El cuestionamiento de los abogados

Finalmente el Colegio de Abogados de La Pampa presentó un documento ante el Tribunal Superior de Justicia en el que expuso un minucioso listado de cuestionamientos a los procesos penales que se inician por denuncias de violencia de género. De tal modo, la entidad cumplió con un reclamo que formulara el Colegio de Magistrados semanas atrás cuando, al contestar declaraciones de varios abogados de nuestro medio, demandara que se utilizaran los "mecanismos institucionales". Además de recoger el guante, los abogados profundizaron su planteo pues en el texto se adentraron en detalles que, inicialmente, apenas se habían mencionado cuando media docena de ellos salieron públicamente a dar a conocer sus planteos. El documento fue elaborado en un plenario que organizó el Colegio lo cual muestra a las claras la preocupación que reina entre los profesionales del derecho de nuestra provincia.

El texto comienza advirtiendo que las críticas no implican desconocer la perspectiva de género sino cuestiones de procedimiento que afectan "las garantías constitucionales de las personas sometidas a una instancia penal". Entre los múltiples señalamientos el documento menciona la falta de equilibrio entre la estructura y los recursos con que cuenta el Ministerio Público Fiscal que son "ampliamente superiores" a los de las defensas, por tal motivo formalizaron la propuesta de crear un Ministerio Público de la Defensa. También cuestionaron el desempeño de los jueces de control que "no cumplen con el rol" asignado por el Código de Procedimientos; de los jueces de juicio por no tener en cuenta "el beneficio de la duda y la presunción de inocencia"; a los magistrados del Tribunal de Impugnación Penal por no realizar "un debido contralor sobre las valoraciones probatorias" y, por último, a los miembros de STJ porque con frecuencia rechazan recursos de casación y federales lo cual implica una "limitación al acceso a la justicia para la defensa".

El sistema de las pericias psicológicas también mereció críticas de los abogados, en especial la forma en que se realizan los procedimientos a través de la Cámara Gesell. Al tiempo que reclamaron que se permita la participación de peritos de parte, además de los oficiales, señalaron que no siempre están debidamente diferenciados los campos de las conclusiones psicológicas de los de las valoraciones fácticas.

No es la primera vez que el Colegio de Abogados presenta ante el Poder Judicial su parecer sobre el funcionamiento de los tribunales. Lo ha hecho antes aunque no se recuerda que por causa de un tema que, como este, viene generando inquietud y hasta reacciones públicas en virtud de algunos casos emblemáticos como el de los docentes de 25 de Mayo, la muerte de Lucio Dupuy, la movilización en Colonia Barón por una condena cuestionada o la reciente denuncia por maltrato infantil a un niño de cuatro años.

Desde otro medio se ha pretendido ver en esta reacción de los abogados penalistas un "lobby contra la perspectiva de género" e incluso se ha acusado a este diario de promoverlo. En buena hora que surjan otras miradas sobre un tema tan relevante, de tanto interés público y que viene generando polémica sobre el accionar del Poder Judicial. Pero sería deseable que además de acusaciones con profusión de adjetivos se presentaran argumentaciones, del mismo modo que lo hicieron los abogados penalistas, primero al salir públicamente a plantear el problema y más tarde con un extenso y detallado documento con sus observaciones y críticas.

Se insiste una vez más, no es la perspectiva de género la que está en cuestión sino la forma en que se desarrollan algunos procesos penales. Si el derecho es una ciencia, su aplicación debe descansar sobre bases científicas sólidas y no solo sobre conjeturas o testimonios. Es lo que, con otras palabras, están diciendo los abogados pampeanos.