De remate

Ing. Javier Mariano García Guerrero*

Hay en los despachos oficiales un perfume rancio a liquidador de subasta, un olor dulzón a moqueta cara y a expediente cerrado con prisa. El Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025 y su secuela, el DNU 524/2025, no son más que eso: las actas notariales de un remate. Con la frialdad de quien inventaría una casa en ruinas, el Estado trasladó la naturalización de extranjeros a la oficina de Migraciones y entregó la evaluación de los postulantes a una agencia privada dependiente del Ministerio de Economía. Una estructura donde la decisión soberana queda callada, subordinada a los informes de quienes atienden los propios intereses de los compradores. Nos dicen que el consorcio AMIGO —donde orbita la firma internacional Latitude— asesora al Gobierno de manera gratuita. Pero en este ambiente de finas elegancias, nadie trabaja por nada; la gratuidad es apenas el terciopelo que cubre una ambición comercial evidente. Si no hay nada que ocultar, convendría que abrieran los cajones: que se publiquen los acuerdos, las incompatibilidades y las reglas de acceso a esa información que hoy se susurra entre cortinas.

Lo que está en juego no es un visado ni un permiso de residencia; es la ciudadanía misma. Y se ha pretendido entregar por la puerta trasera de un DNU. El artículo 99 de nuestra Constitución exige que existan circunstancias excepcionales, verdaderos incendios institucionales, para eludir al Congreso. La simple desesperación por caja no es una imposibilidad de legislar: es apuro fiscal. La tarifa ya es pública y tiene el descaro de un catálogo comercial: trescientos cincuenta mil dólares no reembolsables entregados al Tesoro, o la suscripción de un título público por ochocientos mil dólares, otorgan el pasaporte argentino con la velocidad de un trámite VIP.

Para este engranaje, cualquier ingreso de divisas es calificado de "inversión", aunque no ponga un solo ladrillo, ni levante una fábrica, ni cree un puesto de trabajo. Celebrar la entrada de billetes sin calcular los costos de control ni la logística de fiscalización resulta una contradicción flagrante con la Ley de Administración Financiera, que exige precisar de dónde saldrán los recursos para sostener semejante artificio.

Pero el verdadero peligro de vender la piel de la patria al contado estriba en el olvido de la inteligencia financiera. Vender la nacionalidad sin que la Unidad de Información Financiera hurgue en los cajones del comprador convierte a la política de captación de fondos en un peligroso pasivo de seguridad. Se cambia reputación internacional por un plato de liquidez inmediata. El resultado de semejante ligereza se paga caro en los bancos del mundo. Las entidades corresponsales globales, atentas a la mirada inquisidora de la OFAC, no tardarán en aplicar el martillo del *de-risking*: sobrecostos, transferencias congeladas y demoras interminables. Al dinamitar la trazabilidad y coquetear con las listas negras del GAFI, la promesa de bonanza se disuelve: el crédito se encarece, el inversor genuino huye asustado y el riesgo país se dispara hacia el cielo.

La arquitectura de nuestra Constitución siempre fue más elegante. El artículo 20 exige dos años de residencia continua, permitiendo acortar la espera únicamente a quienes hayan prestado servicios probados a la República. Así lo entendieron otros pueblos: Estados Unidos concedió la ciudadanía honoraria póstuma a Lafayette y a Bernardo de Gálvez por su auxilio en la gesta de la independencia, y en vida distinguió la entereza de Winston Churchill o la devoción de la Madre Teresa. Eran méritos, no transferencias bancarias. La condición de ciudadanos libres de los argentinos no se compró en una subasta a la Corona española; se pagó con la sangre de próceres y de soldados anónimos cuyo rastro se perdió en los campos de batalla. Lo sagrado de una nación no se remata.

Incluso el Preámbulo, con su prosa airosa, nos invita a "asegurar los beneficios de la libertad (...) para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino". La palabra clave es *habitar*, no *comprar*. La Argentina se erigió sobre la espalda de inmigrantes que vinieron con las manos vacías; criticar este decreto no es xenofobia, es el rechazo a la aristocracia del dinero. Los constituyentes escribieron "todos los hombres del mundo". Jamás añadieron la apostilla: "siempre que exhiban trescientos cincuenta mil dólares en la ventanilla".

Llegamos tarde, mal y con una avidez humillante a un experimento que en otros rincones del mapa ya dejó un rastro de cenizas. El programa EB-5 en los Estados Unidos exige crear empleo real y no regala la ciudadanía de forma automática; aun así, la SEC tuvo que intervenir en escándalos como el del *Chicago Convention Center*, donde se congelaron y devolvieron más de ciento cuarenta millones de dólares captados a inversores despistados. España derogó en 2025 su régimen de *Golden Visas* por asfixiar el acceso a la vivienda de sus propios ciudadanos; el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró ilegal el esquema de Malta por considerarlo una comercialización espuria del pasaporte comunitario; y la Unión Europea le quitó la exención de visado a Vanuatu por los vacíos de seguridad de sus ventas de ciudadanía.

En nuestra propia memoria nacional flota el fantasma de Monzer al Kassar, aquel traficante de armas que obtuvo la nacionalidad argentina en los años noventa mintiendo sobre sus antecedentes, y que terminó sus días en una prisión estadounidense condenado a treinta años por conspirar para armar a las FARC, amparado en la sombra de un pasaporte argentino obtenido entre complicidades y carpetas ocultas.

El Congreso debe ejercer su mandato de control y la Justicia debe examinar sin concesiones las fracturas constitucionales de este régimen. A los gobernantes les corresponde custodiar la soberanía con el mismo celo sagrado con que otros entregaron la vida por ella. El destino común no puede quedar a merced de quienes no ven en el país una comunidad de hombres libres, sino un botín tarifado al mejor postor; esos mercaderes para quienes la libertad es solo la rapidez con la que transfieren sus ganancias a un paraíso fiscal, mientras desde sus despachos acristalados le predican la austeridad a los desposeídos.

Como dejó escrito Francisco de Quevedo con amarga lucidez: “Y pues al pobre le entierra, y hace propio al forastero, poderoso caballero, es don Dinero.”

* Ciudadano Argentino por nacimiento, vocación y compromiso irrenunciable