Desvergonzada inmovilidad

Si la realidad argentina periódicamente brinda acontecimientos que invitan a considerarla con precaución, el día de hoy ofrece sobrados motivos para adoptar esa actitud. La razón es sencilla y evidente: se cumplen siete meses del intento de asesinato a la vicepresidenta de la República y siguen sin estar a la vista las raíces de lo que aparece como el hecho político más grave del último medio siglo, lapso que, por cierto, abundó en sucesos de esa clase.

Lo fundamental en el tema es: ¿Por qué no avanza la investigación? Después de la conmoción inicial que provocara el hecho –donde el azar hizo que fallara el intento, que de concretarse podría haber tenido consecuencias inimaginables— la inteligencia policial, política, periodística y popular advirtió de inmediato una serie de anormalidades en la pesquisa que pronto pasaron a ser evidencias groseras, casi todas en el campo de la investigación judicial, el área más desprestigiada y menos confiable de los tres poderes que rigen a la Nación.

Hasta hoy no hay más que la detención de unos pocos perejiles y una desvergonzada inmovilidad del Poder Judicial sobre algunas pistas muy llamativas. Ellas van desde el increíble descuido con que se manejaron pruebas para ser analizadas a nivel tecnológico, hasta la justificación del borrado de memorias telefónicas “para preservar la intimidad” de los portantes; desde el anticipo explícito en cuanto al magnicidio por parte de un legislador de la oposición, hasta la detección de importantes aportes de dinero a grupos violentos de ideario fascista que dieron muy endebles justificativos al respecto.

Para más, apenas se toma perspectiva sobre escenarios y protagonistas del intento de magnicidio, se hace evidente una relación de varias de esas pistas con el entorno macrista. Al margen de los actores directos, que alegan haber querido salvar a la República con el asesinato, hay un trasfondo de relaciones personales, de tecnología empleada, de estructura informativa que invitan a descreer de ese patriotismo torpe y paranoico. Además un mínimo análisis de los coprotagonistas, que los hay en segundo y tercer plano, revela la actuación de personalidades violentas agrupadas en células de derecha y con infraestructura muy significativa, en un caso millonariamente financiada por miembros de la familia Caputo, de donde procedía “uno de los hermanos de la vida”, según expresión del ex presidente.

Por delante de estas y otras muchas irregularidades procesales e investigativas está la jueza Capuchetti, estrechamente vinculada a Juntos por el Cambio y con un sueldo adicional al de su cargo que le paga el gobierno opositor de la ciudad de Buenos Aires. Se puede convenir que los motivos para recusarla que tuvo la querella son sólidos, sin embargo la justicia federal, consecuente con otras actitudes corporativas, negó ese derecho a la vicepresidenta.

Un sector de la sociedad (algunos partidos políticos, la corporación judicial, la prensa opositora, parte de las fuerzas de seguridad...) bregan por afirmar un criterio disparatado: el acto fue indebido pero es comprensible el accionar de los asesinos y su cadena de apoyaturas en la –presunta— actuación indebida de la vicepresidenta comprobada, según ellos, en los múltiples juicios emprendidos en su contra. La repetición de esa idea posterga a un segundo plano el núcleo de la cuestión: la articulación de una larga y sospechosa cadena de complicidades para atentar contra una muy alta autoridad de la Nación, llevada a ese puesto por el voto popular. Fallado el magnicidio, en el afianzamiento de la falsedad y repetición de esa idea, en su desgaste, postergación y olvido radica el objetivo.

Ese intento de que, en definitiva, el atentado quede impune conlleva mucho más que lo meramente episódico: apunta a la sustentación de un país de minorías, donde la razón y la justicia estén en función del poder económico y, cuando así no fuera, validar cualquier forma de eliminación del problema.