De eso no se habla

La idea de que efectuar críticas a la conducta de un gobierno pueda derivar en una causa judicial por discriminación es sencillamente un dislate.

JOSE ALBARRACIN

En lo que representa un nuevo y preocupante signo del deterioro en la calidad institucional del país, el juez federal Daniel Rafecas acaba de dictar un procesamiento contra la diputada del Partido Obrero, Vanina Biasi, por supuesta violación a la ley anti discriminación 23.592, a raíz de una serie de "tuits" publicados en la red social X, en los que acusaba al gobierno del Estado de Israel de estar cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino. La resolución, originada en una denuncia del fiscal Carlos Stornelli, representa una grave afrenta para la libertad de expresión, como así también, para la inmunidad de la que deben gozar los legisladores -electos por el pueblo- en el cumplimiento de su mandato.

Israel.

Rafecas considera que las seis publicaciones efectuadas por Biasi sobre este tema "superan con creces los límites de la libertad de expresión", ya que por momentos comparó los actos del Estado de Israel con el Holocausto llevado adelante por la Alemania nazi. Según su criterio estas expresiones "tuvieron por posible objeto la justificación o promoción de la discriminación religiosa, alentando y/o incitando a la persecución o el odio contra un grupo de personas a causa de su religión, nacionalidad o ideas políticas".

La diputada de izquierda ahora deberá apelar este procesamiento, que claramente afecta su libertad de expresar sus opiniones políticas y su rol legislativo, y además soportará un embargo por diez millones de pesos impuesto por la misma resolución, en la que por otra parte se la amonesta por cuanto "no se le puede escapar la particular circunstancia de que nuestro país sufrió dos atentados guiados por el odio antisemita".

Se trata, como se ve, de un retorno a la notoriedad para el fiscal denunciante, que en su momento fuera procesado por participar de una maniobra de estafa en conjunto con un supuesto espía y falso abogado (hoy preso) dedicado a extorsionar a empresarios bajo la amenaza de someterlos a proceso por supuestas coimas: un expediente en el cual el fiscal se negó reiteradamente a presentarse a declarar, sin sufrir ningún tipo de sanción por esa grave inconducta.

Grosero.

El razonamiento judicial adolece, en primer lugar, de un grosero error conceptual, cual es el de identificar al gobierno del Estado de Israel -un país miembro de Naciones Unidas y sujeto a todas las obligaciones emanadas del derecho internacional- con el pueblo judío, cuyos miembros son los únicos titulares del derecho humano esencial de no sufrir discriminación arbitraria por su condición étnica o religiosa.

En lugar de traer a colación los atentados contra la Embajada de Israel o la AMIA, el juez actuante debió estudiar el real contexto de la situación en la cual se produjeron las declaraciones de la diputada Biasi. De haberse tomado ese breve trabajo, se habría enterado de que, efectivamente, pesa sobre el Estado de Israel una investigación en la Corte Penal Internacional, precisamente acusado de estar cometiendo genocidio contra el pueblo palestino que vive dentro de su territorio, acción ésta que fue presentada con serios fundamentos por Sudáfrica.

Como consecuencia de esa acción en curso, el tribunal internacional actuante ha emitido una orden de captura internacional en contra del actual primer ministro de Israel, la cual todavía no se ha hecho efectiva debido a la desobediencia expresa de los gobiernos que lo albergaron en sus viajes más recientes, el de Hungría y el de Estados Unidos.

Será ese tribunal el que -por su competencia específica para estos casos- deberá decidir si las decenas de miles de muertes producidas desde que se desatara el conflicto bélico en Gaza, en octubre de 2023, constituye o no el delito internacional de genocidio u otros supuestos de crímenes de guerra: mientras tanto, las opiniones al respecto son sólo esos, opiniones, que en el caso de los representantes populares son especialmente protegidas por la constitución nacional.

Público.

La cuestión trasunta el más urgente interés público. El mundo asiste azorado al espectáculo, en vivo y en directo, de miles de civiles, muchos de ellos niños, sometidos a las condiciones de vida más atroces, al punto tal que se ha afirmado, en base a cifras concretas, que la principal causa de mortalidad infantil en el mundo, hoy por hoy, es precisamente el gobierno de Israel.

La constitución establece expresamente la inmunidad total de los legisladores por las opiniones políticas que expresen, aún cuando éstas no sean efectuadas en el propio recinto de sesiones: por otra parte, no puede ignorarse que la red social en cuestión -que podrá merecer todo tipo de críticas en su funcionamiento, especialmente desde su adquisición por parte del magnate Elon Musk- es una de las principales arenas del debate político mundial. De hecho, hasta algunos gobiernos la usan como un verdadero boletín oficial en el que comunican sus actos de gobierno, incluida la destitución de funcionarios.

La idea de que efectuar críticas a la conducta de un gobierno pueda derivar en una causa judicial por discriminación es sencillamente un dislate. No debe olvidarse que el Estado de Israel es un notorio incumplidor serial de las resoluciones de Naciones Unidas, y que su actual jefe de estado está siendo objeto de numerosos cuestionamientos incluso dentro del propio país, tanto por las causas de corrupción que investiga la justicia local en su contra, como por su subsecuente pretensión de socavar la autoridad de los jueces que lo están investigando.

Si una diputada nacional no puede expresar libremente su parecer con relación a uno de los problemas más graves que afronta la humanidad de nuestros días -problema en el cual la postura del gobierno argentino ha sido, por decirlo suavemente, desafortunada- qué queda entonces para el resto de los ciudadanos argentinos, que asistimos diariamente a la matanza indiscriminada de civiles, de periodistas, de personal sanitario y de ayuda humanitaria.

Este procesamiento revela cuán lejos se encuentra buena parte de nuestro Poder Judicial del interés por la vigencia del derecho, tanto local como internacional. Mucho se habla de la defección de la clase política, pero es fundamentalmente a los jueces a quienes compete la defensa del orden jurídico, y eso incluye, principalmente, a los principios constitucionales, entre los cuales la libertad de expresión, la separación de poderes y la independencia de los legisladores, ocupan un rol central.