Derecho a la resistencia

El derecho a la resistencia es la facultad de los ciudadanos de oponerse a órdenes, actos u omisiones de autoridades o particulares que violen derechos, libertades y garantías constitucionales.

 

MIGUEL RODRIGUEZ VILLAFAÑE *

 

En la reforma constitucional de 1994 SE fijó, en el artículo 36, una regulación específica, respecto de los golpes de estado que alteran el orden institucional, el sistema democrático y los derechos humanos consagrados. Estableciendo que esos actos serán insanablemente nulos.

 

Sin embargo, la vacuna institucional que se fijó manejó una cepa del virus golpista que no tuvo presente una nueva cepa y la vacuna no es eficaz, automáticamente, para actuar ante el nuevo virus que mutó, como la actual “cepa-Milei anarco-capitalista anti Estado”.

 

La Constitución Nacional exige un acto de fe y compromiso institucional a quien asuma el cargo de presidente de la Nación. Allí se establece que, al tomar posesión de su cargo, el presidente prestará juramento de “observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina”, (art. 93).

 

Sin embargo, el presidente Javier Milei ha sostenido, que siente “un profundo desprecio por el Estado” y enfáticamente manifestó que “el Estado es una asociación criminal”. Agregó que, en definitiva, “hay que entrar al sistema para dinamitar al Estado”, lo que significa destrozar la estructura estatal que regula la Constitución Nacional. Aún más, dijo que “ama ser un topo dentro del Estado que trabaja para destruirlo”.

 

Ha sostenido que “entre la mafia y el Estado prefiero a la mafia. La mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente”. O sea, Milei sostiene que su modelo son las organizaciones delictivas, corruptas o criminales.

 

También ha tratado de “ratas” a los legisladores y de “extorsionadores” a los gobernadores de las provincias.

 

En definitiva, un verdadero golpe de Estado al sistema institucional.

 

“Estado perverso y cruel”.

 

Además, luego de haberse superado la noche oscura del “Terrorismo de Estado”, Milei ha implementado ahora una lógica de un “Estado perverso y cruel”.

 

Con particular insensibilidad, el gobierno nacional lleva adelante un verdadero genocidio por goteo, en especial con los adultos mayores, los discapacitados y las infancias. A ellos se los somete a no poder acceder a la comida, a los medicamentos necesarios o a tratamientos médicos adecuados.

 

Milei, sin dar explicaciones, ni cumplir con los pasos legales necesarios, aumenta nuestra deuda y destina todo el esfuerzo argentino a pagar intereses de deudas públicas, muchas de ellas ilegítimas y usurarias; cierra organismos estatales fundamentales de diversos tipos y dice que dejará sin trabajo a más de 70.0000 mil empleados públicos.

 

También, el gobierno busca desfinanciar la salud, la educación y la política económica ha llevado al cierre de más de 22.000 empresas empleadoras en Argentina, entre noviembre de 2023 y finales de 2025, con un ritmo de casi 30 empresas por día, lo que mata la soberanía industrial y económica de nuestro país. Además, la crisis del sector privado formal provocó la pérdida de aproximadamente 400 puestos de trabajo registrados por día durante ese período, según datos analizados hasta principios de 2026.

 

A su vez, ataca a instituciones básicas de derechos humanos que regula la Constitución, como la “justicia social” diciendo que “es el cáncer del sistema”, cuando es un objetivo que tiene consagración constitucional central.

 

Autogolpe de Estado.

 

Indudablemente, que el presidente Milei usa la ley cuando le conviene y no tiene ningún reparo, día a día, en incumplirla cuando él entiende que no le conviene, en un verdadero autogolpe de Estado serial con su nuevo virus y en su calidad de topo que viene a eliminar al Estado, pero con el pueblo adentro.

 

Vivimos una institucionalidad simulada, en la que Milei gobierna contra la Constitución, entre los muchos ejemplos como lo son la cantidad de decretos de necesidad y urgencia dictados ilegalmente.

 

El presidente llegó al extremo de no aceptar las leyes dictadas por el Congreso de la Nación sobre el “Financiamiento Universitario” y la normativa de “Emergencia en Discapacidad” y las vetó en agosto de 2025. Más luego, no obstante, se rechazó por el Congreso el veto, y el gobierno llegó a decir que promulgará las iniciativas pero no les asignará recursos presupuestarios para su implementación. O sea, inconstitucionalmente para Milei, las normas que no le gustan “no se cumplen”.

 

El gobierno nacional ahora, con la mal llamada “Ley de modernización laboral”, con complicidad de determinados sectores políticos, se ha desprotegido inconstitucionalmente a la clase trabajadora y se la somete a verdaderas indignidades inaceptables.

 

No se aceptan informaciones contrarias a lo que el gobierno sostiene y agrega el presidente, cruelmente, que “no se odia lo suficiente a los periodistas”.

 

Ahora, nos implica en una guerra en Medio Oriente, sin el acuerdo del Congreso.

 

A su vez, el gobierno busca criminalizar la discrepancia, tilda de terroristas a los que protestan y el Presidente ordena al Poder Judicial resultados en determinadas causas pendientes, violando lo dispuesto por el art. 109 de la Constitución Nacional, que establece que “en ningún caso el presidente de la Nación puede... arrogarse el conocimiento de causas pendientes”. Así, en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional del año 2026, Milei -refiriéndose a la expresidenta Cristina Fernández- dijo ilegalmente: “Va a seguir presa por la causa de los cuadernos y por la causa del Memorándum con Irán”, ello frente a la presencia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

 

Derecho a la resistencia.

 

Después de la aprobación por parte del Senado de la Nación de la llamada Ley de Modernización Laboral, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) nacional, Rodolfo Aguiar, llamó a “no cumplir la ley en los sectores de trabajo”. Y agregó, que “nadie está obligado a acatar una ley que es grosera y manifiestamente inconstitucional. Que nadie espere que pidamos permiso para hacer una asamblea. La mayoría que el gobierno compró adentro en el Congreso no la tuvo afuera en la sociedad. Siete de cada diez argentinos rechazan la reforma laboral. Se trata de una norma que quita derechos y promueve la precarización, abarata el valor del trabajo e impulsa despidos masivos, además de desfinanciar de manera grave el sistema previsional. Están promoviendo políticas que atacan el corazón de la democracia. Con esta norma están haciendo oscuro el futuro de nuestra patria”, completó sus dichos el dirigente gremial estatal.

 

El derecho a la resistencia es la facultad de los ciudadanos de oponerse a órdenes, actos u omisiones de autoridades o particulares que violen derechos, libertades y garantías constitucionales e implica la “desobediencia civil” como una acción política colectiva y no violenta de resistencia. Está históricamente reconocido, con raíces en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y en nuestro art. 36 de la Constitución Nacional. Ese derecho de reacción contra la pérdida de derechos constitucionales fundamentales, es “legítima defensa”. No se vincula necesariamente con un gobierno usurpador.

 

Ejemplos valiosos de este accionar de la sociedad es la desobediencia civil de Mahatma Gandhi. Fue una estrategia de resistencia no violenta, contra el dominio colonial británico en la India, logrando movilizar masivamente al pueblo indio, sin usar la violencia. Gandhi creía en la fuerza de la verdad y la resistencia activa pero pacífica.

 

En esa senda, Martin Luther King Jr. fue un pilar del movimiento por los derechos civiles en EE. UU. (1950-60), utilizando la desobediencia civil no violenta para desafiar la segregación racial. A través de marchas, boicots y sentadas pacíficas, buscaba evidenciar la injusticia, forzar la negociación y generar conciencia social. La desobediencia no es ilegalidad, sino una forma superior de legalidad que armoniza la ley positiva con la ley moral o divina. En la Carta desde la cárcel de Birmingham (1963), defendió que la desobediencia es una obligación moral ante leyes injustas.

 

* Abogado constitucionalista y periodista de opinión.