El doble discurso de la derecha

Axel Kiciloff pasó a disponibilidad a 24 policías, acusados de realizar actividades políticas incompatibles con su función, utilizando recursos del Estado a favor del candidato de La Libertad Avanza.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

En medio de la campaña electoral, rumbo a los comicios en la provincia de Buenos Aires, el ministro de Seguridad Javier Alonso, anunció la desarticulación de una banda de policías que realizaban actividades proselitistas, para favorecer al candidato de La Libertad Avanza en ese distrito, el ex comisario Maximiliano Bondarenko.

 

Complotados.Además de desplegar tareas incompatibles con su función, también se los acusa de complotar para intentar deponer a la actual conducción policial e imponer otra más favorable al gobierno de Javier Milei. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, salió con los botines de punta a defender a estos policías, y a denunciar una “persecución” del gobierno de Kicillof. Para Bullrich el gobernador “odia a la policía y defiende a los delincuentes”

 

Según escribió Alberto Moya en El Cohete a la Luna, (27/07/2025), el oficial de más alto rango de ese grupo es el comisario mayor Ignacio Ortiz Valenzuela, quien ya había sido desafectado en una de las depuraciones de Carlos Arslanian, en 2005, y se recicló dentro de la fuerza dos años después, dentro de la Policía Ecológica, durante la gobernación de Daniel Scioli.

 

El grupo está integrado por comisarios inspectores, comisarios y altos oficiales que vienen de una larga carrera en la provincia de Buenos Aires, durante las sucesivas gobernaciones peronistas de Felipe Solá y Daniel Scioli, siguieron con Cambiemos (María Eugenia Vidal) y ahora con Kicillof.

 

“Con la nuestra”.

 

Los 24 implicados en el supuesto complot no están despedidos, sino “apartados” de la fuerza, por lo que seguirán cobrando sus remuneraciones. Se los acusa de “inconducta disciplinaria”, por haber “obtenido y facilitado información de su actividad policial a terceros ajenos a la institución para ser usados con fines político-partidarios, contrariando las prohibiciones estatuidas”.

 

Se habría comprobado que utilizaban oficinas y elementos del Estado para brindar apoyo y asesoramiento en proyectos políticos al candidato de La Libertad Avanza en la tercera sección electoral, el ex comisario Bondarenko.

 

Este policía, que en su momento pidió el retiro de la fuerza para incursionar en la política, fue elegido concejal en 2017 en Florencio Varela, representando a Juntos por el Cambio y luego en 2021 se pasó a las filas del radicalismo de Facundo Manes. Ahora, vuelve a cambiar de camiseta política y se presenta como candidato de LLA, reclutado por Sebastián Pareja, el principal armador político de Karina Milei.

 

Para su campaña electoral, Bondarenko contaba con la inestimable colaboración de estos policías que le diseñaban su estrategia de campaña, le brindaban información sensible y hasta le habían ofrecido financiamiento. Todo con la “nuestra”.

 

Doble discurso.Esta maniobra ilegal efectuada con recursos del Estado, nos muestra la hipocresía del discurso libertario, cuando escuchamos a diario los discursos de odio del presidente Milei, despotricando contra toda política pública, en particular si se trata de atender los derechos de las personas más vulnerables (adultas mayores, con discapacidad, mujeres y diversidades, infancias, etc.). Sin embargo, a la hora de utilizar los recursos del Estado para sus campañas políticas, no tienen ningún prurito. La casta al palo!

 

Mano dura.Del accionar de esta banda, al servicio de la campaña del candidato Bondarenko, surge con claridad el discurso central del oficialismo: la “seguridad”, entendida desde un ángulo represivo. Por ello, sus propuestas son el endurecimiento de las penas, disminución de la edad de imputabilidad, más cárceles, “mano dura” policial, etc.; todo lo que sabe hacer muy bien la policía bonaerense, incluidos los numerosos casos de “gatillo fácil” que todos los años cuantifica la Correpi, al presentar su informe.

 

En lugar de atacar las causas que pueden explicar el incremento de los delitos, así como de la violencia urbana, en particular en el segmento juvenil, que es el que padece con mayor rigor las consecuencias de la pobreza y la marginación social, la solución que promueven los libertarios es mayor represión y un discurso de odio hacia los sectores más vulnerables, hacia el kirchnerismo, el peronismo y la izquierda, tal como lo hace cotidianamente el diputado José Luis Espert, alias “cárcel o bala”.

 

Okupas.En el medio de este caso, se descubrió que Bondarenko y Ortiz Valenzuela, viven en terrenos ocupados, adonde construyeron sus casas, incluyendo piscina y cancha de fútbol. Fue en ese lugar donde se realizó el famoso asado, que luego fue motivo de la denuncia que originó la sanción contra los oficiales complotados.

 

En el colmo de la hipocresía, la misma policía bonaerense que reprime con saña para desalojar a las familias que ocupan terrenos porque no tienen acceso a una vivienda, como sucediera en Guernica, en 2020, tiene en sus filas a altos oficiales que aprovechan sus cargos para ocupar ilegalmente los lotes adonde viven. La prueba que acredita ese accionar irregular es que ambos policías iniciaron los juicios de usucapión, en los cuales se ofrecieron como “testigos cruzados”, cada uno en la causa del otro. Para ello, declararon ocupar esos terrenos en fechas falsas, como surge de la investigación de Raúl Kollman (Página 12, 03/08/2025).

 

La Bonaerense.La banda de los comisarios bonaerenses es un nuevo episodio de una serie que no es de ficción, sino una cruda realidad que padecen millones de personas en la provincia donde vive el cuarenta por ciento de la población argentina. El delito organizado, las mafias, el narcotráfico, la corrupción administrativa, etc., son los verdaderos problemas que ningún gobierno atacó de raíz, aún con algunos buenos intentos como fue el de la gestión del ministro Arslanian. Sin embargo, los mismos oficiales exonerados en ese período fueron rápidamente reciclados y volvieron a la fuerza, como el comisario Ortiz Valenzuela.

 

Y este problema atravesó todas las gestiones, desde la radical en la post dictadura, las peronistas de Cafiero, Duhalde, Solá, Scioli, hasta la del macrismo con el “hada buena” Vidal.

 

El actual gobierno de Kicillof tampoco está exento de responsabilidad, pues tuvo como ministro de Seguridad en el período 2019-2023 a Sergio Berni, el militar que se ufanaba ante las cámaras durante la represión en Guernica, ordenaba el desalojo de obreros que cortaban la Panamericana, etc, pero no tuvo el mismo ímpetu para erradicar la corrupción, los vínculos con las mafias y el “gatillo fácil” en las filas policiales.