo con el proyecto, pero lo que ese proyecto resuelve es que los fondos de las provincias vayan a las provincias", destacó Bisterfeld, por si no quedaba claro que lo que hace Nación es lisa y llanamente una apropiación de recursos.

 

El mismo argumento.

 

Queda por pensar qué pasaría si cada argentino aplicara el mismo concepto que las autoridades nacionales. Por ejemplo, si tuviéramos el poder y el derecho de decir que no nos pueden aplicar un brutal “tarifazo” a los servicios porque ese aumento desequilibra nuestra economía doméstica. Otra opción sería dejar de pagar los resúmenes de las tarjetas de crédito para poder demostrar que tenemos capacidad de ahorro. Sería simple y fácil. Los ejemplos podrían ser innumerables, pero la cuestión es que la batalla cultural nos lleva a tener que discutir sobre los falaces argumentos que usan estos “ladrones de guante blanco”.

 

El jefe de Gabinete no le hace honor a su apellido. La franqueza no sería su mayor atributo. Mintió en el Parlamento, chicaneó a la ex presidenta y sus antecedentes en la política lo transforman en parte de la verdadera casta. Y lo peor es que cuando terminen de aprovecharse de su función, que es nada más ni nada menos que la de poner la cara para explicar lo inexplicable, lo van a descartar como a tantos otros. En ese momento, tal vez, tendrá la oportunidad de contar toda la verdad. Mientras tanto, debemos soportar que utilice evasivas y frases hechas para seguir justificando que el gobierno al que representa no reintegra los fondos apropiados a las provincias.

 

El “sinceridio” del funcionario nacional confirma que se quedan con fondos que no les corresponden para obtener el equilibrio propio pasando por encima de las necesidades de los equilibrios ajenos. Y ni siquiera se sonrojan.

 

La diferencia es que parece que los tiempos políticos comenzaron a cambiar. El humor social ya no es el mismo, los empieza a sacar de eje y los hace tambalear. Entre las crecientes movilizaciones y los reclamos de las provincias, tal vez se vean obligados a buscar un nuevo punto de equilibrio, que empiece a mostrar una balanza que recupere algo de peso para el lado del pueblo.

 

DANIEL ESPOSITO