El custodio infiel

La Constitución prevé un remedio para poner en caja a su custodio infiel, el Poder Judicial. Se llama "intervención" y es facultad de los otros dos poderes del Estado. La vigencia de la democracia está en juego, y los representantes del pueblo harían bien en honrar las responsabilidades con las que han sido ungidos.

 

JOSE ALBARRACIN

 

Cuando en enero de 2015 se planteó una denuncia penal con relación al "Memorándum de entendimiento" entre Argentina e Irán –que procuraba avanzar en las investigaciones del atentado terrorista contra la sede de AMIA en 1994— la causa fue desestimada al mes siguiente por inexistencia de delito. De hecho, el memorándum en cuestión nunca había entrado en vigencia, ya que no fue ratificado por el parlamento iraní. Y, por otra parte, desde un primer momento se supo que el supuesto delito de encubrimiento nunca se cometió, ya que las "circulares rojas" de Interpol que ordenaban la detención de funcionarios iraníes acusados por el atentado, nunca fueron dejadas sin efecto, ni existió un requerimiento al respecto por parte del gobierno argentino.

 

Imputados.

 

La historia posterior es bastante conocida. Un cambio en los vientos políticos del país motivó la reapertura de la causa, que estuvo tramitándose durante años hasta que en octubre de 2021 el Tribunal Oral Federal 8 decretó la nulidad de la causa, en resolución que hoy está recurrida.

 

Sin embargo, lo que interesa en este análisis es comprobar a quiénes se imputó en esa investigación: la ex presidenta, su canciller, y otras nueve personas, incluyendo un diputado y un dirigente social. Es llamativo ese "corte" en la imputación, ya que, como es sabido, un tratado internacional es un acto complejo, que incluye no sólo la firma por parte de los diplomáticos de ambas naciones, sino sobre todo su posterior ratificación parlamentaria por parte de los Estados intervinientes. Y en este caso, fue precisamente ése (la negativa legislativa iraní) el motivo por el cual el tratado no se perfeccionó ni entró jamás en vigencia.

 

Pero el Congreso argentino sí ratificó el tratado: en el Senado –con enfática defensa del senador Miguel Pichetto— por 39 votos a favor y 31 en contra; y en Diputados, por 131 votos a favor y 113 en contra. Esos legisladores, que prestaron su voluntad para perfeccionar ese "acto complejo", fueron al menos partícipes necesarios (en realidad, coautores) del acto que se investigó penalmente.

 

Excluirlos de la investigación habrá resultado un alivio para algunos de ellos, pero en los hechos, esa exclusión representó ignorar la importancia institucional del Congreso, y sus facultades constitucionales en materia de política exterior.

 

Vialidad.

 

En la sonada causa "Vialidad" cuya sentencia se conoció el martes, pasó algo parecido. El centro de la investigación allí no fue la existencia de supuestas irregularidades en las licitaciones por obras viales en la provincia de Santa Cruz –en cuyo caso la competencia para investigar le hubiera correspondido a los jueces de aquella jurisdicción— sino la existencia de una supuesta "administración fraudulenta" de fondos públicos nacionales.

 

Tampoco aquí nos vamos a extender sobre los avatares de esa causa, y sus múltiples irregularidades en materia de prueba y procedimiento. Lo que interesa para este análisis es señalar que, aún cuando la asignación de fondos federales a las provincias (momento en el que, según la imputación, se produjo el delito) debe necesariamente ser convalidada por el Congreso a través de la Ley de Presupuesto, ningún legislador fue incluido en la causa.

 

También es la Constitución la que se encarga de regular que la disposición de fondos del erario público corra por cuenta de los funcionarios electos tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo (ciertamente, no del Judicial). Sin embargo, y pese a que también aquí los diputados y senadores fueron, al menos, "partícipes necesarios" de las erogaciones supuestamente irregulares, no sufrieron imputación alguna.

 

La idea de que un acto del poder público pueda incurrir en lo delictual, luego de que el mismo ha sido ratificado por los legisladores representantes del pueblo y las provincias, constitucionalmente habilitados a tal fin, aparece a las claras como un despropósito.

 

Consejo.

 

A todo esto, se está por cumplir un año del fallo de la Corte Suprema nacional que decretó la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley que regula el Consejo de la Magistratura, y le ordenó al Congreso que dictara una nueva ley dentro de un plazo perentorio de 120 días.

 

Curiosa resolución, si se tiene en cuenta que la ley ahora invalidada –la número 26.080— llevaba quince años de pacífica vigencia. Más aún, si se tiene en cuenta que en el mismo fallo la Corte devolvía validez y operatividad a otra ley anterior, la número 24.937, que el Congreso había derogado explícitamente, en ejercicio de sus facultades constitucionales. Con ello, la Corte asumía facultades legislativas, que por la Constitución le están expresamente prohibidas.

 

El resultado está a la vista: lo que la Corte operó con esta sentencia fue una maniobra de cooptación, por la cual tomó el control –y hasta se autoadjudicó la presidencia— de un órgano que, constitucionalmente, está destinado precisamente al control de Poder Judicial y sus integrantes. Con lo cual ahora están en el doble rol de controlantes y controlados: de ambos lados del mostrador.

 

Si ello no fuera suficientemente grave, podrá advertirse aquí, una vez más, un patrón de conducta: la actitud de desdén, de menosprecio, de avasallamiento de las facultades que el Poder Legislativo tiene otorgadas por la Carta Magna. Todo ello, de parte del Poder Judicial, que es precisamente el órgano encargado de custodiar y garantizar la vigencia y la inviolabilidad de la Constitución.

 

Desde luego, es la propia Constitución la que prevé un remedio para poner en caja a este custodio infiel. Se llama "intervención" y es facultad de los otros dos poderes del Estado. La vigencia de la república y de la democracia está en juego, y los representantes del pueblo harían bien en honrar las responsabilidades con las que han sido ungidos. Antes que sea demasiado tarde.