El agua es el nuevo botín

La empresa israelí que secó el río Jordán se afianza en

 

la Argentina para el proceso de creación de un mercado

 

del agua de consumo humano, productivo e industrial.

 

SUSANA LARA*

 

A diez años del proyecto frustrado en la provincia de Buenos Aires, Mekorot Israel National Water Co firmó un acuerdo con el Gobierno nacional que le permite iniciar negocios para la gestión integral de los recursos hídricos de cinco provincias. La misma empresa realiza inversiones en infraestructura de agua y salubridad por otro memorándum de entendimiento firmado el año pasado.

 

La empresa firmó un acuerdo para la gestión integral de los recursos hídricos superficiales y subterráneos con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), quien a su vez lo hizo con los gobiernos de las provincias de San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja y Río Negro. Las declaraciones de funcionarios públicos y de directivos de la empresa permiten interpretar los alcances del acuerdo de negocios plasmados en los respectivos convenios. Arancelamiento de todos los servicios de aguas, modificación de las leyes provinciales y de sus organismos de aplicación, reordenamiento total de los usos y destinos de la infraestructura existente, creación de valores económicos y financieros para establecer un costo del agua en la Argentina, nacionalización y centralización de algunos sectores del mercado, entre otros objetivos de esta gran reforma que pretende completar y perfeccionar la de los noventa.

 

En este caso, el conflicto se plantea por dos frentes. Por una parte, por el plan de negocios neoliberal para el agua dulce potable. Por otra, Mekorot es una de las empresas cuyas prácticas fueron condenadas por el Relator Especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Michael Lynk, con rol clave en el proceso calificado como apartheid contra el pueblo palestino en Gaza, Cisjordania y Jerusalén este. El último informe del Comisionado se hizo público en el 25 de marzo pasado; un mes después después, una misión argentina encabezada por el ministro del Interior, Wado de Pedro, recorrió las obras modelo de Mekorot que privan a Palestina de agua en calidad y cantidad suficiente para una vida digna.

 

En tiempos menemistas.

 

Como para empezar de cero, sin el lastre de los negociados menemistas, los funcionarios públicos insisten en hablar del acuerdo con Mekorot como reciente, de menos de dos años.

 

La Argentina e Israel firmaron en 1995 un acuerdo de cooperación comercial y económica. Uno de los antecedentes es el acuerdo del gobierno de La Pampa e Itzhak Aviran, embajador de Israel en la Argentina a partir de una gestión personal de Osvaldo Roberto Schvartzer, en su rol de presidente de la Asociación Argentina de Amigos de la Universidad de Ben Gurión. El economista estuvo involucrado en los '90 en el cobro y uso de 17 millones de pesos en concepto de ATN (aportes del tesoro nacional) cedidos por la cartera de Carlos Corach a la embajada israelí en Buenos Aires. Años después, le armó la gira de negocios por Israel a Mauricio Macri cuando era Presidente.

 

Para 2003 Jorge Sobisch, gobernador de Neuquén, avanzó con un proyecto de irrigación de 40 mil hectáreas en el que aparece el grupo de intereses que confluía en la embajada de Israel. Dos años después, le otorgó en forma directa (sin licitación ni concurso público) a la consultora The Israeli Consulting and Technological Company (ITC) el diseño de un proyecto de desarrollo agroproductivo para la zona comprendida entre Arroyito, El Chocón y Challacó. El ingeniero Ernesto Schvartzer, sobrino de Osvaldo, armó ITC, brazo técnico-comercial de la Universidad Ben Gurion, con la que ejecuta proyectos de agricultura intensiva en varios países. Hicieron pie en el Valle de Antinaco (La Rioja), Formosa, Salta -de la mano del grupo Socma (Familia Macri)-, así como en Choele Choel y el Idevi (Río Negro), con el discurso de la ampliación de la frontera agropecuaria y la incorporación de tecnología eficiente para el riego de suelos áridos.

 

Otros socios.

 

El grupo de negocios incluyó socios locales. En 2007 fructificó la alianza con la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias de la República Argentina (Fentos). Ese mismo año el gobierno de Río Negro alcanzó un acuerdo con objetivos generales similares a los de hoy. En 2008 Chubut firmó un convenio marco con la dupla gremial-empresaria cuyo desarrollo se fue licuando. Ese mismo año, el ex gobernador Daniel Scioli decretó de interés público un proyecto de saneamiento de aguas en La Plata, que no soportó los cuestionamientos técnicos y políticos y naufragó. En 2009 la empresa anunció su interés por participar del armado y emplazamiento del Polo Industrial y Tecnológico de Bariloche. Por su parte, Juan Schiaretti, actual gobernador de Córdoba y también en 2010, analizó en ese entonces la posibilidad de un acueducto entre el río Paraná y Córdoba.

 

Muchos de estos proyectos merecen revisarse en profundidad para entender un modo de acumulación de capital asociado a los Estados, los elencos locales de los partidos políticos y la burocracia sindical en el anclaje territorial del modelo neoliberal.

 

Sin divulgación pública.

 

"Queremos nacionalizar la gestión de los recursos hídricos. Tenemos un borrador en base a la experiencia de Israel, Estados Unidos y Australia, y al regreso del viaje discutiremos con los gobernadores las mejores opciones. Nuestra propuesta es que haya una sola autoridad del agua en el país", dijo De Pedro a la salida de la planta Eshkol, en abril. Participa de este proyecto Malena Galmarini, presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), con la presencia de José Luis Lingeri, integrante del directorio y nexo con las fallidas inversiones en La Plata y Bahía Blanca de hace una década.

 

Los anuncios oficiales no fueron acompañados por la documentación pública correspondiente. La única copia disponible se publicó en el Boletín Oficial después de que la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza la reclamara formalmente con una abogada. De esa copia se desprende que al menos Mendoza firmó dos acuerdos con el CFI. El 11 de agosto acordó la realización del "Plan integral para la sustentabilidad del sistema hídrico provincial" por el plazo de dos años. El 5 de septiembre el "Convenio marco de cooperación - Lineamientos técnicos, parámetros y principios de funcionamiento aplicables a la elaboración de un plan maestro para el sector hídrico de la provincia".

 

En el segundo acuerdo consta que la cooperación se inicia con la contratación por parte del CFI a la consultora Mekorot Israel National Water para definir los lineamientos técnicos, parámetros y principios de uso sostenible de los recursos hídricos y la adquisición de las capacidades necesarias para la gestión sustentable de estos.

 

Otros pocos detalles surgen de las declaraciones de otros gobiernos firmantes. Río Negro anunció que en dos meses entregará el contenido para el desarrollo del Plan Maestro local, que quedó en manos del Departamento Provincial de Agua (DPA), autoridad de aplicación del código de aguas local. La provincia hizo propio el viejo interés de Mekorot por una planta desalinizadora en Sierra Grande, opción que reflotó el desarrollo del proyecto de hidrógeno verde en Punta Colorada.

 

Impacto masivo.

 

Envuelto en los discursos del cambio climático y la transición de la matriz energética, la reforma estructural que propone el gobierno nacional para con el agua dulce potable, en acuerdo con los gobernadores de distinta extracción política, plantea un conflicto de impacto masivo y al mediano plazo. De todos modos, cuesta imaginar un futuro en que las petroleras paguen a precio de mercado el agua del fracking en Vaca Muerta, que los estancieros paguen por usar el agua sin restricciones o se cobre el derroche en piscinas de las viviendas de alta gama.

 

La guerra del agua contra Palestina.

 

Maren Mantovani, coordinadora de relaciones internacionales de la campaña palestina Stop the Wall (Paremos el muro), regresó a la Argentina por Mekorot. Había participado de la campaña de esclarecimiento "Buenos Aires, aguas turbias" por el proyecto de La Plata. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos organizaron la presencia de la activista en Esquel (Chubut), donde planteó el tema del dominio del agua para tener el control territorial en el caso de Palestina.

 

"La acción de Mekorot en Palestina es mucho más que la mercantilización del agua, es el uso estratégico del control del agua para expulsar a las comunidades de los territorios al despojarlos del recurso", argumentó Mantovani en una conversación virtual. Israel tiene centralizado el uso del agua que es exclusivo dominio estatal. En el control estatal del recurso, Mekorot es la única empresa del sector, brazo técnico de la estrategia de gobierno para con Palestina.

 

En los reclamos internacionales, consta que extrae una cantidad de agua de los territorios palestinos ocupados que excede la regla de usufructo de las Regulaciones de La Haya y, por lo tanto, viola el derecho internacional humanitario (DIH). Israel prohíbe totalmente a los palestinos abrir nuevos pozos; al mismo tiempo, Mekorot perfora al lado sus pozos más profundos para los asentamientos israelíes de forma ilimitada, mientras restringe el suministro de agua para las comunidades palestinas en la misma región. Estas prácticas empresarias son violatorias de numerosos pactos internacionales.

 

"Como Sudáfrica y Namibia, Israel comete el delito de apartheid", sintetizó Mantovani. En ese sentido, en su informe en la sesión 49 del Consejo de Derechos Humanos, el relator especial Lynk advirtió sobre "la transición de un estado de ocupación -que ya supone un desafío al derecho internacional-, a convertirse en un régimen de apartheid asumido por el gobierno israelí. Su prohibición incluso constituye una norma imperativa del derecho internacional".

 

(Extractado de El Cohete a la Luna)(SL)