El gobierno pone primera, la CGT duerme

Por Irina Santesteban

 

La andanada antiobrera del gobierno pseudo libertario comenzó el 10 de diciembre de 2023, y una de sus primeras medidas fue rebajar a Secretaría el ex Ministerio de Trabajo, bajo la órbita de Capital Humano, de la leal Sandra Petovello, la ministra que le negó alimentos a los comedores populares, mientras los productos se pudrían en los galpones del gobierno.

 

En marzo de 2024 designó en esa Secretaría a Julio Cordero, ex CEO de Techint y el Consejo Directivo de la UIA. O sea, quien debe negociar aumentos salariales, paritarias y convenios colectivos con los sindicatos es un empresario y no pequeño ni mediano, sino que proviene del grupo monopólico con sede en Luxemburgo.

 

Congreso “amigo”

 

El triunfo en las pasadas legislativas le da a Milei un Congreso más “amigable” aunque no del todo controlado. Pero si antes pudo aprobar la Ley Bases y otras leyes de ajuste, con el voto de la oposición “dialoguista”, salvo que haya una fuerte resistencia popular, el escenario no se presenta favorable para el pueblo trabajador.

 

El plan oficial es tratar las reformas laboral y previsional en sesiones extraordinarias, incluso en diciembre, aunque este mes suele ser esquivo para planes de ajuste y más propicio para conflictos sociales.

 

Aunque no hay un texto oficial, se sabe que la pretensión es reflotar el nefasto DNU 70/2023, cuyo capítulo laboral fue frenado por fallos judiciales, las normas que no lograron aprobación de la ley Bases y los proyectos ya presentados en Diputados por Romina Diez e impresentables como Lilia Lemoine, Bertie Benegas Lynch, o los narco diputados José Luis Espert y Lorena Villaverde.

 

Reforma antiobrera.

 

Los puntos salientes serían la extensión de la jornada laboral de 8 horas actuales a 12 horas, respetando un descanso ¡de solo 12 horas! Mientras en los países desarrollados se reduce la jornada laboral e incluso los días laborales de la semana, en Argentina, el afán explotador de los empresarios no tiene límites.

 

Esta modificación incluiría un “banco de horas” que eliminaría las horas extras, a las que recurren las empresas para no contratar nuevo personal y también los trabajadores, a quienes no les alcanza el sueldo.

 

El ministro de Desregulación Federico Sturzenegger negó este aspecto de la reforma, pero se sabe que no es una persona de fiar cuando de derechos laborales se trata.

 

Otras medidas que incluiría esta reforma sería el fraccionamiento de las vacaciones, según lo disponga la patronal; el pago de indemnizaciones en cuotas y “fondos de cese”, formado con descuentos a los propios trabajadores, con lo que se llegaría al absurdo de que serían los propios empleados quienes abonarían su despido.

 

Volverían los pagos “en especie”, como almuerzos, refrigerios, cenas o bonos o vouchers para cubrir parte de los salarios. Algo así como las libretas de los trabajadores rurales del siglo pasado, aunque en muchos establecimientos yerbateros o rurales de varias provincias argentinas, esas formas de explotación laboral nunca fueron eliminadas.

 

A pedido del empresariado, se intentaría eliminar la “ultraactividad” de los Convenios Colectivos, o sea la imposibilidad de modificar sus cláusulas si no hay acuerdo con el sindicato. También hay que reconocer que hubo dirigencias burocráticas que pactaron esas modificaciones a la baja de los convenios, en épocas del menemismo y en gobiernos posteriores también, perjudicando a quienes deberían defender.

 

La reforma apunta no solo contra derechos laborales adquiridos luego de décadas de luchas obreras, sino también a la capacidad de acción colectiva de las organizaciones sindicales. Ya en la ley Bases había normas destinadas a impedir bloqueos y otras protestas que obstaculizaran “el normal funcionamiento de las empresas”. Ello atenta contra la esencia del derecho de huelga, reconocido en la Constitución Nacional, ya que toda medida de acción sindical tiende a impedir, obstaculizar o frenar la producción o el servicio, para presionar a las patronales a negociar y también para dejar en evidencia quiénes son los que trabajan/producen/hacen andar una empresa u oficina.

 

CGT sin respuesta.

 

La principal central obrera eligió una nueva conducción, con tres triunviros poco conocidos, pero que no representan ningún cambio importante en su perfil conciliador. Así como no le hicieron ningún paro al gobierno del Frente de Todos, ni siquiera después de la firma del Acuerdo con el FMI (en marzo de 2022), tampoco se plantaron como se esperaba, ante el “ajuste más grande de la historia de la humanidad”, del cual se jacta Milei.

 

Pareciera ser más una “lavada de cara” que un cambio de rumbo en la estrategia sindical, en un momento de grave crisis social que afecta a la clase trabajadora. Permanece el ex informante de la dictadura Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, representante ante la OIT y miembro del Consejo de Mayo, junto al gobierno y los empresarios.

 

En La Plata, el gobernador Axel Kiciloff le cambió el nombre a la calle 36, adonde está la sede de la CGT La Plata – Berisso – Ensenada, y le puso “José Ignacio Rucci”, el burócrata de la CGT que tan bien enfrentó Agustín Tosco en el famoso debate que tuvieron ambos dirigentes previo a las elecciones de marzo de 1973.

 

El 5 de noviembre se cumplieron 50 años de la muerte de Tosco, sindicalista cordobés clave en fuertes luchas que protagonizó el movimiento obrero en los años ‘60 y ‘70.

 

Como parte de la resistencia que viene despuntando desde abajo, aún incipiente, días después de ese acto de Kiciloff, manos anónimas renombraron a esa calle como “Agustín Tosco” y en el cartel colocaron un código QR que dirige a un enlace de Youtube, donde puede verse el debate Tosco – Rucci. Todo muy digital pero como decía el personaje de El Eternauta: “Lo viejo también sirve”.

 

Trabajadores pobres.

 

Cada vez más trabajadores registrados caen bajo la línea de pobreza, y mucho peor la pasa el 42 por ciento de los informalizados, con peores salarios y menos derechos. La situación va a empeorar, porque no es eliminando derechos laborales como se va a crear empleo ni habrá aumentos salariales. Solo se trata de darle más privilegios a los grandes empresarios, para que se “la lleven en pala”, como hace Marcos Galperin, beneficiario de 360 millones de dólares del Estado en los últimos cinco años, mientras que a los profesionales y demás personal del hospital Garrahan, la docencia universitaria, los jubilados, las personas con discapacidad, etc., se les dice “no hay plata”.

 

Lo peor de todo es que hay un 40 por ciento que apoya ese proyecto, aún cuando muchos de esos votantes, van a ser (y ya lo están siendo) perjudicados con esas políticas.